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El ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, suma un nuevo procesamiento por corrupción. En esta ocasión, el juez federal Sebastián Casanello lo encontró responsable del delito de enriquecimiento ilícito, en un expediente que inició en 2008. La resolución incluye a la esposa del ex funcionario, Alessandra Minnicelli. El embargo trabado sobre ambos asciende a 998 millones de pesos.
La causa que instruyó el fiscal federal Carlos Stornelli se concentra en el presunto incremento patrimonial que habían registrado Julio De Vido y Alessandra Minnicelli, mientras ejercían la función pública. Se trata de una ventana temporal que abarca los doce años de Néstor y Cristina Kirchner en el poder.
La causa que tuvo anteriormente otros dos jueces, recapituló dos hechos puntuales: las acusaciones que están siendo juzgadas por el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) en la causa Cuadernos, donde a De Vido se le atribuyen 190 hechos de sobornos. Asimismo, se mencionó la condena contra Nélida Caballero (ex cocinera de la residencia del entonces Ministro), por lavado de dinero y el decomiso de sus bienes hasta cubrir 395 millones de pesos.
En este expediente por enriquecimiento ilícito, el juez Casanello le atribuyó a De Vido haber “incrementado su patrimonio de forma apreciable durante el período en que ejerció la función pública en el Ministerio de Planificación Federal y en la Cámara de Diputados -entre el 10 de diciembre de 2015 y el 25 de octubre de 2017”.
El sustancial incremento patrimonial, a criterio de la justicia, fue “sin justificación en sus ingresos legítimos o recursos lícitos registrados y declarados, por un monto de 690.000 dólares”.
La resolución, a la que accedió Clarín, explica que la esposa del ex ministro -quien cumplió funciones en la Sindicatura General de la Nación- habría tenido una importante participación en la estructura criminal investigada, por haber actuado con su marido "para incrementar y disimular su patrimonio, por fuera de sus ingresos legítimos”.
Aquellos incrementos -expresa la imputación de la fiscalía- “injustificados con sus ingresos legítimos” se habrían visto reflejados en la compra de un inmueble en CABA y la tenencia de dólares en efectivo, que no fueron declarados formalmente ante los organismos correspondientes”.
El magistrado había ordenado una pericia actualizada que abarque las tres presidencias kirchneristas, período en el cual Julio De Vido ostentó siempre el mismo cargo. El Cuerpo de Peritos Especializados no pudo "validar el saldo inicial que decían tener en efectivo -pesos y dólares- en 2003”; ni “tampoco se ha contado con la documentación que acredite los ingresos de la señora Minnicelli provenientes de la profesión liberal”.
Además, tanto De Vido como su mujer se inscribieron en el Impuesto a los Bienes Personales recién en agosto de 2002, "lo que no sería coherente con la tenencia de la cantidad de moneda extranjera auto denunciada”.
A esos debe sumarse otro dato: “el Gobierno de Santa Cruz informa que no hay declaraciones juradas presentadas entre los años 2000 y 2003”, cuando De Vido fue funcionario de esa provincia.
Luego, tras adentrarse en el análisis de la documentación remitida a estudio, el personal especializado destacó “un escaso detalle de los consumos personales y familiares, que en principio no condicen con su nivel de actividad y patrimoniales”.
Finalmente, se evaluó el desarrollo patrimonial registrado por De Vido y Minnicelli durante el período objeto de análisis”. El juez Casanello consignó que las conclusiones arrojadas por el Cuerpo de Peritos de la Corte “ponen en evidencia que la evolución patrimonial registrada por los imputados habría observado incrementos injustificados con sus ingresos legítimos”.
En primer lugar, se da cuenta de una propiedad sobre Avenida del Libertador que adquirió el matrimonio entre el 11 de mayo de 2007 y 18 de septiembre de 2009, “aplicando sumas de dinero que no encontrarían justificación en actividades legítimas”. Además, se acreditó que, a pesar de haberse concretado aquella operación, “los funcionarios simularon su alquiler hasta el 2 de octubre de 2018, y su posesión continuó incluso hasta el 9 de marzo de 2023”.
La valuación oficial con perito de parte designado por De Vido, determinó que el valor de venta del inmueble era: para el 2 de febrero de 2007 de entre 600.000 y 660.000 dólares; y para el 17 de enero de 2012 de entre 670.000 y 730.000 dólares. Pero la compra fue prácticamente por la mitad del valor real.
La unidad estuvo registrada a nombre de una empresa cuyo capital no podría haber afrontado la compra del inmueble que “simularon alquilar De Vido y Minnicelli”.
Un dato: el fallecido empresario Juan Chediak, uno de los imputados colaboradores del caso Cuadernos, identificó el lugar como la vivienda del entonces ministro de Planificacion Federal.
El juez Casanello determinó que el matrimonio era dueño del inmueble, pero al no poder justificarlo con sus ingresos, fingió ser inquilinos.
En los diversos allanamientos se demostró que ellos estaban en poder de documentación de Uni-Vite Argentina SA (la empresa usada para comprar el departamento) que los vincularía directamente con la compra del paquete accionario de la mencionada sociedad”.
Como se expuso con la documentación recabada a lo largo de la pesquisa y “pese a los vaivenes de una investigación accidentada, se ha logrado reunir una larga cadena de indicios interrelacionados y concomitantes al hecho que se refuerzan y explican mutuamente dando solidez a la hipótesis del enriquecimiento ilícito”, indicó Casanello.
No solo se acreditó que las personas que adquirieron el paquete accionario de la sociedad no tenían antecedentes fiscales ni una evolución patrimonial suficiente para afrontar semejante compra, sino que, además, se corroboró que para realizar esta operación el titular -Sebastián Pérez- “recibió en España fondos enviados desde la República Argentina, presumiblemente del propio De Vido -al que estaba vinculado-”.
El juez reconstruyó la sucesión de operaciones comerciales y societarias para diluir a De Vido y su esposa en el control de la sociedad Uni-Vite Argentina y los movimientos de esta entidad respecto del departamento en la avenida Del Libertador.
En definitiva, indica la resolución judicial, toda a documentación analizada, es suficiente “para afirmar que los fondos utilizados para adquirir la sociedad (e indirectamente la unidad inmueble) habrían provenido de los funcionarios públicos mencionados, únicos usufructuarios del bien hasta la venta final materializada en el año 2023. Ello pese a que, tal como se desarrolló, en el período indicado De Vido y Minnicelli no contaban con fondos lícitos y registrados suficientes para afrontar la operación”.
Redactora de la sección Política, especializada en noticias judiciales. [email protected]
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