Bento fue declarado culpable por liderar una estructura criminal integrada por abogados defensores, despachantes de aduana y efectivos policiales, que operó durante al menos cinco años.
La causa ingresó en la etapa de cesura, en la que el Tribunal Oral Federal N.º 2 debe resolver las condenas para todos los acusados.
En el marco del juicio de cesura que se desarrolla en los tribunales federales de Mendoza, la fiscalía solicitó este jueves una pena de 18 años de prisión para el exjuez federal Walter Bento, condenado como jefe de una asociación ilícita dedicada al cobro de coimas a cambio de favores procesales. El pedido incluye además la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos, percibir jubilaciones o pensiones, y una multa de 752 millones de pesos por el delito de enriquecimiento ilícito.
Durante la segunda jornada dedicada exclusivamente a definir el monto de las condenas, los fiscales también solicitaron que se mantengan las actuales condiciones de detención -prisión efectiva y domiciliaria- para todos los condenados hasta que la sentencia quede firme.
El martes, el Tribunal Oral Federal N.º 2 de Mendoza había declarado culpable a Bento por liderar una estructura criminal integrada por abogados defensores, despachantes de aduana y efectivos policiales, que operó durante al menos cinco años. Según la acusación, el ex magistrado utilizó su cargo para favorecer a contrabandistas y narcotraficantes a cambio de sobornos.
El tribunal avaló el planteo del equipo fiscal integrado por María Gloria André, Dante Vega, el titular de la Procelac, Diego Velasco, y la auxiliar fiscal Ileana Schygiel, quienes sostuvieron que Bento ocupó un rol central e insustituible dentro de la organización. “Fue el único jefe de la asociación ilícita, con hechos reiterados y acuerdos espurios”, afirmó André al fundamentar el pedido de pena.
Bento, que lleva más de dos años detenido en la cárcel de Cacheuta, también fue condenado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, delitos que, según la fiscalía, se materializaron a través de maniobras patrimoniales realizadas junto a miembros de su familia. Velasco detalló que el ex juez adquirió 16 inmuebles, siete unidades comerciales y once vehículos, varios de ellos de alta gama. “No se trató de una necesidad económica, sino de codicia”, sostuvo.
En relación con los demás condenados, el Ministerio Público solicitó seis años de prisión para Marta Boiza, esposa del exmagistrado y su exsecretaria privada, por su participación en las maniobras de enriquecimiento y lavado. En el caso de su hijo mayor, Nahuel, pidieron una pena de cinco años de prisión y una multa de 41 millones de pesos. Al cerrar su exposición, la fiscal André subrayó el impacto institucional del caso. “Será difícil revertir el daño causado a la sociedad por una causa de estas características”, señaló.
Durante el debate, las defensas intentaron sin éxito cuestionar el proceso, al plantear la nulidad del juicio por la fragmentación del debate y por supuestas inconsistencias en la aplicación del sistema mixto entre el Código Procesal Penal Federal y el código anterior. Los planteos fueron rechazados por las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá y María Carolina Pereyra.
En ese contexto, el tribunal habilitó una nueva instancia de declaración para los condenados antes del pedido formal de penas. Bento volvió a tomar la palabra y centró su exposición en su situación personal y familiar, al referirse especialmente a los problemas de salud de su hijo Facundo, con discapacidad, y al impacto que su detención genera en el entorno familiar. “Facundo durante toda su vida necesitó y necesitará cuidados”, expresó, en un nuevo intento por obtener el beneficio de la prisión domiciliaria.
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