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Existen muchas definiciones de “poder”. Una de ellas, que es la capacidad de una persona o un grupo para hacer que algo ocurra; también, liderar, influenciar o dominar a otros. Pero suele ocurrir, de manera recurrente, que las fórmulas para ejercer ese poder se repiten, son las mismas, más allá de los sesgos ideológicos.
Nadie podrá decir que el gobierno de Javier Milei es kirchnerista, ni que sus políticas e ideología tienen alguna relación con esa corriente peronista; el libertario se ha ubicado en las antípodas de Cristina Kirchner y su grey, como en la última elección legislativa.
Sin embargo, en las últimas semanas hubo reminiscencias kirchneristas en la gestión libertaria en, al menos, tres situaciones.
La más ruidosa, las marchas y contramarchas sobre una primera actualización en la medición del alza de precios por parte del INDEC, cuya postergación derivó en la renuncia de Marco Lavagna. Suena increíble -aunque los gobiernos anteriores también lo usaron con retraso- que en tiempos de cambios culturales tan revolucionarios en todos los aspectos de la vida cotidiana como la invasión de la Inteligencia Artificial, la inflación aquí siga referenciándose en los hábitos de consumo del 2004, de hace 22 años.
Tan desprolija fue la estrategia de comunicación política sobre la postergación, que el ministro Luis Caputo y el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, involucraron directamente a Milei; después, dijeron que se debía a la desactualización de la encuesta de hogares porque Lavagna iba a usar la de 2017/2018. Pasaron por alto que ya lo habían acordado con el propio FMI que lo mencionó en uno de sus reportes sobre la Argentina; de ahí la consulta de la misión del Fondo que estuvo en Buenos Aires sobre los motivos de la decisión. Y al final, se decidió que se seguirá midiendo como si viviéramos en el 2004.
Esto seguirá así por lo menos unos años más, que es lo que llevaría elaborar la actualización de los hábitos de consumo al presente. Si bien desmedidas, proliferaron las comparaciones en las redes con Guillermo Moreno y la manipulación del INDEC en la gestión de Néstor Kirchner. Un costo político innecesario. ¿Habrá alarmado al Gobierno la proyección de la inflación de marzo?
Otra remembranza K fue la presentación de la Oficina de Respuesta Oficial para “desenmascarar mentiras y operaciones de los medios”. Hacia dentro de la Casa Rosada, se trató de una jugada avalada por Milei, pensada por el asesor Santiago Caputo que impulsa una nueva guerra contra los medios y periodistas opositores, pero también contra la política, los empresarios y la justicia. El anclaje con el kirchnerista Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales, NODIO, fue inevitable ¿Retomará el mileísmo el cariz confrontativo que suspendió en las elecciones cuando el mandatario se comprometió moderar sus palabras?
La tercera rememoración cristinista fue la discusión por el alojamiento del Sable Corvo del general José de San Martín. El gobierno avivó una polémica a partir de la decisión presidencial, por decreto, de sacárselo al Museo Nacional Histórico y devolvérselo a los granaderos, con el reclamo de descendientes de Juan Manuel de Rosas en el medio. Similitudes con aquéllas polémicas históricas que desempolvó el kirchnerismo contra Julio Argentino Roca o Domingo Faustino Sarmiento, por citar apenas dos casos.
Figura en el non paper de la política argentina que, cuando un gobierno tiene un importante apoyo popular, los errores y traspiés no hacen mella en la gestión. También está escrito que, en un determinado momento, la sociedad pasa factura de todos esos errores no forzados juntos.
Esta semana el oficialismo activará el Congreso con dos sesiones importantes como la del Senado, por la reforma laboral, y Diputados con la baja de la edad de imputabilidad. En un hecho inédito pero promisorio, el parlamento también tiene a mano para su tratamiento el tratado de libre comercio Mercosur-Unión Europea, y el reciente acuerdo comercial con Estados Unidos.
La reforma laboral en sí, tendría los apoyos necesarios, ayudado por el indetenible declive del peronismo. Lo que genera más dudas es el artículo 190 que reduce el impuesto a las ganancias para las empresas y que es rechazado por las provincias porque verían mermar aún más los fondos que reciben automáticamente por la coparticipación federal en concepto de Ganancias y de IVA.
En los últimos tres meses -noviembre, diciembre y enero- las provincias han recibido $530 mil millones menos. Según informes privados, de aprobarse el proyecto de reforma laboral con el capítulo ganancias tal cual lo envió el Gobierno, significaría una pérdida de ingresos para los 23 distritos más la Ciudad, de unos 2,6 billones de pesos; el 0,25% del PBI.
Por eso en la Casa Rosada alimentan la sospecha de que el ministro Caputo descarta que ese artículo se terminará cayendo y el Gobierno no haría nada al respecto porque sabe, además, que hay una caída de la recaudación que afecta a las provincias. “Si los gobernadores no lo votan, es parte del juego de la democracia”, afirmó días atrás, sin enojarse.
De esa manera, el Gobierno buscaría no pagar esta vez -como ocurrió con el capítulo 11 del Presupuesto- el costo político y trasladaría esa responsabilidad a los mandatarios provinciales ante una eventual queja de los empresarios, los principales beneficiados si se aprueba. Sobre todo en momentos en que Javier Milei empuja para aprobar la reforma laboral antes del 1 de marzo porque necesita un gesto de gobernabilidad hacia afuera.
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