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En los medios se ha deslizado que, dentro de la reforma tributaria en ciernes -de cuyo contenido solo se conocen versiones- se eliminaría al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) o Monotributo. Esto generó una comprensible conmoción en millones de trabajadores independientes y pequeños emprendedores que han encontrado en ese régimen el modo de situarse en la economía formal con acceso a los beneficios de la seguridad social.
El Jefe de Gabinete se apuró a refutar dicha versión y acto seguido, el Presidente de la Nación, en un reportaje, desmintió rotundamente la especie.
Con lo expuesto podríamos dar por concluida la polémica. No obstante, para el caso de que alguien estuviera pensando en esa eliminación, no es ocioso analizar cuáles son las fortalezas y debilidades del régimen y cuáles serían las consecuencias de su eventual desaparición.
El Monotributo fue instituido en julio de 1998, con el objetivo de contener y ayudar a formalizar a miles de trabajadores por cuenta propia y nuevos emprendedores, que habían quedado sin protección laboral y previsional, con motivo de las profundas reformas económicas de esa época.
Antes del RS, los trabajadores por cuenta propia debían aportar al régimen de autónomos (sin cobertura médica) y tributar el impuesto a las Ganancias. Con relación al IVA, podían ser responsables inscriptos o responsables no inscriptos. La realidad indicaba que millones de cuentapropistas o empleados precarios se encontraban en la marginalidad.
El RS permitió que, mediante el pago de una cuota fija accesible y sin mayores costos administrativos, el pequeño contribuyente pudiera estar al día en el pago de sus impuestos, elegir una obra social y obtener, a su tiempo, una jubilación básica. Esto facilitó el blanqueo de millones de ciudadanos, lo que redundó en una mayor formalización de toda la economía.
No solo son solucionables dentro del marco legal vigente, sino que la pretensión de que las inequidades apuntadas podrían ser subsanadas o al menos controladas en el régimen general es quimérica si se analiza el nivel de evasión en IVA, Ganancias o Autónomos.
La baja carga tributaria del RS se corrige incrementando el valor de las cuotas tanto del impuesto integrado como de las cotizaciones previsionales. Este Gobierno ya ha producido un importante incremento de esas imposiciones, así como de los parámetros monetarios para encuadrarse en el RS y su actualización semestral por el IPC (Ley 24.743). Mediante una mínima reforma legal podrían incrementarse los montos a pagar en forma equitativa con el régimen general.
Con relación al enanismo fiscal, que se da tanto con la subcategorización cuanto con la adhesión al RS de quienes debieran estar en el régimen general, la ley vigente establece una serie de presunciones, a partir de situaciones detectables sistémicamente y sin mayores esfuerzos fiscalizadores, que le permiten a ARCA recategorizar o excluir de oficio del Monotributo. Esto se puede hacer a través de información que el Fisco posee, como nivel de facturación, parámetros físicos, acreditaciones bancarias, gastos personales o de la empresa, incompatibles con los ingresos declarados.
En conclusión, el Monotributo es congruente con el objetivo del gobierno de disminuir la carga fiscal y quitar regulaciones y costos burocráticos a los ciudadanos para que procuren su desarrollo y debiera ser mantenido como una buena herramienta para acompañar el crecimiento de los pequeños contribuyentes en el marco de una economía formal. Su eliminación, en cambio, condenaría nuevamente a la informalidad a millones de pequeños emprendedores.
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