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La última reunión del Foro Davos (el World Economic Forum o WEF) fue escenario de un ácido e inesperado cruce de enfoques. Fiel a su estilo, el presidente Donald Trump no sólo expuso una puntillosa definición del amplio poder protagónico que despliega su gobierno en los mayores acontecimientos globales, sino también el claro desinterés por preservar el orden liberal que durante ochenta años inspiró las reglas, enfoques y cultura de las instituciones de Occidente.
Sus objeciones no sólo apuntaron a la envergadura, las funciones temáticas, la doctrina y la ineficiencia de la familia del conglomerado que componen las Naciones Unidas, sino también al orden basado en reglas que generó el sistema GATT-OMC (Organización Mundial de Comercio), el que constituye la viga maestra de la formidable expansión y liberalización del comercio global que se viene registrando desde 1948.
Supongo que es innecesario explicar que el comercio es una de las grandes locomotoras del desarrollo y la prosperidad del planeta.
Lo cierto es que para Trump y sus equipos parece que al declarar el “día de la liberación nacional” por la vía arancelaria, dieron por muerta la cláusula de Nación más Favorecida”, una regla central de la OMC que aún goza de saludable vigencia para casi todos los miembros de esa Organización, en cuya nomina figuran los Estados Unidos.
El actual titular de la Oficina del Representante Comercial (USTR), embajador Jamieson Greer, seguramente conoce la sólida explicación que hizo sobre dicha cláusula su ex colega Dawn Shackleford en el sitio de la Hinrich Foundation que se titula “MFN- Not dead yet” (NMF- Todavía no está muerta), quien era parte del USTR durante la primera presidencia de Donald Trump. Esa didáctica columna circuló el pasado 16 de diciembre por muchos centros de interés.
De esta manera, si uno las traduce al criollo, tales ideas nos dicen que Washington quiere atar su versión de capitalismo a la noción de volver a un planeta sin reglas, anterior a la Segunda Guerra Mundial, donde su gobierno pueda desempeñarse como referencia unilateral de todas las decisiones y en el que la economía cerrada no sería pecado.
Al ver estos planteos, me cuesta entender a quienes creen que la vuelta al pasado es construir un excelente futuro.
El jefe de la Casa Blanca tampoco usó la tribuna del Foro Davos para explicar en detalle los nuevos enfoques que trae la versión 2026 de la Estrategia de Defensa Nacional de su país. El texto actualizado registra un planteo más claro y realista del equilibrio geoestratégico que fuera confusamente insinuado en la versión del año anterior.
Lo cierto es que un rato antes de que el jefe de la Casa Blanca se explayara a voluntad con esta clase de alegatos, Mark Carney, el primer ministro de Canadá había previsto que estaba por caernos encima la noche y que el proceso lucía tan lamentable como irreversible.
Sólo que Carney no se limitó a describir la aparente e inevitable ruptura del orden liberal prevaleciente, sino también invocó la necesidad de lanzar una era de sólidos acuerdos y alianzas entre potencias o naciones de desarrollo intermedio. En otras palabras, convocó a no darle sentido religioso a las demandas de las dos grandes potencias hegemónicas del mundo como Estados Unidos y China.
Tales alianzas podrían incluir a su propio país, a las 27 naciones de la Unión Europea y a países como el Reino Unido, India, México, Brasil, Japón, Corea del Sur y otros actores con similares condiciones, lo que supone revisar las dimensiones del proceso multipolar. Su discurso fue larga y calurosamente ovacionado.
Algunos observadores estadounidenses de política exterior, creen que varios países de los que se oponen a las ideas de Trump, abandonarán la batalla orientada a demostrarle que está equivocado y se proponen negociar soluciones heterodoxas, de costo intermedio, como las que eligieron las autoridades de la Unión Europea.
Nadie ignora que esta clase de atajos supone entrar en la zona de los acuerdos blue de la política comercial y que, en ese terreno no hay un válido respaldo legal para proteger sus decisiones.
Hasta ahora, sólo diecinueve de las naciones afectadas por las saltarinas medidas arancelarias del Día de la Liberación y otras reacciones que inventa diariamente Donald Trump, parecen haber conseguido sendos acuerdos bilaterales de política comercial, un balance que deja afuera a muchos socios relevantes de Estados Unidos.
Nuestro país acaba de terminar y difundir su propio acuerdo bilateral, el que amerita detenida e integral lectura y mucha reflexión analítica de sus contenidos.
Pero la sustancia del confesionario suizo nos explica el cambio de reflejos que se advierten en las naciones con poder de fuego. El pasado 17 de enero por fin se suscribió en Paraguay, con bastante menos ruido, el Acuerdo interino birregional de Libre Comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, cuyo texto fue sigilosamente retocado de hecho antes de la firma.
Es un contenido de casi 460 páginas que pocos leyeron y contiene sorpresas que merecen ser evaluadas en detalle para sopesar cuánto de genuino libre comercio y de nuevas oportunidades de comercio hay en sus entrañas. Lo que sí está claro, es que el alud de problemas de incertezas originadas por el planeta arancelario que inventó Washington, tuvo el mérito de agilizar la veta negociadora de Bruselas.
Estos hechos incitan a proponer una muy sintética descripción del Acuerdo birregional UE-Mercosur con los antecedentes y comentarios emitidos por la Comisión de la UE, el Consejo Europeo y el Euro-Parlamento. Nadie puede olvidar somos nosotros quienes debemos saber cuánto valen nuestros compromisos y si nuestros amigos del Viejo Continente habrán de actuar como socios o como celosos guardianes de su quintita regional.
Vala la pena destacar que Carney no mencionó algunos antecedentes que son de importancia para su propio país. Por ejemplo, que el Acuerdo Comprensivo Económico y Comercial entre la UE y Canadá, que se conoce por su sigla inglesa CETA, fue suscripto el 14 de septiembre de 2016 y todavía no fue ratificado por 10 de las 27 naciones que integran la UE.
La lista de gobiernos remolones incluye a Francia, Italia, Irlanda, Bélgica, Chipre, Grecia, Polonia, Eslovenia, Hungría y Bulgaria, una nómina que lleva a pensar acerca de tres aspectos.
Primero, así como el ALC birregional entre la UE y el Mercosur se negoció durante más de 25 años, el de la UE y la India, que también acaba de suscribirse, estuvo entrando y saliendo de la hielera cerca de 20 años, de manera que la exasperante franela negociadora del Viejo Continente que hemos visto a lo largo de todos estos años, no constituye un “trato especial y diferenciado” para nosotros, los cono-sureños. No es lógico ignorar el tema si queremos saber con quienes estamos tratando cuando hablamos de reinsertar al país en el mundo.
Algo parecido sucedió con las actualizaciones de los Acuerdos originales que Bruselas negoció con Chile y México, a pesar de la muy buena voluntad y niveles de comprensión ejercidos entre las partes.
Hasta el momento tanto la presencia comercial de Canadá como la de México en la UE registran un acceso interesante, pero no crucial si uno desea contar con un as en la manga para sustituir a la hoy gigantesca pero incierta demanda de los Estados Unidos.
Sólo nuestros amigos chilenos exhiben tasas de valor estratégico en el comercio con la Unión Europea, ya que me estoy refiriendo al hecho de que el Viejo Continente sólo absorbió el 10 por ciento del total exportado en 2025.
El lento proceso de ratificación del CETA es especialmente llamativo, si uno toma en cuenta que las negociaciones de ese texto nunca encontraron los niveles de rechazo y hostilidad que mostraron el gobierno y los grupos de interés europeos al negociar con el Mercosur. Una muestra de ello es la “zancadilla técnico-sanitaria que acaba de aplicarse a una parte de las exportaciones nacionales de soja.
También el proyecto de Acuerdo Comprensivo de Inversión (CAI) entre la UE y China está hibernando desde hace un quinquenio. Por supuesto, nada de esto sucedió con los países que pudieron suscribir acuerdos individuales o regionales que no ofrecían riesgo competitivo para la economía regional de la UE. Por eso, no es fácil percibir a que se refieren las autoridades del Viejo Continente al reiterar su adicción a la economía social de mercado.
Sigamos con lo anecdótico. Varios medios de prensa de nuestro país, habitualmente muy confiables, aseguraron que la Unión Europea aporta el 35 por ciento del comercio mundial (me cuesta recordar nombres y publicaciones cuando hablo sobre colegas). La verdad es que, tomando las cifras de comercio exterior del año 2024 (o sea la suma de las exportaciones e importaciones), la UE encabeza el ranking con el 15,8 % del total; seguida por Estados Unidos 13,6 % y China 13,4% (fuente: el Consejo Europeo).
La explicación de esta pifiada informativa no es muy compleja, ya que es bastante común que opinen de política comercial quienes nunca estuvieron en esa trinchera o estudiaron el tema con inadecuados tutores.
La UE llega al 35 % si incluye el comercio intracomunitario, o sea el que hacen entre sí las 27 naciones en el mercado regional que ahora, al estar sujeto (no siempre) a libre circulación, es comercio interno. Ejemplo: yo sólo puedo tomar como exportaciones de los chocolates fabricados en Córdoba, la parte de las ventas que la empresa del ramo coloca en el mercado de Brasil, Estados Unidos o la UE, no las que se “exportan de Córdoba a la ciudad de Buenos Aires”.
Todos sabemos que la Argentina suprimió las aduanas internas al suscribirse la Constitución de 1853, a pesar de que, en el Mercosur, esta cuestión es una asignatura pendiente.
El Acuerdo birregional UE-Mercosur incluye un artículo sobre subsidios (en el capítulo 16) que revela un grado superior de masoquismo comercial. Parece un anuncio de venta de cigarrillos cuyo paquete advierte lo peligroso que son para la salud los productos que están en oferta. En el caso de los principios relevantes el texto de esa cláusula dice que “las partes reconocen que ciertos subsidios tienen la capacidad de distorsionar el funcionamiento de los mercados y socavar los beneficios de liberalización del comercio”, pero empieza señalando que se pueden utilizar sin son necesarios para ejercer políticas públicas. Esto mis queridos amigos, no es la ambigüedad constructiva a la que alude la diplomacia convencional.
Veamos un poco más a fondo a qué nos referimos. El PBI agrícola de la UE aporta del 1,2 a 1,4 por ciento del PBI total de la Unión Europea. En lenguaje numérico el PBI “agri” de 2024 fue de unos 228.000 millones de euros y el paquete anual de subsidios previsto actualmente para la PAC (la Política Agrícola Común) es de unos 386.600 millones de euros divido por siete, o sea unos 55.229 millones por año.
Sin embargo, el peligro está en otro lado, ya que nadie tiene el derecho a impugnar la soberanía legislativa de la UE, un principio que figura en todos los compromisos internacionales que asumen sus autoridades. Lo que se debe impugnar es el derecho al subsidio y hasta cierto punto las salvaguardias, en un Acuerdo de Libre Comercio.
En casi todo el mundo, excepto en la Argentina, los ingresos de los productores rurales surgen del precio al que liquidan su producción en el mercado, más los subsidios que provienen del cheque oficial. Por los efectos de esta mágica política comercial, tales enfoques “estratégicos” no sólo deprimen artificialmente los precios internacionales, sino que menoscaban el valor de cualquiera de las concesiones involucradas en el ALC.
Precisamente por esta clase de razonamientos, que está adrede simplificado, Estados Unidos y la Argentina le ganaron un panel a la entonces Comunidad Económica Europea en el viejo GATT, un proceso que generó el aumento de 11.000 toneladas para nuestra cuota Hilton. La imputación aplicable es, como ya lo mencioné en columnas anteriores el de “menoscabo no violatorio” de la concesión, porque el subsidio anula los beneficios del arancel cero de la obligación acordada.
Habiendo presidido las negociaciones agrícolas de otros proyectos de mayor envergadura me consta, por experiencia, que la mayoría de los acuerdos serios incluyen la eliminación de subsidios, cosa que también sucede, pero no se aplica, en el Mercosur.
Es cierto que la eliminación o reducción de aranceles y otras cargas en los Acuerdos firmados permiten aumentar la rentabilidad de las exportaciones de nuestro país y del resto del Mercosur, pero esto no sucede si hay cláusulas que impiden que crezca el nivel del intercambio ya que, en este Acuerdo, vender más parece constituir un peligroso delito.
Sin ir más lejos ello se puede ver en el caso de los incluidos en la lista de 23 productos considerados sensibles dentro de la reglamentación que se aprobó, a último momento, sobre el uso de las salvaguardias agrícolas. El mecanismo “provisional” introducido, consiste en que, si el nivel de comercio supera en 5 por ciento los niveles alcanzados en un período anterior, y esto se estima perjudicial para los indefensos productores rurales de la UE, cesan de inmediato los tratos preferenciales previstos en el Acuerdo (ver mi columna anterior).
Aunque parezca mentira, un crecimiento del 5 por ciento de las exportaciones suele ser una evolución normal en el giro de los negocios. Lo que no es normal, es que alguien tenga el coraje de plantear semejante disparate reglamentario y haya alguien que lo aceptara en nombre del “carácter geo-estratégico del proyecto”. Ignoro a cuánto se cotiza la tonelada de geoestrategia. Quizás nuestros amigos brasileños conozcan mejor la historia y los mérito geo-estratégicos de esta movida.
De ahí que uno empieza por preguntarse de dónde sale la noción de que estamos ante un Acuerdo de dimensión desconocida, algo que contradice (como lo mencioné hasta la náusea en columnas anteriores), el diagnóstico de la London School of Economics (que asesora al Comité INTA del Parlamento Europeo) y el trabajo del plantel técnico del aludido Parlamento que circuló en agosto de 2025. Para estos analistas el planteo del Acuerdo birregional NO es un “game changer” (o sea un instrumento que modifica estructuralmente las relaciones birregionales, el crecimiento económico, la expansión del comercio y las corrientes de inversión).
De hecho, estimaron que la expansión del PBI anual que cabe estimar para las decisiones incluidas en el Acuerdo, es del 0,1 por ciento del PBI para la UE y del 0,3 por ciento para el Mercosur.
Entre los supuestos beneficios que obtendrá el Mercosur, figuran las exportaciones de carne que cubre la concesión otorgada por la UE.
Todos deberían estar al tanto de que, con mucha suerte, la cuota de la concesión prevista, supone el 1,5 por ciento de la oferta anual comunitaria de carne vacuna, lo que es inexacto porque el volumen neto autorizado a exportar que llegará al consumidor es un 30 por ciento inferior; apenas del 0,1 por ciento para el caso de la oferta porcina y del 1,3 por ciento de su oferta avícola.
Me pregunto cuáles son los argumentos que pueden impugnar o desacreditar las precedentes observaciones. Al respecto: a) me gustaría discutir seriamente el tema; y b) acepto la imputación de que la diplomacia comercial tiene el pésimo hábito de negociar realidades.
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