Gobernadores, empresarios, la CGT y otros actores expresaron su posición sobre la iniciativa del Gobierno que se discutirá este miércoles en el Senado.
La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei comenzó a tomar forma como uno de los ejes centrales de su programa de desregulación económica. Tras el fallido intento de incluir cambios profundos en el DNU 70/2023, cuyos capítulos laborales quedaron frenados por la Justicia, el Ejecutivo optó por enviar un proyecto específico al Congreso.
La iniciativa apunta a modificar varios aspecto de la normativa del trabajo, bajo la premisa de “modernizar” el sistema, reducir la litigiosidad y promover la creación de empleo formal en un mercado con altos niveles de informalidad.
Entre los puntos más relevantes del proyecto se encuentran cambios en el régimen de indemnizaciones, la ampliación del período de prueba, nuevas modalidades de contratación y la posibilidad de sustituir el esquema tradicional de despido por fondos de cese laboral acordados en convenios colectivos.
También incluye ajustes en materia de aportes y contribuciones, así como regulaciones sobre huelgas en actividades consideradas esenciales. El Gobierno sostiene que estas medidas brindarán mayor previsibilidad a las empresas y facilitarán la incorporación de trabajadores, especialmente en pymes.
Sin embargo, la iniciativa generó un fuerte rechazo de la CGT y otras centrales sindicales, que denuncian una flexibilización encubierta y una pérdida de derechos adquiridos. En paralelo, sectores empresarios —como la UIA y cámaras comerciales— respaldaron varios aspectos del proyecto, aunque algunos cuestionaron modificaciones puntuales vinculadas a aportes obligatorios.
Así, la reforma se convirtió en un nuevo eje de tensión política y social, con movilizaciones en las calles y una negociación legislativa que se perfila ajustada.
La Unión Industrial Argentina (UIA) — la principal cámara empresarial de la industria — ha manifestado que una modernización del marco laboral es condición para generar empleo formal y dar previsibilidad a las empresas.
Sectores empresariales también han expresado apoyo a aspectos de la reforma que buscan flexibilizar cargas y facilitar contratación. También algunas facciones de las pymes señalaron que la modernización laboral puede favorecer al sector.
El sector empresario, especialmente el mayorista, criticó con dureza una modificación de último momento al artículo 128 del proyecto de reforma laboral. La crítica se centra en que el cambio elimina el carácter voluntario de los aportes a cámaras empresarias y los vuelve obligatorios, lo que según esas entidades implica un sistema de recaudación sin controles públicos ni transparencia.
Organizaciones como la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) advirtieron que estos aportes se cobran automáticamente y que aumentan con cada mejora salarial pactada en paritarias, pero no hay trazabilidad clara sobre cómo se usan esos fondos.
El conflicto de intereses surge porque las propias cámaras empresariales, como la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), participan en las negociaciones paritarias y a su vez administran esos recursos a través del Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP).
Originalmente, la reforma establecía que los aportes serían voluntarios desde 2028, pero la modificación mantiene su obligatoriedad, lo que generó rechazo incluso de sectores que antes apoyaban el proyecto.
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