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El Poder Judicial logró una mejora sustancial en un ítem clave de su presupuesto: los bienes de uso. El Gobierno accedió a incrementar ese punto en un 280% para 2026. Pero la Procuración General de la Nación, que afronta un 46% de cargos vacantes y que vio reducido sus ingresos según el Presupuesto aprobado en el Congreso, aguarda por una mejora en los números que no tienen “margen para ningún tipo de inversión en una crisis total”, señalaron fuentes judiciales a Clarín. La Casa Rosada analiza ese presupuesto en detalle.
Para el año en curso, el Ministerio Público Fiscal requirió 815.000 millones de pesos, pero el Gobierno avaló una partida de 539.546 millones. En simultáneo, recuerdan en la Procuración, “el gobierno busca avanzar con el sistema acusatorio, donde los responsables de investigar serán los fiscales pero cada vez con menos recursos”.
Pese a que el Ministerio Público es el que debe decidir si hay elementos de prueba suficiente para dar inicio a una investigación, un 46,86% de las fiscalías está vacante. Fuentes de la Procuración General de la Nación, recuerdan que “la responsabilidad de designar fiscales como jueces y defensores oficiales es del Poder Ejecutivo”.
Con el correr de las semanas, los sillones vacíos continuarán incrementándose. Entre los trámites de jubilación en curso, renuncias y el número de cargos que hace más de cinco años no se cubren con regularidad, el Ministerio Público Fiscal transita una crisis sin precedentes: se estima que de cara al 2026 a este ritmo, las vacantes podrían superar ampliamente el 46%. Lo que conduciría a la Procuración a tener casi la mitad de sus cargos sin cubrir.
Hoy, de los 367 cargos del Ministerio Público Fiscal de la Nación, 172 se encuentran vacantes. Según números oficiales, hay 40 ternas elevadas al Poder Ejecutivo Nacional sin ser remitidas hace más de un año y medio, al Congreso.
En medio de ese dato estadístico, el Gobierno considera que está en condiciones de implementar en abril el sistema acusatorio en Comodoro Py, el fuero donde tramitan casos complejos y de impacto social como político.
La extrema falta de fiscales no es el único desafío del ministerio público. Economía presupuestó un 26,6% menos de lo que había pedido la Procuración. “Se viene con presupuestos prorrogados pero siempre con estimaciones que rondan entre el 26 y 30 por ciento menos de lo requerido año tras año, y eso repercute en infraestructura, en inversiones necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del MPF”, explicó una fuente judicial.
Esa merma, según volcó el jefe de los fiscales en más de una nota enviada al Ministerio de Justicia, dificulta la “correcta implementación del sistema acusatorio”.
El año pasado, la Procuración había proyectado una necesidad de 614.000 millones de pesos para 2025, sin embargo, el Gobierno le aprobó solo 454.807 millones. El problema es que la cobertura de salarios demanda más de 400 mil millones de pesos. Eso aleja cualquier posibilidad de inversiones.
Ante la consulta de Clarín, fuentes oficiales señalaron que están analizando los números de partidas presupuestarias para la Procuración. Es más, se estudia “la posibilidad de otorgarles más cargos”. Aún no se concretó. “Mientras vemos mejoras en los fondos otorgados al Poder Judicial, el MPF sigue aguardando”, indicó una fuente judicial al respecto.
El Poder Judicial logró más recursos para un ítem relevante dentro de la conformación de su presupuesto. A finales de 2025, en Comodoro Py las luces de alerta se encendieron al observar los números avalados por el gobierno dentro de la ley de presupuesto. La reducción más sensible se observó en los bienes de uso, que habían sufrido un recorte por encima del 70%. Eso hacía peligrar el correcto desarrollo de los grandes juicios de corrupción.
El Poder Judicial recibirá un 22,6% menos de lo requerido por el Consejo de la Magistratura y remitido al Poder Ejecutivo como partida necesaria para su normal funcionamiento este 2026.
El presupuesto se compone de cuatro rubros esenciales: gastos de personal, bienes de consumo, servicios no personales y bienes de uso.
A criterio de quienes conocen en detalle el armado de la partida presupuestaria para la justicia, los rubros más relevantes son el primero -el gasto en personal demanda prácticamente el 90% de lo proyectado- y los bienes de uso.
Este último ítem incluye: refacciones, obras menores y de mayor envergadura, como la puesta a punto del sistema tecnológico para hacer frente a la implementación del nuevo Código Procesal Penal.
¿Cuánto había pedido el Poder Judicial? En bienes de uso se había proyectado 28.973.850.716 6 pesos. Lo que recibirán 7.600 millones de pesos. Un 73% menos.
“Los sueldos no están en riesgo. La justicia viene hace años arrastrando problemas de infraestructura y recursos humanos que están al límite”, indicó una fuente judicial al analizar los números. La referencia expone otro número: el 32,9% de los juzgados y tribunales del Poder Judicial federal y nacional está vacante y como contó Clarín, esa cifra trepará al 36% hacia fin de año si el Gobierno continúa sin designar un solo magistrado.
Con el ajuste en el presupuesto para mantenimiento y refacciones, quienes están al tanto de la administración de los recursos en Comodoro Py afirman que lo primero que se verá afectada es la “infraestructura y el trabajo en renovación tecnológica, que incluye el cableado del edificio”.
Este año, luego de negociaciones con el Gobierno, el Poder Judicial logró una mejora significativa para infraestructura: un aumento del 280%.
El último 27 de agosto, el Plenario aprobó con 15 votos a favor el presupuesto proyectado para el Poder Judicial de la Nación para 2026 por la suma de 2.007.943.778.229 pesos.
Ante esos números, el Jefe de Gabinete a través de una Decisión Administrativa 1/2026 publicada en el Boletín Oficial el 20 de enero de este año, otorgó un total de 28.973.850.716 pesos de crédito presupuestario en el inciso 4 (bienes de uso) del presupuesto del Consejo.
Esto representa, en este inciso, un incremento del 280% en relación a lo asignado por la ley de presupuesto N° 27.798, y responde al monto oportunamente estimado por el plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación.
Redactora de la sección Política, especializada en noticias judiciales. [email protected]
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