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A la sociedad argentina se le presentan hoy desafíos enormes en un contexto de dificultad extrema. La vida cotidiana se vuelve más incierta, los vínculos sociales más frágiles y la convivencia más tensa.
Esta complejidad no surge de la nada, es el reflejo directo de decisiones políticas y económicas del gobierno de Javier Milei que han debilitado deliberadamente la capacidad de respuesta del Estado, provocado una caída abrupta de los ingresos familiares y expuesto a nuestra economía a una apertura irracional que profundiza desigualdades ya existentes.
En ese escenario de angustia social, el Gobierno vuelve a recurrir a una vieja receta, presentar soluciones simples para problemas profundamente complejos. Muchos de esos problemas no solo no fueron resueltos, sino que han sido agravados por las propias políticas oficiales. Entre esas respuestas facilistas se destaca la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal como supuesto eje central para enfrentar la inseguridad.
Conviene decirlo con claridad desde el inicio. Hay que poner todos los esfuerzos e instrumentos para combatir el delito, me preocupa la inseguridad y me importa, y mucho, la situación de las víctimas. Justamente por eso rechazo las respuestas superficiales que prometen tranquilidad social sin resolver las causas reales del problema.
La seguridad no se construye con consignas ni con atajos punitivos, se construye con políticas serias, integrales, sostenidas en el tiempo y con articulación con las jurisdicciones.
Ni la baja de la edad de imputabilidad ni el agravamiento de las penas tienen, por sí mismos, un impacto comprobado en la reducción del delito. Esto no implica negar que el derecho penal deba intervenir ni relativizar la gravedad de los hechos. El problema es otro, el razonamiento mágico que supone que una modificación normativa aislada puede revertir fenómenos sociales profundos. Como enseña cualquier docente de derecho penal, ningún delincuente consulta el Código Penal antes de cometer un delito para evaluar cuál le conviene según la pena. Las normas no previenen delitos, establecen responsabilidad una vez que el daño ya ocurrió y abren el desafío de la sanción, la reparación y la reinserción.
Hay además un dato que el oficialismo omite deliberadamente, el delito adolescente es marginal, en términos estadísticos, respecto del total de hechos delictivos. Centrar la problemática en esta dimensión es ineficaz y no protege mejor a las víctimas ni reduce la violencia social. Tan solo tranquiliza conciencias por un rato o lava las culpas de otros.
Ahora bien, dicho esto, hay algo que no puede quedar bajo ninguna duda, frente a un delito grave cometido por un adolescente debe existir una respuesta del Estado. No es posible, ni deseable, explicarle a la sociedad que un hecho como un homicidio o una violación no tendrá sanción. El adolescente que comete un delito debe asumir su responsabilidad. Lo que está en discusión no es si hay sanción, sino qué tipo de sanción, con qué objetivos y bajo qué condiciones institucionales.
Si se discute un régimen de responsabilidad penal juvenil, debe discutirse un sistema específico, con jueces especializados, equipos interdisciplinarios, alternativas al encierro y dispositivos que busquen interrumpir la trayectoria que llevó al delito. Todo ello debe ser garantizado por la inversión necesaria en mejoras institucionales y de infraestructura en las jurisdicciones para dar la respuesta que la problemática demanda.
La Argentina cuenta, además, con un marco legal que no puede ser ignorado, la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Esa norma dejó atrás la lógica del patronato y estableció un cambio de paradigma, el Estado no puede limitarse a castigar, tiene la obligación de garantizar derechos, intervenir tempranamente y construir respuestas acordes a la edad y a la situación de cada adolescente. Incluso en contextos de restricción de libertad, el Estado está obligado a garantizar educación, formación y acompañamiento. Eso no es un gesto humanitario, es una obligación legal.
La experiencia argentina demuestra, además, que el endurecimiento penal no resolvió los problemas estructurales de la inseguridad. Tras el asesinato de Axel Blumberg, por ejemplo, se impulsaron reformas que aumentaron penas y endurecieron el Código Penal. El delito, sin embargo, no disminuyó de manera sostenida. El impacto fue principalmente simbólico, una respuesta emocional a una tragedia real, pero sin efectos duraderos sobre las causas del delito.
Nada de esta complejidad aparece en la propuesta del Gobierno. Por el contrario, asistimos a una demagogia punitiva desplegada en paralelo a un ajuste brutal sobre las políticas educativas, sociales, culturales y deportivas. En un país federal, donde los dispositivos de cuidado, acompañamiento y reinserción dependen en gran medida de provincias hoy asfixiadas financieramente, reducir la edad de imputabilidad sin fortalecer el entramado institucional es garantizar el fracaso.
Sin una respuesta integral, el impacto de esta medida será nulo. Peor aún, será una estafa discursiva. Disminuir únicamente la edad de imputabilidad mientras se desfinancian las políticas que permiten romper trayectorias de exclusión, se debilitan las escuelas, se abandonan los barrios y se vacía de recursos a las provincias es mentirle a la sociedad. Es sacarse el problema de encima y trasladarlo a adolescentes que ya llegan tarde al radar del Estado.
Mi compromiso como diputado es claro, acompañar una eventual disminución de la edad de imputabilidad si forma parte de una política integral, coordinada con las provincias y cofinanciada por el gobierno federal. Una política que incluya prevención temprana, seguimiento de trayectorias educativas y sociales, fortalecimiento del deporte y la cultura, apoyo a organizaciones sociales y eclesiásticas con presencia territorial, y un sistema de justicia juvenil que sancione, pero también transforme.
Frente a un delito cometido por un adolescente, la respuesta estatal debe ser firme y responsable, sancionar el hecho, reparar el daño en la medida de lo posible y trabajar activamente para que no vuelva a ocurrir. El adolescente debe asumir su responsabilidad, pero el Estado también debe asumir la suya, desplegando las políticas necesarias para dar una respuesta integral y efectiva. En esta discusión no solo se juega una política de seguridad, se juega qué sociedad queremos ser y qué país estamos dispuestos a construir.
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