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Los tiempos que corren exhiben una creciente y peculiar teatralización de la política. Si el ejercicio del poder siempre supuso una dosis significativa de escenificación del conflicto —a través de rituales, discursos y gestos—, en el presente esa dimensión no solo persiste, sino que se intensifica y adopta formas cada vez más extremas.
La mentira sistemática, el insulto, la deslealtad institucional, la ausencia de límites normativos, el grotesco y el delirio se han vuelto componentes habituales del paisaje político, aun cuando sigan coexistiendo, de manera cada vez más opacada, actitudes y prácticas que encarnan sus facetas opuestas. El contrapunto sigue existiendo, pero la visión negativa parece imponerse como dominante.
En los últimos años se ha configurado un marco de situaciones enfrentadas en el que el comportamiento de los actores políticos adquiere un carácter ejemplarizante evidente.
La consigna de “predicar con el ejemplo”, tantas veces invocada como principio rector de la acción pública, rara vez es efectivamente observada. Por el contrario, los liderazgos contemporáneos tienden a reproducir dinámicas que degradan el debate democrático y erosionan los fundamentos de la convivencia institucional.
La revolución digital ha sido un factor decisivo en este proceso. Las transformaciones en las formas de comunicación han alterado profundamente la relación entre continente y contenido, tal como la pensara Niklas Luhmann.
Los actores políticos disponen hoy de canales autónomos, inmediatos y de alcance potencialmente universal para dirigirse a las masas, sin mediaciones ni filtros.
Al mismo tiempo, amplios sectores de la ciudadanía consumen de manera voraz información fragmentada, de duración mínima y sin verificación de fuentes ni contraste de relatos.
Esta combinación resulta perversa: distorsiona el orden político, trivializa el conflicto y convierte lo exhibido —más que lo argumentado— en el principal criterio de legitimación.
Los ejemplos de esta deriva se acumulan y su digestión se vuelve cada vez más ardua. En diciembre, el vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, electo en un binomio encabezado por Rodrigo Paz, se autoproclamó “oposición constructiva” al gobierno.
Se trata de un caso paradigmático de deslealtad constitucional que vulnera el carácter indivisible del mandato conferido por la ciudadanía y coloca los intereses personales por encima del compromiso institucional asumido en las urnas.
En Centroamérica, Nayib Bukele inauguró un proyecto de prisión de máxima seguridad en Costa Rica a menos de tres semanas de las elecciones presidenciales de ese país, en un contexto atravesado por la preocupación social frente al aumento del crimen organizado.
El modelo penitenciario salvadoreño, basado en el CECOT, es presentado como una solución eficaz y exportable, imponiendo un discurso hegemónico del miedo y de la supuesta eficiencia autoritaria, sostenido por una estrategia de comunicación cuidadosamente diseñada.
Estados Unidos no es ajeno a esta lógica. Donald Trump, tras ridiculizar públicamente al presidente francés mediante una burda imitación de su acento, afirmó sin vacilaciones que su único límite es “su moralidad”.
Una declaración que anula los contrapesos del poder y desecha la articulación entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad reivindicada por Max Weber. En contraste, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, ha defendido la primacía de lo público frente a la arbitrariedad presidencial, posición que hoy es objeto de ataques sistemáticos.
El escenario internacional refuerza este clima de descomposición. Antes de la agresión del 3 de enero que derivó en el secuestro de Nicolás Maduro y la muerte de alrededor de un centenar de personas, el Pentágono llevó a cabo un ataque encubierto contra una embarcación supuestamente vinculada al narcotráfico, utilizando una aeronave camuflada como civil.
Este tipo de operaciones, calificadas como perfidia, constituyen crímenes de guerra y profundizan la erosión del ya debilitado orden jurídico internacional.
En Venezuela, una encuesta de The Economist reflejó el amplio rechazo social a la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, pese al respaldo explícito de Trump.
La opinión pública ha sido desestimada por la propia dirigente, al tiempo que María Corina Machado, desairada por el expresidente estadounidense, se sumó a un gesto político tan innecesario como vergonzante. Este encadenamiento de actos, palabras y silencios configura una pedagogía negativa del poder que alimenta la desconfianza social y pavimenta un nuevo orden de subordinación.
Frente a este panorama, algunas voces aún intentan ofrecer un contrapeso. Las palabras del primer ministro canadiense, Mark Carney, en el último Foro de Davos, al asumir una oposición moral y política al trumpismo, recuerdan que incluso en tiempos de teatralización extrema todavía es posible disputar el sentido del ejemplo en la esfera pública.
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