A través del decreto 88/2026 la gestión disolvió el Instituto de Obra Social de Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA). Además, también detalló los lineamientos para la creación de los dos nuevos agentes de seguro de salud
“El Estado Nacional pone en marcha OSFA, la nueva obra social de las Fuerzas Armadas, creada para garantizar una cobertura de salud ordenada, previsible y sostenible para los integrantes de las Fuerzas Armadas y sus familias de todo el país”. Así dice el comunicado número 1 de la entidad de asistencia social castrense que creó el Gobierno nacional a través del decreto 88/2026, firmado por el presidente de la Nación, Javier Milei.
El texto en esencia disuelve el Instituto de Obra Social de Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) y crea dos organismos separados: OSFA, Obra social de las Fuerzas Armadas, que nuclea afiliados del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y personal civil que presta servicios en las fuerzas y OSFFESEG, Obra social de fuerzas federales de Seguridad, que agrupa al personal de Gendarmería y Prefectura.
La norma publicada en el Boletín Oficial termina con un ciclo de gobernanza en manos de políticos que arrancó con el decreto 637/13 de creación del ahora disuelto IOSFA.
Se llegó a esta decisión tras una agonía financiera y de gestión política por años que llevó al IOSFA al borde del quebranto con impacto negativo en las prestaciones a los afiliados. Durante la gestión Petri, la deuda de la obra social pasó de $44.000 millones a $210.000 millones.
La crisis larvada se aceleró en el periodo que lideró el médico mendocino Oscar Sagás, convergieron factores heredados, la casi hiperinflación de Massa la adecuación del precio del dólar amordazado con impacto en costos médicos y la deficiente gestión de Sagás que no supo contener gastos ni anticipar soluciones.
El pasivo del IOSFA alcanza alrededor de 250 mil millones de pesos y ahora tocará a Economía la solución del problema según se lee en el artículo 12 del decreto; “El Poder Ejecutivo Nacional instrumentará las medidas necesarias a los efectos de determinar el proceso para la cancelación de los pasivos del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA)”.
El proceso de disolución y liquidación de IOSFA estará a cargo de “un Administrador designado por el Ministerio de Defensa”.
Es el protagonista central responsable de llevar adelante la transferencia de activos, saldar deudas, traspaso de afiliados, personal, derechos, obligaciones de todo tipo, disponibilidades y bienes muebles e inmuebles.
El decreto le otorga el lapso de un año quizá demasiado generoso para un trámite que requeriría de mayor prontitud dada la necesidad de funcionar a pleno cuanto antes de la nueva estructura. En ese plazo convivirá el exIOSFA con el directorio de disueltos, el Administrador y una Comisión Ad Hoc.
El Administrador tendrá asesoramiento no vinculante de una Comisión Especial Ad-Hoc, compuesta por representantes de Defensa y de los ministerios de Seguridad, Salud y Economía. La Sindicatura General de la Nación también designará un síndico para controlar y auditar la transición.
La norma estipula que el ministerio de Defensa tendrá 60 días corridos y el de Seguridad 180 para notificar la transferencia definitiva de los afiliados de las Fuerzas Armadas y de las de Seguridad a las nuevas entidades de obra social.
El dato se vincula con los aportes y contribuciones de los respectivos ministerios que a partir de ese plazo comenzarán a transferirse a las nuevas entidades, OSFA y OSFFESEG.
El artículo 14 del decreto reserva para el Poder Ejecutivo la aprobación de la “estructura orgánica funcional y el régimen administrativo, patrimonial, contable, de control, de recursos humanos y de compras y contrataciones” de la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad y de la nueva OSFA.
Traducido al idioma del poder burocrático, la meneada crítica a que este cambio implica una vuelta que favorece la autonomía de “la corporación uniformada” luce sin fundamento.
“El Estado Nacional asumió las obligaciones de pago del sistema anterior, permitiendo que la nueva obra social comience a operar sin deudas ni condicionamientos, y asegurando previsibilidad tanto para los afiliados como para los prestadores de servicios de salud”.
De cumplirse el párrafo que OSFA publicó hoy en su sitio oficial, el arranque de la gestión castrense tiene un horizonte plausible.
La nueva estructura de gestión se integra con un directorio de 5 miembros (con suplentes) que designa y remueve el ministro de Defensa. Se mantiene la distribución anterior de dos por el Ejército, uno por la Armada, uno por la Fuerza Aérea y finalmente, un representante del personal civil de las FFAA o del personal civil de OSFA.
La nueva estructura de gestión se integra con un directorio de 5 miembros que designa el ministro de Defensa.
Una novedad es que el directorio ahora tendrá más funciones de gestión que en la versión del disuelto IOSFA, por caso, “aprobar la contratación del personal, su traslado y asignación de responsabilidades”. Se trata de una atribución que garantiza la selección y elegibilidad alejando postulaciones amañadas.
En el anexo al decreto sobre disposiciones particulares de OSFA que firmó el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti se establece que los recursos de la obra social se componen de los aportes de los afiliados, las contribuciones patronales, los ingresos producidos por la venta y renta de activos de OSFA, los recursos fijados por la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para su funcionamiento y aquellos provenientes de prestaciones u otros servicios y los legados y donaciones recibidas.
Además, dice que OSFA destinará, como mínimo, el 80% de la totalidad de los recursos a la prestación de servicios de salud. Y, como máximo, un 8% a gastos administrativos y de funcionamiento.
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