Dos empresas presentaron una denuncia por presunto acoso sindical y apuntaron contra el secretario general del gremio
El Puerto de Bahía Blanca es uno de los principales nodos logísticos de la Argentina, con un rol clave en el comercio exterior, especialmente en la exportación de granos, productos petroquímicos y combustibles.
Dos empresas que operan en el Puerto de Bahía Blanca denunciaron al Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento por presuntas acciones de bloqueo, intimidación y agresiones físicas que, según sostienen, afectaron el normal funcionamiento de sus actividades durante los últimos años.
La denuncia fue presentada por el abogado Maximiliano Gorg en representación de las compañías Hydra Argentina S.A. e Ildemar S.A., quienes señalaron que el accionar sindical constituyó “conductas arbitrarias, intimidatorias y extorsivas”. En el escrito judicial, el letrado también identificó al secretario general del gremio, Luis Oscar Pérez, como el principal responsable de estos hechos.
Entre los episodios detallados en la denuncia figura una presunta agresión física contra el capitán de una embarcación ocurrida en noviembre de 2019, mientras el buque se encontraba amarrado en el muelle.
Asimismo, las empresas denunciaron el bloqueo de la zarpada de una embarcación en octubre de 2024, como consecuencia de una asamblea sindical convocada sin previo aviso ni temario formal. Según el escrito, esta medida impidió el normal desarrollo de las operaciones portuarias.
Otro hecho señalado ocurrió en agosto de 2025, cuando, de acuerdo con la denuncia, se habría impedido el cumplimiento de tareas a bordo de un buque, lo que generó demoras y perjuicios operativos.
Las compañías también denunciaron episodios ocurridos en los primeros meses de 2026, que incluyeron la obstrucción de accesos a las instalaciones, la realización de actos considerados intimidatorios y la interrupción de actividades administrativas.
Según el documento, días después de estos incidentes se realizó una nueva asamblea sindical sin notificación previa, que volvió a impedir la zarpada de una embarcación al bloquear el embarque de la tripulación.
En la presentación judicial, el abogado de las empresas afirmó que estos hechos formaron parte de un patrón de conducta destinado a obstaculizar el normal desarrollo de las operaciones.
“A estos hechos se suman numerosas difamaciones, presentaciones y denuncias efectuadas por el sindicato ante el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca y la Prefectura Naval Argentina, las cuales fueron desmentidas por la empresa en reiteradas oportunidades”, sostuvo Gorg en el escrito.
Según la denuncia, estas acciones habrían generado perjuicios económicos y operativos para las compañías, afectando la continuidad de los servicios.
El letrado también sostuvo que la realización de asambleas sin notificación previa habría sido utilizada como mecanismo de presión. En ese sentido, afirmó que estas medidas habrían tenido como objetivo “intimidar, obstaculizar e impedir el normal desarrollo de la actividad”.
El Puerto de Bahía Blanca es uno de los principales nodos logísticos de la Argentina, con un rol clave en el comercio exterior, especialmente en la exportación de granos, productos petroquímicos y combustibles.
Los conflictos laborales en este tipo de infraestructuras pueden tener impacto directo en la operatoria logística y generar costos adicionales para las empresas, además de afectar la cadena de suministros.
Hasta el momento, el Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento no emitió una respuesta pública a la denuncia presentada por las empresas.
La causa quedó ahora en manos de la Justicia, que deberá determinar si existieron conductas ilegales y si corresponde aplicar sanciones o medidas adicionales.
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