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La posición del Gobierno al sostener la vieja fórmula del índice de precios al consumidor (IPC), puso en discusión la confianza que requieren las estadísticas públicas y, por ende, los datos de la inflación, que dependen de la legitimidad social. La respuesta inmediata fue el alza del riesgo país y el descenso de los bonos argentinos.
Los “números públicos” (Claudia Daniel) deben ser colocados fuera de todas dudas. La Argentina ha conocido situaciones extremas de manipulación de las estadísticas públicas (por ejemplo, con Guillermo Moreno), utilizadas como instrumentos políticos. Quizá sea necesario continuar reflexionando sobre los fundamentos de la legitimidad.
La historia de la inflación en nuestro país ha estado muy vinculada a la historia de la moneda. La inflación tiene que ver tanto con el dinero como con la convivencia social. El orden monetario, como el político, encuentran en la confianza social su principio de legitimidad.
La confianza es el cemento de la estructura institucional de un Estado, sin el cual las paredes se derrumban. Es un factor cultural primordial en la edificación del mundo de la democracia y la moneda. La confianza en la moneda implica una relación social colectiva, es una ley invisible de las relaciones sociales. La moneda, según Jürgen Habermas, junto al Estado y la solidaridad, es un elemento de cohesión social y, naturalmente, fuente de seguridad.
La moneda se puede analizar, entonces, desde un enfoque puramente económico, y hasta abstracto o, desde una visión político-social (sin ser un economista), como elemento esencial de la sociedad.
Hay también en esta perspectiva una apreciación de la dimensión simbólica de la moneda, en la que algunos autores se valen de los aportes de Georg Simmel, que cuestiona el estudio exclusivamente económico. En tanto símbolo de la cohesión del grupo, la moneda es la herramienta más adecuada para estimar su valor. Es un símbolo abstracto de cuantificación y medida, y una parte central del imaginario social (Filosofía del dinero).
La moneda no es sólo –a diferencia de como la entiende el pensamiento económico fiscalista, monetarista- el producto de un proceso vinculado con el intercambio mercantil, sino que es fundamentalmente una institución social. Cumple un servicio público.
Es un bien común esencial para la organización de la vida colectiva, que permite pensar económicamente el vínculo social y demostrar las capacidades institucionalizantes de la moneda (hiperinflación 1989, crisis 2002). Es, a la vez, un bien público y un bien privado.
La deslegitimación de la moneda, la alta inflación y el déficit fiscal convivieron durante mucho tiempo en nuestra sociedad. El resultado, también por otros motivos, ha sido un orden colectivo en permanente emergencia, orden que se vale de poderes excepcionales que se concentran en el poder ejecutivo. Lo hemos visto desde 1989 hasta la actualidad.
En la Argentina de hoy vemos las dificultades que tiene la acción del Estado, con un brutal ajuste, para restaurar la confianza en la moneda y terminar con la “tiranía” del dólar o de la vieja secuencia devaluación/inflación. El problema, como se sabe, es que la mala moneda quema las manos.
Las medidas económicas asociadas exclusivamente a la política fiscal y a la política monetaria consiguen frenar la inflación creando recesión, desempleo, bajos ingresos. Si la inflación amenaza, las políticas monetaria y financiera no deberían situarse por encima de la estabilidad democrática.
La Argentina inflacionaria -desde la segunda guerra mundial (Juan Llach)- que reconoce, por tanto, viejos antecedentes, posee una cultura inflacionaria difícil de revocar solo con medidas fiscales y monetarias. La cultura es un término con muchos significados. La inflacionaria se puede tomar como acciones y sentimientos fuertemente arraigados de protección y defensa de bienes, ingresos, rentas, frente a la inestabilidad de la moneda, y el déficit de capacidad de gobierno.
La cultura inflacionaria opera en la práctica con desconfianza, con dudas, se toma su tiempo. Un buen ejemplo: cuando José Luis Machinea (primer ministro de Economía del gobierno de la Alianza) aseguró en agosto de 1997 que se respetaría la convertibilidad, en ese momento la Alianza se convirtió en una verdadera opción de poder. La estabilidad de la moneda era un valor fundamental que los argentinos no querían arriesgar con propuestas o soluciones que evocaran incertidumbre.
La arquitectura de la Argentina inflacionaria, que implica la hegemonía del dólar (moneda de ahorro y transacción, a pesar de las altas tasa de interés), ha quedado muy marcada en la memoria de la población por los efectos nocivos de la hiperinflación y por los períodos prolongados de alta inflación.
La legitimidad de la moneda significa creer en la autoridad de su valor, que genera estabilidad y produce certidumbre. Lo que está en la base de la inestabilidad monetaria es la variación de los ritmos de inflación. Todavía el dólar sigue siendo la moneda internacional dominante, sin que sea la única.
Hoy, Milei trata de estabilizar el valor del peso con respecto al dólar con un sistema de fluctuación entre bandas (criticado por reconocidos economistas). Es sabido, la Argentina presenta tasas de cambio muy volátiles y también reservas muy fluctuantes, que requieren de intervención.
En resumen, la relación entre moneda y orden político está poblada de señales mutuas (incluida la moneda digital); cabe, pues, a los gobernantes de turno comprender su historia, aventar las sospechas de inestabilidad, y erradicar la sensación de una moneda sin valor. El afianzamiento de la democracia depende, en buen parte, de la construcción de una moneda estable.
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