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La organización global Transparencia Internacional presentó hoy los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2025 para 182 países. Los datos no son alentadores para Argentina: el país se ubica en el puesto 104 con apenas 36 puntos sobre 100.
El Índice de Percepción de la Corrupción (CPI, por sus siglas en inglés) ordena a los países según el grado de corrupción que perciben expertos en la materia y ejecutivos de empresas sobre el sector público. Es un índice compuesto, una combinación de encuestas y evaluaciones de la corrupción, en el caso argentino recopiladas por una variedad de prestigiosas instituciones internacionales privadas.
El CPI es el indicador de corrupción más utilizado en todo el mundo, una aproximación a la integridad del sector público de los países y una fuente relevante de consulta para empresarios e inversores a la hora de tomar decisiones.
Por lo tanto, un país que pretende mejorar su imagen internacional y sus condiciones para la inversión (nacional o extranjera) debiera prestarle atención al tema. Sin embargo, las señales que da el gobierno parecen ser contraproducentes.
En materia de integridad pública, el año pasado no hubo avances significativos, y la agenda oficial careció (y carece) de políticas o iniciativas que tengan como objetivo una mejora en la lucha contra la corrupción.
Resultaría difícil sostener que el pobre desempeño argentino en el CPI 2025 no está relacionado con el impacto que tuvieron diversas sospechas de irregularidades, posibles conflictos de interés e investigaciones de casos de corrupción que involucraron al gobierno nacional.
Episodios como el caso $LIBRA (que derivó en cuestionamientos públicos e investigaciones sobre la responsabilidad del propio Presidente), los traspiés de campaña del diputado ultraoficialista Espert y las denuncias vinculadas a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), pero, sobre todo, la reacción oficial ante esos escándalos, contribuyeron a consolidar un clima de opacidad que erosiona la confianza institucional en el país.
Estos hechos alimentan la percepción de que, lejos de fortalecerse, los estándares de integridad siguen siendo demasiado frágiles. De hecho, el índice muestra la peor posición de la Argentina en los últimos 10 años, consolidando la tendencia declinante de los últimos 6 años. Es más, desde que existe el índice, el actual es el primer gobierno no peronista que empeora la situación heredada.
Ninguna ideología lleva implícita una solución para el problema de la corrupción. El desdén por el Estado y el hostigamiento a su burocracia también pueden generar corrupción, como la captura de oficinas públicas por grupos de interés o directamente por particulares corruptos (como parece ser la trama del caso Andis, en cuya causa Poder Ciudadano, capítulo argentino de Transparencia Internacional, es querellante).
Además, no todo achicamiento estatal reduce los niveles de corrupción: el año pasado Poder Ciudadano denunció que, a raíz de la desregulación de los trámites aduaneros para la importación de autos de colección, se habría creado una red de corrupción que se estaría aprovechando de la nueva laxitud para contrabandear autos de lujo último modelo, haciéndolos pasar por autos antiguos, aprovechando así la retracción de los controles estatales.
La clave está, más que en el tamaño del Estado, en la calidad institucional, y la evidencia internacional es clara al respecto: los países que sistemáticamente obtienen mejores resultados en este índice son aquellos que respetan las instituciones, garantizan una división de poderes efectiva, limitan el uso discrecional de decretos y aseguran que el Poder Ejecutivo rinda cuentas ante la Justicia.
No se trata de recetas abstractas sino de prácticas concretas: allí donde hay parlamentos que controlan, poderes judiciales independientes y gobiernos que responden a los pedidos de acceso a la información pública, la corrupción no desaparece, pero encuentra límites que son, a su vez, ejemplificadores.
Muchas veces se ha sostenido en nuestro país que la calidad institucional no importa, o que la corrupción misma es un costo al que hay que resignarse frente a las bondades de modelos de gobierno que también prometían expansión económica y éxito electoral.
Sin embargo, es ampliamente conocido que el desarrollo capitalista sólido y socialmente eficiente no se obtiene con pases mágicos en la retórica y a la vez barriendo la tierra debajo de la alfombra, sino con políticas adecuadas y sostenidas en el tiempo.
En el caso de la integridad, y a la luz de la evidencia internacional disponible, estas políticas constituyen una deuda pendiente cada vez más urgente. En otras palabras, cualquier promesa de lucha contra una casta corrupta solo cobra sentido si incluye, de manera explícita e inequívoca, una verdadera política de combate contra la corrupción.
Martín D'Alessandro es presidente de Poder Ciudadano. Pablo Secchi es Director Ejecutivo de Poder Ciudadano.
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