El país presentó un pedido ante una corte de Estados Unidos para frenar la ejecución de un fallo por los Cupones PBI en euros, que podría implicar un pago superior a u$s1.800 millones, mientras enfrenta nuevos reclamos de fondos internacionales por el cambio en la metodología de cálculo del PBI de 2013.
“La República Argentina solicitó la desestimación del proceso de reconocimiento del fallo emitido por una corte londinense. Los beneficiarios de esa sentencia, ya inapelable, buscan ejecutarla en Estados Unidos ante la falta de pago”, explicó Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors.
Según el especialista, el Fondo Monetario Internacional ya señaló que se trata de un conflicto que el país debería resolver, dado que no quedarían instancias legales adicionales. “El monto del reclamo supera los u$s1.800 millones”, precisó.
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El principal argumento de la Argentina para frenar el proceso es que la demanda carece de jurisdicción en Estados Unidos, por lo que el fallo británico no debería ser reconocido ni ejecutado en ese país. Los fondos que impulsan la acción judicial son Palladian Partners, L.P., HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited.
Maril explicó que el procedimiento habitual en este tipo de casos consta de dos etapas: primero, el reconocimiento de la jurisdicción de un fallo emitido por otra corte; y, en caso de que se otorgue, comienza la búsqueda de activos argentinos pasibles de embargo.
En paralelo, los demandantes aseguraron ante el FMI que no existen negociaciones en curso “de buena fe” con el Estado argentino para resolver el conflicto.
El conflicto volvió a ganar visibilidad luego de que el Exchange Bondholder Group, que reúne a inversores históricos en deuda argentina, cuestionara públicamente al presidente Javier Milei a través de la red social X. “Muy bien, señor Presidente, ¿y cuál es su plan para pagar los Cupones PBI?”, señalaron, en respuesta a declaraciones del mandatario.
Milei había afirmado que el Gobierno prevé afrontar los pagos con organismos multilaterales mediante la liquidación de activos del Estado, en el marco de un esquema de déficit cero. Según el Presidente, este enfoque garantiza el pago de los intereses de la deuda y, en el peor de los casos, solo requeriría un roll-over de los vencimientos, priorizando siempre fuentes alternativas de financiamiento.
De acuerdo con su visión, una oferta de bonos no creciente, combinada con fundamentos macroeconómicos más sólidos, debería impulsar la demanda por títulos argentinos, elevar sus precios y contribuir a una baja del riesgo país.
Los Cupones PBI fueron instrumentos emitidos en las reestructuraciones de deuda de 2005 y 2010, que preveían pagos adicionales si el crecimiento económico superaba determinados umbrales. En el caso de 2013, el pago se activaba si la expansión del PBI superaba aproximadamente el 3,22%–3,3% anual.
En 2014, el Indec modificó la base de cálculo del PBI, pasando del año base 1993 a una metodología más actualizada, vinculada al censo económico de 2004. Con la metodología anterior, el crecimiento de 2013 se estimaba en torno al 4,9%, mientras que con la nueva base se informó una tasa del 3,2%, por debajo del umbral requerido para gatillar los pagos.
Como resultado, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner evitó en ese momento un desembolso superior a USD 3.600 millones en intereses asociados a los cupones.
El litigio no se limita al fallo británico. En agosto pasado, un grupo de inversores liderado por Aurelius Capital Management presentó una nueva demanda en Nueva York por el mismo concepto, con un reclamo que asciende a u$s2.600 millones, incluyendo intereses. El fondo busca que los fallos emitidos en Londres sean considerados vinculantes en Estados Unidos y así garantizar el cobro.
Aurelius, uno de los fondos buitre más conocidos, fue parte del acuerdo alcanzado con el gobierno de Mauricio Macri en 2016 para salir del default. Sin embargo, años después decidió avanzar nuevamente con acciones legales contra la Argentina, sumando presión judicial a un frente que el actual Gobierno intenta desactivar para evitar nuevos riesgos sobre activos y reservas.
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