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El acuerdo comercial firmado entre los gobiernos de Argentina y Estados Unidos la semana pasada puede leerse en el marco de la relación estratégica que Javier Milei buscó construir con Donald Trump. El republicano lo viene respaldando política y financieramente para sostener la economía, y en definitiva su estabilidad. Pero la incondicionalidad y la asimetría de este vínculo se vuelve evidente en la letra de los textos firmados.
Más aún: con el correr de las horas, entre lo ocurrido, lo anunciado y lo relatado a nivel oficial entre jueves y viernes, especialistas, asesores provinciales, cámaras empresarias y legisladores comenzaron a poner la lupa sobre el otro lado de lo pactado.
Allí aparecen fuertes diferencias y desequilibrios en favor de Estados Unidos, además de una enorme presión para que la Argentina modifique su normativa en un tiempo veloz en asuntos clave, priorice bienes provenientes del mercado estadounidense.
Y ello a costa incluso de la relación con socios estratégicos como el Mercosur, la Unión Europea y China. Y con el riesgo de que el país sea denunciado ante la Organización Mundial de Comercio por el contraste de sus compromisos adquiridos y la priorización de EE.UU.
Aunque el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, lo calificó el viernes como “el primer gran acuerdo comercial de América Latina”, El Salvador y Guatemala lo habían firmado antes, en las últimas semanas. Tampoco se trata del camino hacia un tratado de libre comercio: no es esa la lógica que impera en la filosofía del America First de Trump, basada en el proteccionismo, en contraste con la apertura extrema que promueve el Gobierno libertario argentino.
De allí que el acuerdo haya generado una silenciosa zozobra en las primeras horas posteriores a la firma, sobre todo frente a los anuncios rimbombantes vinculados a la carne. El jueves, el canciller Pablo Quirno informó que había firmado el acuerdo con el Representante de Comercio de Trump, Jamieson Greer, quien poco antes, en Davos, había sido explícito: Estados Unidos avanzará con sus acuerdos solo cuando sirvan a sus intereses nacionales; de lo contrario, no lo hará.
La zozobra se originó en un punto central: según el acuerdo firmado —de carácter permanente— es Argentina se comprometió a darle una cuota preferencial de carne a los Estados Unidos, de manera permanente, de hasta 80.000 toneladas de carne, sin que se especifiquen las características del producto. Es decir, podrían ser carnes estadounidenses con arancel cero, de cualquier tipo, incluso tratadas con hormonas, una práctica permitida en Estados Unidos pero prohibida en la Argentina.
Pero el Anexo 1, donde figuran los compromisos fijos asumidos por Estados Unidos en el llamado Acuerdo de Comercio e Inversiones firmado el jueves por Quirno y Greer, no aparece ninguna obligación de cuotas en la compra por parte de los Estados Unidos de carne argentina. Hubo que esperar casi 24 horas para que ese punto surgiera en la proclama de Trump —un decreto— que establece que solo durante este año Estados Unidos comprará, en cuatro tandas, 20.000 toneladas de carne magra argentina hasta completar las 80.000 toneladas.
Se trata de una medida transitoria, destinada a paliar los efectos de la sequía en Estados Unidos, la baja de la producción y la suba de los precios. El acuerdo permanente, en cambio, fija la obligación estable de establecer cuotas de carne estadounidense en el mercado argentino, no a la inversa.
En medio del revuelo en redes sociales y de la creciente polarización de opiniones, la doctora en Relaciones Internacionales y magister en Relaciones Comerciales Internacionales. Julieta Zelicovich lo explicó así: “Una diferencia muy importante es la distinta calidad jurídica de los compromisos asumidos por uno y otro país. A la Argentina se le exigen reformas que deben pasar por el Congreso, instrumentos con peso legal y anclaje institucional que brindan certidumbre a los actores norteamericanos en el mediano y largo plazo. Argentina no obtiene lo mismo de Estados Unidos”.
Zelicovich, que es profesora en la Universidad Nacional de Rosario, señaló que los compromisos estadounidenses quedan circunscriptos al marco del International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), es decir, a las facultades de emergencia económica de Trump frente a supuestas amenazas a la seguridad nacional. Se trata de órdenes ejecutivas que no pasan por el Congreso y que hoy están siendo judicializadas ante la Corte Suprema. Si ese marco legal cae —algo que podría definirse hacia fines de febrero o principios de marzo—, o si hay un cambio de gobierno cuando finalice el mandato de Trump, ninguno de esos compromisos perdura en el tiempo.
“Hay compromisos que a la Argentina le parecieron relevantes: la cuota de carne apareció recién casi 24 horas después. Esa orden ejecutiva no es una decisión permanente de Estados Unidos y es solo por un año. Es mucho más volátil que todo lo que Argentina concede”, explicó la especialista.
El Gobierno considera el acuerdo una victoria histórica. Si en la primera etapa de la gestión Milei —con Diana Mondino en Cancillería, el propio Luis Caputo, en Economía y el embajador Marcelo Cima en Relaciones Económicas Internacionales— se buscó mostrar a la administración demócrata una negociación equilibrada, bajo la lógica de concesiones recíprocas, en esta nueva fase, como advierte Zelicovich, Argentina asume un conjunto de reformas profundas sin obtener beneficios equivalentes.
Los textos implican una presión para el país: reformar leyes, adoptar compromisos internacionales y ratificar otros en el Congreso antes del 30 de abril, como la incorporación al Tratado de Cooperación en materia de Patentes. También fija compromisos a cumplir antes de 2027 en trece ítems, mientras que Estados Unidos no asume ninguno comparable. Además, exige resolver de manera acelerada todo el esquema de propiedad intelectual.
El acuerdo comercial cuenta con 492 páginas de anexos: 415 están dedicadas a concesiones argentinas a Estados Unidos, con más de 5.600 posiciones arancelarias y más de 100 obligaciones explícitas. Las restantes 70 páginas corresponden a Estados Unidos, con apenas tres “debe hacer”. En el texto, Argentina aparece bajo el verbo shall de manera reiterada, al igual que Estados Unidos, pero con compromisos de magnitud muy distinta.
De las 5.000 posiciones arancelarias, Argentina fija arancel cero para el 84% de los productos provenientes de Estados Unidos. En cambio, de las aproximadamente mil posiciones vinculadas a concesiones estadounidenses, solo el 14% queda con arancel cero para productos argentinos.
En la propia página del USTR se confirma que Estados Unidos no redujo aranceles para el acero, el aluminio ni el biodiésel argentinos, sectores clave del comercio bilateral. En contraste, Argentina abre su mercado con arancel cero a productos que impactarán de lleno en las economías regionales: quesos, almendras, pistachos, fructosa, papas, vinos y productos farmacéuticos, entre otros.
Un punto especialmente alarmante es la obligación impuesta al SENASA de habilitar, en un plazo de 250 días, el ingreso al mercado argentino de productos de feedlot estadounidenses. Además, el acuerdo fija el ingreso de 10.000 vehículos anuales provenientes de Estados Unidos, en un contexto en el que Argentina mantiene compromisos comerciales vigentes con China.
Incluso en sectores considerados estratégicos, el país se compromete a priorizar bienes e inversiones estadounidenses bajo las condiciones y la legislación de ese país. En minería, por ejemplo, el texto señala que “Argentina se compromete a acelerar las solicitudes de proyectos elegibles a través del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI)”.
Si bien ese punto puede resultar favorable, queda abierta la incógnita sobre cómo el Gobierno resolverá la puja con China, actor dominante en el sector, aunque también participan empresas canadienses, australianas y suizas. El acuerdo establece además que Argentina deberá colaborar “con los gobiernos provinciales para facilitar la inversión de empresas estadounidenses en proyectos de minerales críticos, de conformidad con sus leyes y reglamentos”.
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