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Cuando las fichitas de la economía argentina comenzaron a alinearse con un escenario internacional que, aunque convulsionado, resulta favorable para los países emergentes, Javier Milei soprendió al mercado con un anuncio: Argentina no tiene planeado volver a colocar deuda internacional, al menos en el corto plazo.
Si bien el mandatario y su equipo explicaron la hoja de ruta por la que el país conseguiría los fondos para pagar los US$ 12.000 millones que vencen este año, que van desde privatizaciones hasta nuevos acuerdos con entidades financieras, tipo REPO, en la City advierten que el Gobierno está frente a una ventana de oportunidad que debería ser aprovechada.
El "menú de opciones" que detalló el Presidente semanas atrás implica una compleja estrategia financiera, que combina los efectos del déficit cero con la escasez de bonos soberanos argentinos dentro del mercado y la venta de activos del Estado.
Gustavo Araujo, jefe de research de Criteria, explicó: "En lo que resta de 2026 Argentina enfrenta vencimientos relevantes en dólares, tanto con bonistas privados (Globales y Bonares por US$ 4.402 millones y Bopreales por US$ 2.308 millones), como con el FMI (US$ 4.400 millones) y otros organismos internacionales (US$ 4.887 millones). El desafío no es menor: el calendario concentra pagos significativos de capital e intereses en moneda extranjera, en un contexto donde el acceso pleno al mercado aún no está completamente normalizado".
"Más que una discusión teórica sobre capacidad de pago, el mercado seguirá muy de cerca la forma concreta en que el Gobierno decida afrontarlos: vía reservas, roll over, financiamiento multilateral o alguna combinación de instrumentos", sumó Araujo quien destacó: "Es positivo observar que finalmente se ha iniciado un proceso de acumulación de reservas y que, desde octubre de 2025, el riesgo país ha mostrado una reducción sostenida. La prueba será la ejecución: la forma en que se estructuran y efectivizan esos pagos será determinante para consolidar la credibilidad".
En el equipo de Research de Puente no descartaron, ante la consulta de Clarín, que estos elementos ayuden a una baja mayor del riesgo país, en la zona de los 500 puntos actualmente, y desemboquen en una colocación de deuda internacional.
"El Gobierno enfrenta en lo que queda del año US$ 12 mil millones en moneda dura, dividido casi en partes iguales entre bonos, organismos multilaterales y el FMI. Creemos que los vencimientos los va a cubrir refinanciando con multilaterales, incluyendo la toma de crédito en términos netos, con desembolsos propios del FMI, alguna entrada de dólares por privatizaciones, y tomando pesos del mercado local para comprarle dólares al BCRA y cumplir con estos servicios", apuntaron.
Aunque el Gobierno retomó con fuerza su agenda de venta de bienes del Estado, con la intención de concretarlos antes del segundo semestre, en la Ctiy reconocen que los fondos con los que podría capitalizarse por estas ventas "no alcanzan" para hacer frente a los distintos vencimientos.
En la última semana el Gobierno comenzó el llamado a licitación pública para la concesión de más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales. Mientras tanto, siguen abiertas las convocatorias para otros tramos de rutas nacionales. La Hidrovía y la venta de acciones del Estado en Transener. Belgrano Cargas, Aysa y Nucleoeléctrica Argentina completan la lista de bienes de los que podría prescindir el Estado.
Para Araujo, esta privatizaciones no son suficientes "pero sí necesarias". "La liquidación de activos del Estado puede aportar dólares, mejorar el perfil de vencimientos y reforzar la señal de compromiso con el orden fiscal. En el corto plazo, sirve como herramienta financiera y política: reduce necesidades de mercado y muestra voluntad de racionalizar el balance público", señaló.
Sin embargo, advirtó: "Se trata de un recurso finito. No puede reemplazar un esquema macroeconómico sostenible basado en superávit fiscal persistente, crecimiento y acceso normalizado al financiamiento. Vender activos mejora el flujo hoy, pero no resuelve estructuralmente el problema de solvencia si no hay consistencia en ingresos, gasto y reglas claras".
Luego de una exitosa colocación de deuda de Ecuador, esta semana República Dominicana consiguió financiarse en el mercado internacional con la emisión de dos bonos por hasta US$ 2.700 millones. El riesgo país (EMBI) de la nación caribeña está cercano a los 160 puntos, uno de los más bajos de su historia reciente.
Estas colocaciones, sumados a un boom de flujos de inversores a acciones y bonos de la región, podrían ser una ventana de oportunidad ideal para que Argentina vuelva a salir a los mercados. Aunque tanto para la City como para el Gobierno "todavía falta".
"No descartamos que el Gobierno intente una colocación en el mercado internacional más adelante durante el año si considera adecuadas las condiciones", afirmaron en Puente.
En este punto coincidió el economista Martín Polo, de Cohen, que afirmó que "un escenario virtuoso" para Argentina incluiría una vuelta a los mercados de deuda este año: "En julio hay vencimientos muy fuertes y sería ideal no llegar con la soga al cuello como pasó en enero. Si bien el mercado nunca dudó de la capacidad de pago de Argentina, la tensión sobre la fecha de los vencimientos genera cierto ruido. Por eso creo que, cuando el riesgo país se ubique por debajo de los 400 puntos, el Gobierno debería comenzar a testear el apetito del mercado".
El riesgo país pasó de la zona de los 1080 puntos en la previa de las elecciones legislativas de octubre a la de los 500 puntos esta semana. Un nivel menor a los 400 puntos daria margen para colocar nueva deuda o refinanciar vencimientos actuales con una mejor tasa, lo que mejoraría el perfil de todos sus bonos.
Pilar Tavella, de Balanz, explicó: "El gobierno tiene tiempo para esperar condiciones todavía mas favorables para acceder al mercado. Dado que esperamos que el Banco Central continuará acumulando reservas y que las tasas de interés internacionales caigan, creemos que el gobierno podría acceder a tasas más bajas para hacer una operación de pasivos más adelante en el año".
"Alternativamente, si el gobierno consiguiera otras fuentes de financiamiento a menor tasa para repagar los bonos, esto podría ser favorable para el riesgo país, pero hay que tener en cuenta el perfil de vencimientos y el estatus del nuevo acreedor. Es decir, que eso podría funcionar siempre y cuando la nueva deuda, probablemente con prioridad de pago por sobre los bonos, sea de mayor plazo que la deuda con bonistas", sumó Tavella.
Para Araujo, las declaraciones de Milei, apuntan a una "deliberada señal de fortaleza". "El Gobierno podría estar transmitiendo que, dado el superávit fiscal sostenido, el programa macro no depende del financiamiento externo ni de condiciones transitorias del mercado. Emitir en el primer momento positivo podría interpretarse como necesidad de dólares o urgencia fiscal", dijo y añadió:"En cambio, esperar refuerza la narrativa de equilibrio genuino, autonomía financiera y acumulación de reservas sin deuda nueva. La lógica es clara: cuando eventualmente se use esa opción, se buscará que sea leída como una decisión estratégica y no como una imposición del contexto".
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