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Víctima de la carnavalada de lunes y martes, el gobierno aprieta el acelerador para convertir en ley en Diputados el proyecto de reforma laboral que aprobó el Senado. La cámara tiene que respetar los diez días desde la llegada de la letra final para que pueda tratarlo el recinto. Es una semana corta que multiplicará ausencias. Peligra la idea de que Javier Milei pueda agitar en el discurso de apertura del 1° de marzo una bandera victoriosa. Ese fue el propósito del énfasis que le puso el oficialismo a la aprobación de la iniciativa.
Cuando se le pregunta al gobierno qué buscan con el proyecto laboral y el de edad penal, responden que necesitan mostrar a los inversores y a los analistas de riesgo un mensaje de sustentabilidad política. Es la forma que han imaginado para ahuyentar los fantasmas que acosan a todos los gobiernos débiles cuando comienzan la segunda etapa de gestión. Ese examen lo reprobaron ya otros gobiernos débiles, como los de Mauricio Macri y Alberto Fernández.
No se trata de ganar o no la elección legislativa de medio término. Se trata de exhibir fortaleza para venderle futuro al público en los años del pato rengo que preceden al final del mandato. Lo percibe el gobierno que regaló todo lo que le pedían con tal de mostrar alguna victoria en cualquier batalla. La conveniencia se impuso por sobre la ideología. Su debilidad no le permite aparecer derrotado en nada. Un drama en la política, un oficio en donde la derrota es un tópico inevitable. Y difícil, cuando la principal emergencia de la Argentina es la debilidad de su gobierno.
El propósito proselitista de los dos proyectos ha sido el motor principal de las dos iniciativas que logró aprobar el oficialismo con un porcentaje de votos que en el Senado parece reproducir el resultado electoral del 26 de octubre: 42% a 30% en la reforma laboral. En Diputados, la diferencia fue de 149 a 100 para la baja de la edad.
La puja representó la extrema polarización entre la alianza no peronista, que suman La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y sectores independientes y federales, y el pejotismo: ninguna de las dos votaciones tuvo abstenciones. La polarización extrema sigue caracterizando este round de la política criolla. Hubo legisladores que en los dos debates caminaron por la cornisa de la abstención, pero al final nadie lo hizo. Sí hubo 13 abstenciones cuando se trató en particular la cláusula de financiamiento del nuevo sistema penal, sin lo cual es difícil que bajar la edad sirva para algo. Ese lote de abstencionistas es toda una hoja de ruta política: lo integraron Maxi Ferraro (Coalición), que logró cambios decisivos en el proyecto, Pichetto, Schiaretti, Lousteau, Gisela Scaglia, y otros integrantes del bloque Provincias Unidas.
La reforma laboral y la baja de edad no interesan como proyectos en sí mismos. Ni cambian el mundo del trabajo ni la seguridad en la Argentina; son ejercicios de fidelización del gobierno para no dejar suelto el voto del medio - el 42% que tuvo Cambiemos - porque sabe que es la clave de un proyecto electoral para 2027. Eso es lo que significa este torneo veraniego.
El objetivo es impedir que peronistas y no peronistas sueltos queden a merced de las consignas del cristinismo y el axelismo de Buenos Aires, que han pasado la prueba de fuerza, también de forma exitosa, de la unidad. En la elección 2025, el PJ retuvo la provincia de Buenos Aires en la elección local y empató la elección general, que el peronismo siempre perdió desde los años ‘80.
La fragilidad de esa unidad se probó en la votación del acuerdo Mercosur-UE en Diputados. El bloque de UP votó dividido, 46 a favor y 38 en contra con 4 abstenciones. Quedaron en minoría en un proyecto que tuvo una mayoría abrumadora sobre el total: 203 votos a favor. Juntos por la necesidad, pero desorientados sobre el rumbo. Lo ilustraron Santigo Cafiero y Agustín Rossi con posiciones encontradas – los dos fueron ministros del gabinete de Alberto.
Mauricio Macri pidió el apoyo a esta reforma laboral, como los caciques de otras fuerzas políticas, entre ellos Elisa Carrió (“la reforma laboral tiene que salir de una vez por todas, pero no va a solucionar el problema del empleo”). Ha prometido que el PRO va a presentar candidatos propios y amarillos en todos los distritos del país, incluyendo un candidato presidencial. Lo vamos a hacer para obligarlo a Milei a sentarse a negociar con nosotros, dijo a quienes convoca de su partido, para participar de la aventura.
Con esa postulación espera no sólo negociar sino condicionar la relación con el gobierno de LLA. O acordamos, o los condicionamos, o sólo haremos daño. Sabe que, si el arco del voto moderado que hoy expresa Milei se divide, perderá competitividad ante el peronismo que ha resistido desde 2019 todas las pruebas de unidad.
En el bloque de Diputados, Ritondo representa hoy a Macri en esa relación intensa. El capítulo que viene revelará hasta dónde extenderá Macri la tensión. No es imaginable que llegue a romper con Milei, pero el clima que crea prepara una ruptura si es necesaria en el caso de que la gestión de Milei colapse. En política los amigos te acompañan hasta el helicóptero, pero no suben con vos.
Esos recelos afloraron con unas declaraciones ácidas de Cristian Ritondo sobre el tratamiento exprés de la reforma laboral que llegó del Senado. Puso en duda la aprobación a libro cerrado y anunció que revisarán el capítulo donde se prohíbe a las billeteras virtuales pagar salarios. Esa facultad estaba en el dictamen oficial, pero fue retirada a pedido de los bancos, hoy dueños de ese negocio. Ritondo desautorizó a Bullrich cuando dijo: “Vamos a solicitar en la agenda de cambios que se vuelva a incluir, como lo planteamos inicialmente, que las billeteras virtuales y los bancos digitales puedan percibir los sueldos. Tu libertad de trabajo es tu libertad con tu plata. Vos con tu plata hacés lo que querés, es tu sueldo, no es el sueldo del Estado ni de ninguna empresa que pueda decidir”. ¿Y Patricia?, le preguntaron. Retrucó: “Bullrich está en el Senado, nosotros estamos en Diputados. Nosotros acá hablamos con Martín Menem, no nos impone nada Patricia Bullrich”. Chapeó con Martín Menem, que es Milei; y Milei es billetera virtual, tanto o más que Macri. Va a ser divertido.
El resultado de las votaciones en Diputados y Senado ha sido un exitoso ensayo general, con vestuario y luces (como dicen en el teatro Colón) de la unidad del arco que representa el voto moderado. Fue el espectro que expresaba entre 2015 y 2023 la coalición de Juntos por el Cambio o Cambiemos. Desde el balotaje de 2023 ese electorado, que suma alrededor del 40% o 42% de los votos, ha respaldado al actual gobierno. Están convencidos que ellos permitieron que Milei sea presidente. Ese resultado se ratificó el 26 de octubre en las elecciones legislativas.
La primera manifestación del deslizamiento ha sido la exaltación de dirigentes del PRO (o que lo fueron de esa formación) a la conducción diaria de la economía (Caputo, Sturzenegger, Bausili) y a altos cargos del gabinete, como el Ministerio del Interior en manos de Santilli. Bullrich y el Colorado representaron al gobierno en la desfiguración del proyecto laboral hasta lograr un formato potable para los bloques amigos. De esa saga participa la diputada exradical Silvana Giudici, hoy en el bloque LLA, que conduce las sesiones en Diputados con cabeceos propios de una mesa de póker hacia Martín Menem, que sigue sus señales con obediencia y mansedumbre.
El internismo que separa a los mileístas extremos gana también a los aliados del PRO, que han tomado un protagonismo que parece ganarle a los leales del presidente. Las negociaciones en el Senado en materia laboral fueron conducidas por Patricia Bullrich y Diego Santilli, con la intervención de funcionarios de la Casa de Gobierno, que en momentos complicó, con mensajes contradictorios, los cambios que pidieron los aliados para que la reforma fuera votada. Esos funcionarios cambiaban según la materia; para alguna aparecía la secretaria de Legales de la Presidencia, María Ibarzábal, bancada por su mandante, Santiago Caputo; para otras Federico Sturzenegger y en menos ocasiones el secretario de Trabajo, Julio Cordero.
En ese maratón de negociaciones el dictamen original fue desfigurado con cambios que se impusieron desde la oposición amigable como la única posibilidad de aprobación. Se cayó la baja de ganancias, se postergó el recorte a la industria del cine para 2028, se le dio un año de sobrevida al estatuto del periodista, y los sindicatos salvaron la cuota solidaria como también las cámaras empresarias. No era lo que quería el gobierno, que confió en la baja de ganancias para hacer una reforma fiscal; sólo se salvó el fondo FAL para asistir indemnizaciones desde la ANSES. Era un proyecto de sale o sale, como en el loto.
El gobierno apuró antes del fin de semana la comunicación del texto final del proyecto a Diputados. La velocidad en el trámite se justifica por la necesidad triunfalista. El dictamen final que trató el Senado llegó por mail a los legisladores de la cámara a las 7:30 AM del miércoles. A las 11:00 estaba citada la sesión. El texto final negociado en los pasillos y en secreto, a espaldas del público y del resto de los legisladores, les llegó en papel poco antes de la votación en particular. Ni en los tiempos de las sesiones remotas del año de la peste se había llegado a tamaño extremo de legislar a ciegas
El gobierno pretende que Diputados dictamine el proyecto laboral el 19 de febrero y lo sancione antes del 28 de febrero. La amenaza de Ritondo hace peligrar la sanción a libro cerrado. Si hay cambios, vuelve al Senado. También habrá un dictamen alternativo de la oposición. Nicolás Massot prepara una moción para impedir la creación del FAL (fondo de despidos con plata del Anses) o que en todo caso lo fondeen los empresarios. También para que el pago de indemnizaciones incluya vacaciones y aguinaldo, y entre otros cambios, que no se paguen indemnizaciones en cuotas.
La oposición peronista del Senado no elaboró un dictamen en minoría y acaso debilitó así su rechazo al proyecto. En Diputados habrá un dictamen alternativo para abrirle la oportunidad a la oposición de dar una batalla. Massot integra junto a Pichetto, otro crítico del proyecto laboral, el interbloque Provincias Unidas, que sumó en la semana a Juan Schiaretti.
En el debate laboral del Senado una de las novedades ha sido el rol central que tuvo el bloque de la UCR, que junta 10 legisladores decisivos para el oficialismo a la hora de lograr el quórum. Ese bloque consiguió los cambios que protegen los intereses de los gobernadores. Manejó el semáforo que habían heredado del exsenador Víctor Zimmermann, en donde se reseñaban las reformas que podían ser aprobadas por los senadores, las que se podían negociar (señaladas con amarillo) y las que no podían pasar (marcadas en rojo).
En un momento de extrema debilidad del partido, esta nueva centralidad del radicalismo abre un capítulo con expectativas de recuperación. El legado de los liderazgos de Rodrigo de Loredo y Martín Lousteau en las dos cámaras llevó al partido a una división y un debilitamiento de su fuerza casi terminal, que manifestó en las últimas elecciones.
En el Senado los 10 de la UCR son ahora clave para lo que quiera hacer el gobierno, ante todo en la formación del quórum. Tener 10 votando lo mismo es, en estas circunstancias, clave y decisivo. Todavía no está claro si ese grupo está para más y por encima de los intereses caciquiles. El PRO tiene apenas 3 senadores y los federales, cuyos principales referentes son Alejandra Vigo y Camau Espínola, aspiran a llegar a los siete legisladores del interbloque que integran.
Con un oficialismo que depende de la demografía del PRO y la UCR en las dos cámaras del Congreso y en el gabinete, cabe preguntarse de nuevo sobre la propiedad del gobierno. ¿Es Milei el que se llevó a Cambiemos o lo que queda de Cambiemos se ha quedado con el gobierno? Que el año haya comenzado con dos proyectos que están en el ADN de esa coalición desde antes que Milei existiera, como la reforma laboral y la baja de la edad penal, hace inevitable pedir la escritura de propiedad del oficialismo.
Desde su banca el senador Gerardo Zamora caracterizó la ley de baja de la edad como una legge manifesto, como dicen los italianos. Son normas legislativas que, más que reglamentar alguna materia, en realidad buscan proclamar la posición ideológica de un gobierno o de un partido ante sus electores. Se ha usado para describir con ese término leyes raciales del gobierno de Mussolini en Italia. Esta es una tendencia —describió Zamora— “que se está dando en muchas democracias actuales de gobiernos que impulsan estas leyes que parecen haberse generalizado. Las llaman democracias débiles cuando tienen esa tendencia de impulsar leyes complejas, auto contradictorias y, fundamentalmente, nacidas de gabinetes tecnocráticos”.
Miguel Pichetto caracterizó la baja de la edad como una norma que no tiene que ver mucho con el objeto de que persigue. “Siempre que aparece un gobierno no peronista —recordó este legislador, que es el más experimentado de las dos cámaras— aparece la reforma laboral, aparecen los economistas que hablan de reformas estructurales. Son medidas de impacto. La incorporación de jóvenes al delito, que tampoco tomando los porcentajes es tan alta, no llega al 2%. Y dentro de lo que es Latinoamérica, Argentina sigue siendo uno de los países con mayores niveles de seguridad. Son medidas de efecto que sirven para el lucimiento de determinados senadores o exministras donde no están conformes con 14 años, quisieran 13 o 12, o tal vez 10, porque eso las coloca más a la derecha, las pone en un lugar donde el facilismo discursivo satisface a algunos sectores”.
La caracterización de Zamora ahondó la polarización entre oficialismo y oposición, el otro objetivo buscado por el oficialismo. Cuando se aprobó el proyecto, el gobierno se entregó al festejo como si hubieran ganado el mundial. Algo parecido había ocurrido en la madrugada del mismo jueves, pero en el Senado. Cuando se aprobó la reforma laboral, el oficialismo se entregó a besos y abrazos.
Esa efusividad la quiso centralizar Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores que se atribuye esa victoria. Llegó, según observaron los cronistas parlamentarios, a pedirle a los senadores de su bancada que fueran enfáticos y que no abandonaran el recinto. Pudo ser para que se registraran imágenes de un clip que mandó a distribuir minutos después con imágenes de su protagonismo en la sesión. Ese clip pudo despertar recelos en otros protagonistas de la jornada del gobierno, que miran con preocupación cómo Patricia busca sacar provecho proselitista de una tarea que creen que es colectiva, o que sólo pueden facturar los punteros de la Casa Rosada.
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