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Este artículo ya se ha escrito millones de veces. Pero la testarudez, cuando no la simple estupidez, del ser humano nos obliga a escribirlo una vez más.
Desde Prometeo encadenado de Esquilo en el siglo V a. C., hasta 1984 de George Orwell, o los sistemas de propaganda de varios regímenes del siglo XXI, como los de Chávez y Maduro, Bukele, Kirchner o Fujimori, la historia demuestra que cuando los gobiernos se consideran árbitros entre la verdad y la mentira, el resultado es siempre malo.
El anuncio en Argentina de crear una Oficina de Respuesta Oficial para “desmentir activamente la mentira” se inscribe en esa tradición. No se trata de negar la existencia de información falsa. Se trata de preguntarse si corresponde al Estado asumir la función de determinar qué es verdadero y qué es falso en el espacio público. No es la típica censura directa. Se trata de algo más sutil y más peligroso: la institucionalización de un aparato estatal destinado a calificar, corregir y etiquetar el discurso ajeno.
Todo gobierno democrático tiene derecho a informar y defender sus políticas. Lo que resulta incompatible con una sociedad libre es transformar esa voz en un instrumento sistemático de señalamiento, abriendo muy peligrosamente la puerta de la censura indirecta y al disciplinamiento del disenso.
Como primer Relator Especial para la Libertad de Expresión del sistema interamericano, me tocó denunciar este tipo de mecanismos tanto en el Perú de Fujimori como en la Venezuela de Chávez, donde la comunicación oficial fue utilizada para debilitar al periodismo independiente y silenciar voces críticas.
Para que un gobierno respete la libertad de expresión debe comprender en primer lugar la enorme asimetría de poder que existe en toda sociedad democrática y actuar deliberadamente para reducirla.
El Estado dispone de presupuesto, plataformas institucionales, legitimidad pública y acceso privilegiado a los medios. Un ciudadano, un periodista o una organización civil no. Cuando el Estado “responde”, no lo hace en condiciones de igualdad. Lo hace desde una posición dominante. Es como enfrentar una bomba atómica con una flecha.
La solución frente a la información falsa no es crear nuevas oficinas gubernamentales de control. Es fortalecer el acceso a la información pública, garantizar estadísticas confiables, proteger el periodismo independiente y promover la alfabetización mediática. En democracia, la credibilidad se construye, no se impone.
En los últimos años, el propio Javier Milei y otros líderes contemporáneos han insistido en que la política es, ante todo, una “batalla cultural”. No se trata solo de disputar políticas públicas y valores, sino también de moldear identidades y condicionar la manera de ver el mundo.
Esta lógica no es exclusiva de la Argentina. En Estados Unidos, el debate público ha sido colonizado por la llamada “guerra contra el wokismo”. El resultado, en muchos casos, es el mismo: el espacio de deliberación constructiva y civilizada se reduce y se transforma en un campo de batalla.
En ese contexto, una “Oficina de Respuesta Oficial” se convierte fácilmente en un Ministerio de la Batalla Cultural: una estructura estatal dedicada a intervenir sistemáticamente en el terreno simbólico.
Orwell anticipó en 1984 esta lógica de la batalla cultural. Winston Smith, el protagonista, que dudaba y se resistía al control estatal, describe su trabajo en el Ministerio de la Verdad de un superestado diciendo que “día a día, y casi minuto a minuto, actualizaba el pasado”. El objetivo era impedir que existiera una memoria independiente, una cultura crítica, una realidad que escapara al control del poder.
En Argentina hemos vivido muchas veces procesos de este tipo. Y Milei llegó al poder, precisamente, prometiendo evitar que volvieran a repetirse.
En un gobierno que crea verdaderamente en la libertad, sea de derecha o de izquierda, ese ministerio debería ser el primero en caer víctima de su innecesariamente agresiva motosierra. Para el liberalismo, y supuestamente para Milei, el Estado no debe ser ni constructor de conciencias, ni administrador de verdades, ni organizador del pensamiento colectivo. La Oficina de Respuesta Oficial tiene todos esos atributos.
Desde la perspectiva del derecho interamericano de los derechos humanos, el Estado no puede convertirse en árbitro del discurso público. El artículo 13 de la Convención Americana protege no solo el derecho a hablar sin censura previa, sino también el derecho a buscar, recibir y difundir información sin interferencias indebidas.
La jurisprudencia constante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido inequívoca: el uso del poder estatal para presionar, condicionar o estigmatizar el ejercicio de la libertad de expresión constituye una forma de censura indirecta. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recordado que los funcionarios públicos deben tolerar un mayor nivel de crítica y no utilizar su posición dominante para deslegitimar a sus críticos.
En Prometeo encadenado, Esquilo deja una advertencia que, lamentablemente casi siempre se cumple a rajatabla: todo poder termina volviéndose contra quien se atreve a decir la verdad.
Hace dos mil años, el historiador romano Tácito nos advirtió “Rara es la felicidad de aquellos tiempos en que es lícito pensar lo que se quiere y decir lo que se piensa.”
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