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Termina la que fue tal vez la mejor semana legislativa para el oficialismo desde que Javier Milei llegó a la Presidencia de la Nación.
El Senado votó una reforma laboral con modificaciones muy profundas de las normas que regulan el mercado formal del trabajo en la Argentina, que recorta beneficios a los trabajadores que llevan décadas de vigencia, que recoge reclamos que ya se habían convertido en clásicos de la comunicación empresarial, pero que mantiene buena parte del financiamiento a las estructuras sindicales.
Fue una victoria política redonda del bloque de Patricia Bullrich, porque los libertarios lograron más votos que los que necesitaban para aprobar el proyecto, y porque la votación mostró que el peronismo está aislado del resto del sistema político.
Muchos dirigentes peronistas, especialmente los que se ven a sí mismos con posibilidades de competir en la próxima elección presidencial, pueden considerar que esa situación los pone en ventaja, porque los deja casi solos frente a Milei. Sin embargo, esa mirada esconde que el peronismo acaba de sufrir una derrota sin atenuantes y que no consiguió defender una idea que consideraba central para su propio electorado y parte de sus tradiciones más arraigadas.
En Diputados fueron dos los proyectos que el oficialismo hizo avanzar: un nuevo régimen penal juvenil que baja la edad de imputabilidad a los 14 años y el aval al acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.
En este último caso se puede detectar otra novedad, porque el peronismo no quedó aislado como ocurrió en el Senado, ya que votó dividido. De los 91 miembros de la bancada de Unión por la Patria, 48 votaron a favor del acuerdo, 39 se opusieron, 4 se abstuvieron y hubo otros cuatro ausentes. Un detalle más, que se preocuparon por difundir diputados que responden a Sergio Massa, es que el núcleo de 39 derrotados lo componen, sobre todo, los legisladores kirchneristas de la provincia de Buenos Aires. “El kirchnerismo fue derrotado ahí por el peronismo del interior y el Frente Renovador”, dijo un massista con las planillas de la votación en la mano.
El Gobierno no esperaba comenzar 2026 con ese panorama, pero la paliza que consiguió darle a la oposición en la elección del año pasado terminó precipitando la disolución de opciones opositores intermedias que en el arranque de la gestión Milei aparecían más fuertes y también el deterioro de un peronismo que no consigue consolidar una jefatura distinta a la de Cristina Kirchner, que tiene una jubilación electoral obligada por la Justicia.
No fueron todas defecciones peronistas: La Libertad Avanza también mostró una organización que no había exhibido en otras ocasiones. Para empezar, Karina Milei y Santiago Caputo jugaron -hasta donde se sabe- alineados para negociar con gobernadores, sindicalistas, senadores y diputados que les proporcionaron los apoyos que necesitaban. Además, el Presidente habilitó rápidamente las concesiones que les permitieron ampliar la base de apoyo.
Hasta no hace mucho, funcionarios determinantes de la Casa Rosada imaginaban un escenario post electoral con un Presidente fortalecido pero todavía dependiente de los Decretos para poder gobernar.
Hoy la situación parece completamente distinta, aunque Milei no cede en su vocación por asumir facultades legislativas.
Un relevamiento de la Universidad Austral que se difundió esta semana detectó que desde que terminó el período de sesiones ordinarias del Congreso de 2025, el Presidente firmó once Decretos de Necesidad y Urgencia. Entre ellos está la muy criticada modificación de la Ley de Inteligencia y cambios en los subsidios al gas natural, dos cuestiones que claramente podían esperar al regreso de la actividad del Congreso.
Para mostrar la relevancia de la cantidad de DNU en un período tan corto, la Universidad Austral consigna que en todo 2025 se promulgaron trece leyes votadas por el Congreso. Otro detalle: en 2025 el Presidente vetó cuatro leyes.
Aunque es muy cuestionable desde el punto de vista institucional, esa dedicación del Presidente a la materia legislativa -que nunca mostró en su paso por el Congreso- fue tomada por los mercados financieros como una prueba de que Milei estaba decidido a impulsar cambios radicales en la economía, incluso a riesgo de vulnerar la división de poderes que instaló la Constitución. Para muchos sectores de la economía, y acaso también para muchos ciudadanos, esa decisión fue una de las principales virtudes del jefe libertario.
Hoy Milei está en condiciones de reemplazar su lapicera con iniciativas en el Congreso, que suelen tener más estabilidad legal que los decretos.
Nadie sabe si eso le alcanzará para terminar de erradicar la desconfianza que aún mantienen los inversores internacionales, que con dos años cumplidos de gobierno libertario no se deciden a arriesgar su dinero en el país en cantidades que permitan una reactivación franca de la economía.
Hasta ahora, si bien se frenó la caída, no se ven indicios de que la actividad pueda recuperarse de manera visible para que la población obtenga pruebas de que existe algo más que una esperanza de mejora.
Es cierto que el precio del dólar quieto, o en descenso, siempre les da a los argentinos una sensación de estabilidad que incluso alcanza para apuntalar lo que Pablo Gerchunoff llamó las coaliciones políticas del dólar retrasado.
Los funcionarios de Economía insisten con la promesa de que, en algún momento, esos dólares comprados por los ahorristas a precio conveniente saldrán de los colchones para financiar la reactivación. El nuevo blanqueo tiene ese objetivo.
El Presidente tendrá dos citas en las próximas semanas en Estados Unidos. La primera será la Semana Argentina, destinada a seducir inversores. La otra es un encuentro que organiza la Casa Blanca para mostrar el alineamiento de los presidentes de la derecha latinoamericana con Donald Trump. Milei aún no confirmó su presencia allí, pero en el Gobierno nadie la pone en duda.
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