Las centrales obreras definieron un plan de lucha contra el proyecto libertario. Ambas medidas se llevarán a cabo cuando sea tratada en el pleno del Senado. La fecha prevista es el 11 de febrero.
Los dirigentes gremiales Hugo Yasky y Hugo Godoy, representantes de ambas centrales obreras, durante el plenario de esta tarde.
La CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores resolvieron este martes convocar a un paro con movilización para cuando se lleve a cabo el debate de la reforma laboral en el Senado de la Nación. La medida se encuadra dentro de un plan de lucha que impulsan ambas gremiales contra el proyecto del gobierno de Javier Milei. En paralelo, la CGT se reunirá este viernes y no descarta medidas de fuerza.
La decisión fue tomada en el marco de un plenario que se llevó a cabo esta tarde. "La medida de fuerza se realizará cuando comience a tratarse la ley en el Congreso Nacional", señalaron. La fecha prevista para la sesión es el 11 de febrero.
Asimismo, tal como se viene anunciando en las diferentes reuniones realizadas en la sede de la UOM, ambas centrales ratificaron la convocatoria a movilizarse el próximo 5 de febrero en la ciudad de Córdoba y el 10 de febrero en Rosario, con el objetivo de federalizar la lucha y fortalecer la organización en todo el territorio nacional.
Durante el encuentro, Hugo “Cachorro” Godoy, titular de la CTA Autónoma, señaló que “este proyecto de reforma laboral es un ataque directo a los derechos de todo nuestro pueblo y un golpe a la democracia misma". "No se trata de ninguna 'modernización'", dijo, aludiendo al nombre del proyecto del oficialismo, sino de un "intento de regresión brutal que pretende retroceder las condiciones laborales al siglo XIX".
El gremialista denunció que la reforma busca eliminar "conquistas históricas" como las vacaciones pagas, el descanso semanal, la indemnización, la jornada de 8 horas y las garantías mínimas de protección. "Las consecuencias serían más precarización, crecimiento de la informalidad, aumento del desempleo y mayor exclusión social”, afirmó.
En ese tono agregó que “esta reforma busca deliberadamente maniatar al movimiento sindical, debilitando la organización colectiva de las y los trabajadores para imponer un modelo de ajuste, disciplinamiento y pérdida de derechos. No es una reforma, es un retroceso. Y frente a eso, la respuesta es más unidad, organización y lucha”.
A su turno, Hugo Yasky, contraparte de la CTA de los Trabajadores, aseguró que la reforma es un “ataque del gobierno contra las y los trabajadores" que tiene lugar "en un contexto alarmante", dado que Argentina atraviesa "uno de los salarios promedio más bajos de América Latina”.
“Mientras tanto, el sector público es tomado como rehén, con una pérdida de alrededor del 30% del poder adquisitivo, en medio de anuncios de miles de nuevos despidos. A esto se suma el ahogo financiero de las provincias, asfixiadas por la quita de recursos dispuesta por el gobierno de Javier Milei”, señaló Yasky.
Por último sostuvo que “la reforma laboral y el ajuste no son medidas aisladas, forman parte de un proyecto regresivo que busca descargar la crisis sobre quienes viven de su trabajo”.
Mientras tanto, tal como informó Ámbito, la Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a una reunión de su consejo directivo para este viernes, con el objetivo de definir su posición frente al proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno y que comenzará a debatirse en el Congreso. El encuentro fue citado para analizar el estado de las negociaciones con diferentes sectores y evaluar posibles respuestas de la central sindical.
El Congreso puso en marcha el lunes el período de sesiones extraordinarias, convocado por el presidente Javier Milei y formalizado mediante el Decreto 24/2026 publicado en el Boletín Oficial. El llamado se extenderá hasta el 27 de febrero, un tramo fuera del calendario ordinario en el que el Poder Ejecutivo busca avanzar con parte de su paquete de reformas antes del inicio formal del año parlamentario el 1° de marzo.
La agenda legislativa para estas semanas está cuidadosamente delimitada por el Ejecutivo y concentra el debate en una serie de proyectos que, por su impacto político y social, vienen generando tensiones en el recinto y en la calle. Entre los temas principales figuran: la reforma laboral, la Ley de Régimen Penal Juvenil, la modificación de la Ley de Glaciares, el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea y la designación de embajadores extraordinarios. Quedó pospuesta la búsqueda de modificar el Código Penal.
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