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Luego de dos años marcados por fuertes aumentos de tarifas, el Gobierno comienza a delinear una política tarifaria en sentido estricto. Hasta ahora, los ajustes aplicados en energía tuvieron el claro objetivo de reducir el peso de los subsidios económicos en las cuentas públicas.
Esa estrategia si bien permitió corregir precios relativos, dejó prácticamente intacta la estructura de “segmentación tarifaria” heredada del gobierno anterior. La reciente resolución de la Secretaría de Energía, que define un nuevo mecanismo de focalización de subsidios, marca un punto de inflexión.
El avance hacia un esquema de focalización que implica en principio solo distinguir entre usuarios subsidiados y no subsidiados es una buena noticia. No solo porque ordena el sistema, sino porque lo alinea con buenas prácticas internacionales.
Además, permite corregir el carácter regresivo que han tenido los subsidios energéticos mal focalizados de las últimas dos décadas. En ese sentido, el Gobierno parece comprender que el tramo que queda de reducción de subsidios energéticos ya no puede abordarse con una lógica de shock o motosierra, sino que requiere una política pública más fina, basada en criterios de ingresos y consumo.
El diseño del nuevo esquema de subsidios luce razonable. El umbral de tres canastas básicas como criterio de ingresos es consistente con estándares regionales y con la realidad social argentina. Asimismo, la decisión de acotar los subsidios a niveles de consumo introduce una señal económica correcta, donde el Estado solo subsidia consumos compatibles con patrones eficientes. En este punto, uno de los desafíos pendientes era la calibración de los consumos subsidiados en zonas cálidas, una corrección que comenzó a implementarse en las últimas semanas.
Sin embargo, como suele ocurrir en este tipo de políticas, el verdadero desafío no está en el diseño sino en la implementación. Esto explica, en parte, la decisión oficial de establecer un período de transición de un año para reducir gradualmente los subsidios a los hogares de ingresos medios. Todo mecanismo de focalización enfrenta inevitablemente errores de inclusión y exclusión, producto de cruces de información imperfectos y realidades familiares heterogéneas. Con más del 30% de la población en la pobreza, el problema no es que existan errores, sino no contar con la capacidad institucional para detectarlos y corregirlos con rapidez.
El impacto potencial de esos errores no es menor. Una familia de ingresos medios que en enero pagó aproximadamente el 50% del costo de la energía eléctrica que consumió y que pierda el subsidio puede enfrentar aumentos del orden del 100% en el precio de la energía. Ese salto, además, puede verse potenciado por el mayor consumo característico de los meses de verano. En gas natural, la situación es aún más marcada en términos porcentuales. Una familia de ingresos medios que en enero pagó cerca del 30% del costo del gas podría enfrentar, al perder el subsidio, aumentos superiores al 200% en el precio del gas. En este caso, el impacto en la factura se disimula por los bajos consumos estivales, pero se hará mucho más visible el próximo invierno.
A estos desafíos se suma el federalismo tarifario, en particular en energía eléctrica. Como es sabido cada provincia tiene potestad regulatoria, y además desde 2017, los esquemas de tarifa social fueron transferidos por Nación a las provincias. Esto implica que hoy conviven con la focalización nacional un entramado de esquemas de tarifa social provinciales, muchas veces con criterios, padrones y niveles de cobertura distintos. Una política de focalización eficaz requiere necesariamente coordinación entre la Nación, las provincias y los municipios, con el objetivo de conformar un padrón de beneficiarios robusto, consistente y actualizado. Sin esa articulación, el riesgo de superposiciones, vacíos y errores en la asignación de subsidios se incrementa significativamente.
A este escenario se suma la necesidad de una estrategia clara de comunicación y gestión de reclamos. En un esquema de focalización con inevitables errores, es fundamental que las familias que pierdan el subsidio por fallas en los cruces de información y enfrenten facturas elevadas conozcan con precisión cuáles son los mecanismos disponibles para solicitar una reevaluación. Dichos mecanismos deberían cumplir al menos tres condiciones: ser simples, transparentes y de fácil acceso, en un esquema en el que el padrón de beneficiarios no sea una foto estática sino un sistema dinámico en permanente actualización.
En el caso del gas, el Gobierno introdujo el aplanamiento del precio del gas. Esta decisión aporta previsibilidad a las familias, especialmente en los meses de mayor consumo. Si bien el precio del gas aumentó para el actual verano, los bajos niveles de consumo atenúan el impacto en las facturas. Los beneficios de esta medida deberían verse con claridad el próximo invierno, cuando el pico de consumo conviva con un precio más bajo que el vigente en 2025.
Desde el punto de vista fiscal, el objetivo de la focalización es ahorrar entre 600 y 1.000 millones de dólares en subsidios y llevar su peso a un nivel cercano a medio punto del PBI para 2026. Se trata de una magnitud sensiblemente menor a la observada en años recientes, cuando los subsidios energéticos llegaron a representar casi cinco veces ese valor. Reducir más los subsidios sin un proceso sostenido de recuperación económica y de disminución de la pobreza luce, al menos por ahora, poco realista.
En síntesis, el proceso de focalización de subsidios energéticos que comienza a implementarse constituye una buena noticia. A dos años de iniciado el gobierno quizás todavía no termina de internalizar plenamente la complejidad del entramado tarifario federal. Sin embargo, este esquema introduce racionalidad económica al sistema, presenta un diseño razonable y parte del reconocimiento de que el ajuste que queda por delante ya no admite shocks.
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