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La nueva medición de la inflación que el Gobierno decidió suspender hubiera mostrado una mayor pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Las consultoras privadas estiman que las remuneraciones del sector registrado retrocedieron hasta un 13% en los últimos dos años respecto del índice de precios actualizado, una diferencia de hasta 7 puntos porcentuales en relación con la comparación con la metodología vigente.
Desde noviembre de 2024 a diciembre de 2025, el indicador actual registró un incremento acumulado del 259%, mientras que el IPC nuevo arroja una suba del 273%. De esa estimación elaborada por el investigador de la Universidad Di Tella, Martín Rozada, surge que la fórmula utilizada al día de hoy subestima en unos 14 puntos porcentuales la evolución que tuvieron los precios.
La brecha entre ambas mediciones es porque la metodología que sigue utilizando el Gobierno es con la canasta de consumos del 2004/2005, donde figuran consumos antiguos y se subponderan rubros como los servicios públicos (luz, gas, agua y transporte) y en otros precios regulados (como cuotas de escuelas). El resultado es un impacto más acotado del ajuste de tarifas en los precios, en particular en 2024.
El uso de una canasta de hace 20 años también afecta la medición de los salarios. Un índice desactualizado distorsiona la evaluación de las negociaciones paritarias, incluso de aquellas que lograron acuerdos alineados con la inflación publicada. Según LCG, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 el salario registrado cayó 6,4% con el IPC actual, mientras la caída es del 10,4% con el indicador nuevo.
Consultado por Clarín, Empiria estimó una diferencia de 6 puntos porcentuales. Mientras que otras consultoras informaron un deterioro mayor del poder adquisitivo.
"El uso de un IPC actualizado permitiría dimensionar con mayor precisión la pérdida real de poder adquisitivo. Según nuestros cálculos, mientras el salario registrado promedio acumula una caída cercana al 6% utilizando el IPC oficial, la pérdida supera el 13% cuando se ajusta por la canasta de consumo 2017/2018", señaló Vectorial.
"Puede que uno de los motivos de la suspensión de la actualización del índice haya sido, de cara a las negociaciones por la reforma laboral, la necesidad de no reconocer un deterioro más pronunciado en el poder adquisitivo de los salarios. Ya si esto se traslada a paritarias va a depender del poder negociación de los sindicatos, que difiere entre rubros, aunque pareciera en general mermado", dijo Antonio Andrés Navarro, economista de LCG.
Con una inflación que en enero se aceleró al 2,9%, la más alta desde marzo, todavía ningún gremio planteó utilizar el nuevo índice que había preparado el INDEC para publicar este lunes, pero que finalmente se suspendió, gatillando la salida de Marco Lavagna del organismo. En rigor, las consultoras privadas estimaron que el dato de enero con el indicador actualizado hubiera sido más bajo, de entre 2,7 y 2,8%.
"Respecto a noviembre del 2023, la nueva fórmula del IPC daría cuenta de una caída mayor en el salario respecto a la que se usa hoy. Dependerá de qué posición tomen los trabajadores y sus representantes en las negociaciones respecto a la representatividad del IPC. En particular, porque hay caídas en el empleo registrado mientras entre septiembre y noviembre cayó mes a mes el salario en ese sector", dijo Claudio Caprarulo, director de Analytica.
El Gobierno viene de fijar un tope en las paritarias mediante la no homologación de los acuerdos salariales que superaran una pauta de entre el 1 y el 2%. En paralelo, la inflación se aceleró desde abril, el momento en que se establecieron las bandas cambiarias y el dólar comenzó a subir más rápido. En ese marco, el Gobierno modificó las bandas en enero y la semana pasada oficializó la marcha atrás con el nuevo IPC.
"En el frente local, el propio Gobierno terminó autogenerándose un dolor de cabeza con el INDECgate. Todo indica que el objetivo era mostrar mejores números de inflación durante 2026, año en el que las tarifas iban a subir más que el promedio de los precios. Pero el cambio termina afectando a un Gobierno que tiene a la credibilidad como uno de sus mayores activos", señaló Econviews.
Para la consultora de Miguel Kiguel, "el gran interrogante es si la gente va a creer en las próximas publicaciones del INDEC o si se van a tomar decisiones en base a otros índices de inflación, como por ejemplo el IPC de CABA (ya ocurrió en el pasado)". "Esta polémica desnuda una preocupación del Gobierno: la fragilidad del proceso de desinflación. Ya no todo marcha acorde al plan", advirtió.
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