De aprobarse por el Congreso, tiene que revertir las resoluciones que regulan el otorgamiento de patentes de invención que datan de 2012. Hasta se menciona la creación de una Fiscalía de la Propiedad Intelectual.
El acuerdo con EEUU obliga a tener un nuevo esquema para el otrgamientos de patentes de invención.
El acuerdo de comercio que firmó la Argentina con Estados Unidos en lo inmediato implica una reducción más o menos acelerada de manera recíproca de aranceles para algunos productos. Pero en materias como patentes industriales marca una línea de discusión en las que el país se asume fuertes compromisos frente a Washington.
De acuerdo con el convenio, en caso de ser aprobado por el Congreso, el país tendrá que desmontar su mecanismo actual para conceder patentes. En otros casos, tendrá que hacer gestos importantes en favor de los intereses de las empresas americanas.
Por caso, el texto dice: “Argentina someterá al Congreso para su consideración y votación sobre ratificación el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, hecho en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado el 28 de septiembre de 1979 y modificado el 3 de febrero de 1984, antes del 30 de abril de 2026”.
No dice nada respecto a si el Congreso argentino no aprueba ese texto. No obstante, el Poder Ejecutivo tendrá la obligación de derogar las resoluciones 118/2012, 546/2012 y 107/2012, que regulan los criterios de patentamiento en invenciones químico-farmacéuticas; y la resolución 283/2015, que regula los patentamientos de biotecnología. Esas normas hacen referencia a acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El acuerdo con Estados Unidos no incluye compromisos adoptar al amparo de esa normativa multilateral.
El gobierno de Javier Milei tendrá que desmontar el sistema por el cual se otorgan o no patentes y elaborar uno nuevo. En Argentina las patentes de invención duran 20 años contados a partir desde el momento en que una empresa la solicita. Se estila en muchos casos demorar el otorgamiento, para acotar el plazo de exclusividad del autor. Así pasa a dominio público antes y laboratorios que no han hecho el desarrollo pueden usar las fórmulas.
Las resoluciones que tiene que derogar el gobierno argentino implica cambiar el procedimiento, incluso hasta de determinar el criterio de patentabilidad, es decir, definir si una fórmula es nueva o un simple desarrollo de algo ya hecho. En el caso de las patentes de semillas implicaría limitar el uso de “semilla propia” que hacen los productores. Es decir, limitar la cantidad que pueden guardar de su propia cosecha para volver a sembrar.
Argentina también se compromete a remitir al Poder Legislativo, antes de fines de 2027, para su ratificación los siguientes acuerdos:
Convenio sobre la distribución de señales portadoras de programas transmitidas por satélite, hecho en Bruselas el 21 de mayo de 1974.
Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes, hecho en Budapest el 28 de abril de 1977, modificado el 26 de septiembre de 1980.
Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de dibujos y modelos industriales, hecho en Ginebra el 2 de julio de 1999.
Protocolo relativo al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, hecho en Madrid el 27 de junio de 1989.
Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, hecho en Singapur el 27 de marzo de 2006.
Convención Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, hecha en París el 2 de diciembre de 1961, revisada en Ginebra el 19 de marzo de 1991.
También el gobierno argentino queda obligado a implementar plenamente acuerdos como el de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas del 24 de julio de 1971; el Convenio de París para Protección de la Propiedad Intelectual de 1883, revisado en 1967, y el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, sobre derechos de autor de 1996, entre otros.
Pero no solo ello, en lo inmediato el Ejecutivo se compromete a llevar a cabo acciones de combate contra la piratería de marcas. Entre ellas, establecer en la ley “multas pecuniarias más elevadas y penas de prisión para los delitos de falsificación cometidos por redes delictivas organizadas”. También asume el compromiso de analizar la creación de una Fiscalía de Propiedad Intelectual, que se especialice en el delito de las falsificaciones.
Se incluye el compromiso de “investigar y presentar procesos penales contra operadores de sitios web con sede en Argentina que participan en piratería de derechos de autor a escala comercial”.
En ese marco, el Gobierno tendría que “aumentar el número de allanamientos y decomisos efectivos en los mercados y centros de distribución más notorios de Argentina en busca de productos falsificados y pirateados”. Esto es lo que se conocen como “saladitas” que cobraron notoriedad hace un par de décadas.
Por otro lado, Buenos Aires quedó comprometido a elaborar un informe que analice las causas de los retrasos en el proceso de concesión de patentes, identifique las atribuibles a factores administrativos y evalúe la viabilidad legal de las extensiones del plazo de las patentes en caso de retrasos irrazonables.
Director: Gabriel Morini - Propietario: Nefir S.A. - Domicilio: Olleros 3551, CABA - Copyright © 2019 Ambito.com - RNPI En trámite - Issn 1852 9232 - Registro DNDA en trámite - Todos los derechos reservados - Términos y condiciones de uso