El Ejecutivo reglamentó la Ley de Emergencia en Discapacidad tras un fallo judicial y definió el nuevo esquema de pensiones, controles y auditorías.
La Justicia obligó al Ejecutivo a poner en marcha la ley luego de declarar inválida su suspensión por razones presupuestarias.
El Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, luego de una orden judicial que exigió su aplicación inmediata. La norma define cómo se implementarán las políticas, las prestaciones y el nuevo régimen de pensiones, y establece controles, auditorías y mecanismos de coordinación federal.
La reglamentación quedó plasmada en el Decreto 84/2026, que puso en funcionamiento la Ley 27.793, sancionada por el Congreso en julio de 2025 pero sin aplicación efectiva hasta ahora. La vigencia de la emergencia se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año.
Aunque la ley había sido aprobada el año pasado, el Poder Ejecutivo había supeditado su aplicación a la disponibilidad presupuestaria. Esa decisión fue cuestionada en la Justicia y, en diciembre, el juez federal de Campana Adrián González Charvay declaró inválido el artículo que suspendía su entrada en vigencia y ordenó su “inmediata puesta en marcha”.
El magistrado sostuvo que condicionar la ley al presupuesto resultaba incompatible con las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado y advirtió que el desfinanciamiento ponía en riesgo tratamientos esenciales para personas con discapacidad. Si bien el Gobierno apeló el fallo, la Justicia habilitó la feria judicial para supervisar su cumplimiento y exigió avances concretos.
Con la publicación del decreto, el Ejecutivo formalizó el proceso de implementación y estableció el marco operativo y administrativo de la norma.
Uno de los ejes centrales de la reglamentación es la creación del nuevo régimen de Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social. El decreto define los criterios de acceso, permanencia, incompatibilidades, procedimientos administrativos y mecanismos de control.
La norma centraliza la política de discapacidad en el Ministerio de Salud y refuerza los esquemas de auditoría y control estatal.
Además, dispone la conversión automática de las pensiones no contributivas otorgadas con anterioridad al nuevo esquema, previa verificación administrativa. Esto implicará un proceso de identificación y revisión de miles de prestaciones vigentes.
La normativa también establece que la evaluación socioeconómica deberá compatibilizar la función protectora de la pensión con los objetivos de inclusión social y laboral, evitando superposiciones con otros beneficios.
La Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad y su reglamentación a través del Decreto 84/2026 configuran un esquema integral que combina asistencia económica, acceso a prestaciones, inclusión laboral y mecanismos de control estatal. A continuación, los puntos centrales que definen el alcance de la norma y su implementación.
Con la reglamentación ya en vigencia, la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad dejó de ser una declaración formal para convertirse en un esquema operativo concreto. El desafío, a partir de ahora, estará puesto en la implementación efectiva de las medidas previstas, el control del sistema de pensiones y prestaciones, y la capacidad del Estado de garantizar derechos en un contexto de restricciones fiscales y alta demanda social.
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