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El año arrancó con un refuerzo a la motosierra sobre el gasto público: cayó 4,2% en enero en comparación con el mismo mes del año anterior, según una estimación privada, por recortes adicionales en envíos de fondos a gobernadores y muy baja ejecución de obra pública, dos rubros que ya venían con un ajuste acumulado.
Así surge de una estimación que hizo la consultora Analytica en base a información de enero del Presupuesto Abierto, un portal oficial con datos actualizados. El 2026 será particular: en un año en que el Ministerio de Economía necesitaría una nueva "ronda" de poda del gasto para sostener el superávit, la suspensión del índice de inflación actualizado podría darle una "ayuda" al Gobierno.
El recorte del gasto primario habría sido de 4,2% en enero, lo que se entiende por una caída en la obra pública y giros de fondos a los gobernadores. Para el caso de la obra pública, las erogaciones cayeron 97% y se mantienen en niveles mínimos. Las transferencias a gobernadores retrocedieron 64,5%.
De todas formas, una parte de ese retroceso general está explicado por la base de comparación con 2025. En enero del año pasado, por el contrario, el gasto había aumentado con fuerza (más de 10%) porque en el 2024 tuvo lugar, a su vez, un desplome de 30%. Para "limpiar" ese efecto de bases de comparaciones irregulares, una forma de resumirlo es que entre enero de 2023 y enero de 2026 el gasto cayó un 18%.
Otra conclusión que se desprende del trabajo de Analytica es que todo el proceso de ajuste del gasto estuvo mucho más concentrado en 2024, con caídas mensuales que llegaron a ser de hasta casi 40%. En 2025 el peso de algunas erogaciones indexados como las jubilaciones provocaron el efecto opuesto y el gasto se mantuvo estable todo el año.
Los gastos que toma en consideración Analytica son lo que se consideran devengados, es decir, son los compromisos de pago realizados por el sector público nacional, no necesariamente efectivizados.
Economía informa mensualmente lo que se llama "base caja", los pagos que se concretaron. Por esa razón, los porcentajes de variación de gasto que estiman las consultoras privadas pueden no coincidir con lo que informa la Secretaría de Hacienda. El próximo informe oficial se conocerá dentro de dos semanas.
Para el 2026, esos gastos que están atados a la evolución de la inflación obligarán al Gobierno a realizar otra ronda de ajustes. Para Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), "este año tiene varios desafíos fiscales, siendo esperable que el gasto agregado no baje en términos reales y que los ingresos reales tengan un aumento, sin considerar los efectos de la posible sanción de la modernización laboral y de otras medidas que puedan llevarse adelante".
En ese contexto, un elemento inesperado podría ayudarle a la Casa Rosada a sostener el equilibrio en las cuentas. Un informe del Banco Provincia calculó que la suspensión del nuevo índice de inflación podría representarle al Estado nacional un ahorro en pagos de intereses de deuda y en prestaciones sociales indexadas.
Eso sucede porque existen una serie de partidas presupuestarias que dependen de la variación de los precios y del resultado del IPC de cada mes. El banco público bonaerense calculó que el índice actualizado de inflación supondría un IPC anual 2,7 puntos porcentuales más alto que con la medición vieja (28,6% contra 25,9% con el método actual).
"Entre otras cosas, jubilaciones, pensiones y asignaciones ajustan de manera automática por el último IPC conocido, a la vez que los títulos CER varían su capital en base a la misma fórmula", planteó el Bapro.
En ese marco, explicaron que sostener la medición con la metodología actual generaría un ahorro teórico de 5 billones de pesos, lo que equivaldría a unos 0,5% del PBI. Presupone, para llegar a esa conclusión, aumentos de tarifas por encima de la inflación general, en especial en marzo y septiembre.
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