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El fiscal federal Franco Picardi apeló el fallo que archivó las denuncias contra el ex presidente de la Nación Mauricio Macri y funcionarios de su gobierno de como Luis Caputo y Federico Sturzenegger, actuales ministro de Javier Milei, por el acuerdo de 2018 con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 57.100 millones de dólares. El fiscal fue un poco más allá: consideró que hay elementos para citarlos a indagatoria.
“A criterio de esta acusación, existe una posible plataforma criminal que ha podido ser acreditada a lo largo de la investigación, tal como se ha mencionado, que amerita, incluso, continuar con la pesquisa y avanzar hacia nuevas instancias procesales, como los llamados a indagatorias de las personas mencionadas”, señaló el fiscal en su dictamen al que accedió Clarín.
La indagatoria es la instancia en la que a una persona se la acusa formalmente de un delito para que pueda defenderse. El fiscal no pidió formalmente las indagatorias pero entiende que hay elementos que sea citados. Ahora intervendrá la Cámara Federal que tendrá un rol clave: si confirma el archivo de la causa o si lo revoca y se avanza en la investigación y en las indagatorias.
El hecho cuestionado ocurrió en el gobierno de Macri pero alcanza a dos funcionarios centrales de la actual gestión: Caputo, ministro de Economía, y Sturzenegger, a cargo de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado. Ambos fueron presidentes del Banco Central de la República Argentina (BCRA) cuando se firmó el acuerdo. Sturzenegger de 2015 a 2018 y Caputo en un tramo del 2018. Previamente, Caputo había sido ministro de Finanzas.
En la causa, el gobierno de Milei era querellante y este jueves publicó un decreto en el Boletín Oficial que se retiraba del expediente. Lo hizo un día antes que venza el plazo para apelar el cierre del caso. La querella era de la Procuración del Tesoro de la Nación, y se había iniciado en 2021 durante el gobierno de Alberto Fernández y cuando en ese organismo su titular era Carlos Zannini.
El expediente se abrió en 2019 y se acumularon varias denuncias para que se investigue cómo fue el acuerdo del gobierno de Macri con el FMI por 57.100 millones de dólares que se firmó en dos tramos en 2018. Fueron denunciados el ex presidente, el entonces ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, el ex jefe de Gabinete de la Nación Marcos Peña, Caputo, Sturzenegger, el ex presidente del BCRA Guido Sandleris y ex funcionarios del BCRA y del Ministerio de Finanzas.
La jueza federal María Eugenia Capuchetti archivó la causa este lunes. Consideró que no se cometió ningún delito, que el acuerdo con el FMI fue una cuestión política no judiciable y que las denuncia fueron discrepancias con la decisión del gobierno de Macri.
"No se advierte, a esta altura de la encuesta, la acreditación de extremos que permitan afirmar, con la entidad suficiente, la existencia de un deliberado propósito orientado a defraudar al erario público", sostuvo en un tramo de su resolución y resaltó que distintas áreas técnicas avalaron el acuerdo.
El fiscal Picardi consideró que el archivo de la causa era prematuro y que había prueba "ignorada deliberadamente por la magistrada". Por eso este jueves presentó la apelación para que sea revisada por la Cámara Federal.
En su dictamen, el fiscal consideró que los acusados cometieron el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos porque incumplieron una serie de normas vinculadas al trámite de los acuerdos con el FMI, entre ellas la Constitución Nacional.
"No solo la deuda se sabía insostenible, sino que, para poder obtenerla en un breve plazo, las personas involucradas incumplieron la Constitución Nacional y las leyes que regulan el funcionamiento y los procedimientos de la administración pública. En efecto, vulneraron las normas que establecen cómo se accede a este tipo de créditos, quiénes deben intervenir para ello, qué controles deben ejercerse, con qué dictámenes y evaluaciones previas se debe contar sin excepciones para garantizar la solvencia ante la deuda y cómo deben documentarse las actuaciones", sostuvo el fiscal.
Entre la prueba de causa, enumeró el informe 294/2020 de la Auditoría General de la Nación que dio cuenta de una serie de irregularidades y otros de la Sindicatura General de la Nación según los cuales hubo un perjuicio al estado nacional de 29.618 millones de dólares.
El fiscal también consideró que hay que profundizar la investigación respecto a una posible administración fraudulenta ante la fuga de parte de los dólares del acuerdo hacia sectores privados. La Fiscalía señaló que hay "relaciones viciadas que se desarrollaron entre el Poder Ejecutivo de la Nación y el BCRA" y que hubo disposiciones del Ministerio de Hacienda y del Banco Central que autorizaron transferencia de capitales que no eran el propósito del acuerdo.
Por último, Picardi consideró que "más allá de que la doctrina de las cuestiones políticas no judiciables posee validez" en este caso hay elementos para avanzar en las indagatorias de los ex y actuales funcionarios.
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