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Desde el anuncio de la compra de 24 aviones de combate F16 a Dinamarca, a principios del año 2024, llama la atención que no hayan existido cuestionamientos en priorizar un gasto en defensa en lugar de atender las necesidades sociales urgentes que tiene la Argentina.
De acuerdo a “Chequeado”, la compra de los aviones a Dinamarca representa un gasto en dólares de unos 301,2 millones y 44.694 millones para obras de infraestructura entre 2024 y 2027. A su vez, la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires publicó en su cuenta en Facebook que el paquete total representa 560 millones de dólares.
La compra de los aviones a Dinamarca, de fabricación norteamericana, fue autorizada por el gobierno de Donald Trump y le permitirá al país nórdico renovar su flota por aviones más modernos. El gasto para la Argentina implica el costo de los 24 aviones, el entrenamiento a los pilotos, el mantenimiento y el soporte.
La justificación para contrariar el anuncio de Javier Milei de “No hay plata”, al inicio de su presidencia, es la de contar con equipamiento militar aéreo con poder de disuasión, es decir, que la Argentina esté preparada ante una improbable amenaza bélica en una región pacífica y democrática como el Cono Sur de América Latina.
Al respecto, las noticias sobre el reciente arribo de los primeros aviones de combate desde Dinamarca reflejaron un incomprensible entusiasmo y las pocas críticas se enfocaron, de manera superficial, tanto en no haber optado por aviones nuevos y más económicos fabricados por la dictadura china o que estos F16 no sirven para disuadir ante un escenario de conflicto bélico por las Islas Malvinas, como avalando en este último caso una opción que no sea pacífica al diferendo con el Reino Unido.
A diferencia de Dinamarca -una democracia desarrollada y transparente que garantiza la igualdad de oportunidades y la inclusión social- Argentina registra casos de niños que mueren de hambre o deshidratación, padecen enfermedades que podrían evitarse, y zonas del país sin acceso a la salud, la educación, el agua potable, la electricidad y el gas.
Ante un panorama alarmante de pobreza multidimensional en la Argentina profunda, sobre lo cual casi no se habla y tampoco se debaten políticas públicas para garantizar los derechos económicos y sociales de las personas más desfavorecidas, llama la atención tanto la cobertura frívola de la llegada de los F16 al país como la insensibilidad social de la mayor parte de la opinión pública.
La lógica económica liberal argumenta que “las necesidades son ilimitadas y los recursos son escasos”, lo cual es cierto; pero el definir las prioridades del gasto público, entre atender la situación acuciante de las personas más desfavorecidas del país o los caprichos de una elite alejada de la realidad social, dice mucho de la calidad humana de la dirigencia política que toma estas decisiones.
En el Día Internacional de los Derechos Humanos corresponde poner énfasis en que garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales es la agenda de política pública prioritaria de una democracia, como el caso de la Argentina, con altos niveles de indigencia y pobreza.
Como expresara en la campaña electoral de 1983 Raúl Alfonsín, en su defensa del carácter indivisible e interdependiente de los derechos humanos, “con la democracia”, es decir las libertades civiles y políticas, “se come, se cura y se educa”. Pero ello requiere de una dirigencia política idónea, honesta, austera y sensible que se alterne en el poder; de un periodismo crítico; de una sociedad civil activa; y de una ciudadanía solidaria.
Gabriel C. Salvia es Director General de CADAL (www.cadal.org) y autor del libro “Memoria, derechos humanos y solidaridad democrática internacional”.
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