El pasado viernes 5 de diciembre, en el histórico Salón Azul de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, ocurrió algo inusual en la vida institucional argentina: más de un centenar de juezas y jueces penales de todo el país se reunieron para fundar la primera Red de Jueces y Juezas Penales de la República Argentina.
Se trata de un espacio inédito que busca fortalecer, desde adentro, uno de los pilares más frágiles y al mismo tiempo más esenciales de cualquier democracia: la independencia judicial.
El acto tuvo un carácter solemne y, a la vez, profundamente político en el mejor sentido: el de la reafirmación del Estado de derecho. Las palabras de apertura del magistrado español Perfecto Andrés Ibáñez -una autoridad internacional en materia de independencia judicial y asociacionismo- marcaron el tono del encuentro.
Ibáñez, acompañado por la defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, y por el Dr. Maximiliano Rusconi, recordó que sin jueces independientes no hay justicia posible, y sin justicia posible no hay democracia que resista.
Pero lo verdaderamente trascendente no fue la ceremonia en sí, sino el diagnóstico común que las y los magistrados construyeron colectivamente. Un diagnóstico que surge de la realidad cotidiana de cada provincia: presiones explícitas e implícitas, burocracias que sofocan, intentos de disciplinamiento institucional, demoras en los procesos de designación, precarización del trabajo judicial, ataques mediáticos selectivos y un escenario de creciente utilización del sistema penal como herramienta política antes que como último recurso de un Estado que debería priorizar las políticas públicas por sobre el castigo.
Ese diagnóstico se cristalizó en el Acta Fundacional, donde la Red afirma con claridad lo que muchos prefieren callar. Allí se señalan -con responsabilidad, pero sin eufemismos- las políticas estatales que erosionan la independencia, la manipulación de casos mediáticos para promover agendas punitivas, el debilitamiento de las instituciones judiciales y la expansión de un modelo penal que deja atrás la proporcionalidad y la racionalidad para convertirse en una respuesta automática -y por momentos populista- al conflicto social.
La importancia de esta Red no se mide solo por su nacimiento, sino por lo que simboliza: un cuerpo de jueces y juezas que decide asumir públicamente la defensa de su rol constitucional, no como defensa corporativa, sino como garantía ciudadana. La independencia judicial no es un privilegio de los magistrados y las magistradas, es un derecho de cada habitante de este país a ser juzgado sin presiones, sin intereses partidarios, sin miedo y sin oportunismos. Así lo afirma el acta al sostener que la independencia es una “garantía básica de los derechos de los y las habitantes de la Argentina” y que su deterioro afecta directamente la vigencia del Estado constitucional.
En un contexto en el que la judicialización mediática y las agendas punitivistas capturan espacios enteros del debate público, esta Red se vuelve un dique contra la arbitrariedad. No es un gesto corporativo, es un acto de responsabilidad histórica. Cuando juezas y jueces se organizan para proteger su función, están protegiendo también el derecho de todos y todas a un juicio justo, a un Estado imparcial, a la igualdad frente a la ley.
El acta también marca otro punto fundamental: la necesidad de fortalecer la profesionalización y los recursos de la magistratura penal, y de consolidar prácticas procesales compatibles con la Constitución y los estándares internacionales. Es una invitación a repensar el enjuiciamiento penal para que no concentre poder, garantice controles efectivos y respete los derechos fundamentales, incluso en los escenarios de mayor presión pública.
Lo que nació en el Salón Azul no es una simple red, es una señal. Jueces y juezas de todo el país, históricamente dispersos, decidieron articularse, mirarse a los ojos y construir un espacio común de defensa del Estado de derecho. En tiempos en que las instituciones parecen oscilar entre la desconfianza social y las presiones políticas, este gesto adquiere una trascendencia especial. La democracia necesita jueces valientes, técnicamente sólidos y dispuestos a defender la Constitución, incluso cuando hacerlo resulta incómodo.
Por eso la creación de esta Red merece ser visibilizada, comprendida y acompañada. Porque en ella se juega algo más grande que la realidad laboral de los magistrados: se juega la garantía de que las libertades, los derechos y las reglas del juego democrático no dependan de humores políticos ni de presiones coyunturales.
Si las democracias fuertes se construyen con instituciones fuertes, entonces el acto del 5 de diciembre fue un paso decisivo. Y acaso también un recordatorio: cuando las juezas y los jueces se ponen de pie para defender su independencia, están defendiendo a toda la sociedad.
