Hace poco se cumplieron 16 años del día en que un grupo de exsecretarios de energía concretaron algo atípico en la dirigencia política argentina: consensuar. Pero el dato curioso fue que el consenso se alcanzó entre personas ideológicamente heterogéneas, provenientes de distintos espacios políticos y con diversas convicciones en el campo energético argentino. Llegaron a un acuerdo y lo plasmaron en un documento-marco para el sector denominado “Consensos energéticos”, que fue presentado en el Aula Magna de la Facultad de Derecho el 14 de septiembre de 2009.
Debieron transcurrir 6 años para que la corporación política se interesara en aquella propuesta destinada a introducir políticas de Estado en el sector energético. Fue durante la campaña electoral de 2015 cuando la mayoría de los partidos políticos, con excepción del kirchnerismo, firmaron el documento comprometiéndose a cumplirlo, con independencia de a quién le tocara gobernar. En 2017, el Senado de la Nación distinguió al grupo de exsecretarios de energía por aquella iniciativa con el Diploma de Honor Domingo Faustino Sarmiento. Lamentablemente, al asumir el kirchnerismo su cuarto mandato, en 2019, desconoció el acuerdo suscripto por las principales fuerzas democráticas y reinstauró el populismo energético, con las consecuencias por todos conocidas.
¿Qué motivó el consenso de los exsecretarios? La falta crónica de inversión privada en el sector debido a la gran incertidumbre que la política generaba en el mediano y el largo plazo. Arribaron a la obvia conclusión de que la causa de esa incertidumbre era que volátiles políticas de gobiernos reemplazaban a previsibles políticas de Estado, que son las que trascienden los perentorios períodos presidenciales. Los proyectos de inversión en la industria energética requieren de plazos de maduración que generalmente exceden los 10 años, por eso las políticas gubernamentales no daban seguridades. El posmodernismo aplicado a los proyectos de inversión no funcionó nunca. Menos el populismo que se nutre de un pasado acomodado a su ideología y de un presente sin futuro.
Pasaron 10 años y muchas de las propuestas consensuadas en el documento de los exsecretarios quedaron desactualizadas, pero el concepto de política de Estado sigue más vigente que nunca. Su aplicación en la coyuntura que atraviesa nuestro país es fundamental, en particular ante la falta de inversión directa en un sistema como el eléctrico, que ha sido descapitalizado por el populismo energético de los últimos 20 años y se encuentra al borde del colapso.
Declamar las bondades de un sistema liberal republicano no alcanza. Es necesario realizar los cambios estructurales y los acuerdos políticos que los sostengan en el tiempo, por décadas. De ahí la vigencia de las políticas de Estado, que son las perdurables con independencia del gobierno de turno. Políticas que den previsibilidad al país, no solo a los inversores necesarios para poner en valor sus recursos de escala mundial, sino para hacer más vivible el día a día de los argentinos.
Así como los exsecretarios lo habían logrado en 2009 para un segmento de la economía, hoy, la mayoría de las fuerzas políticas que adhieren a una democracia capitalista, con independencia de que sean de izquierda o derecha, deberían promover acuerdos programáticos en las distintas áreas de gobierno para luego formalizarlos política e institucionalmente en el Congreso nacional. Es lo que nos están pidiendo explícitamente los organismos multilaterales, los fondos de inversión, los empresarios y todos los países desarrollados interesados en invertir en la Argentina, además de la administración Trump y el FMI. También fue la voluntad de los ciudadanos expresada en el elocuente mensaje de las urnas del 26 de octubre.
La actual administración, tal vez acuciada por la crítica situación heredada y aprovechando el apoyo popular registrado en la elección que la llevó al poder, tuvo que imponer medidas en lugar de consensuarlas. Es probable que no le hubiera quedado otra alternativa en el contexto político débil en que asumió, sin una organización política, sin legisladores, gobernadores ni intendentes y con el persistente acoso destituyente del peronismo kirchnerista.
El resultado arrollador en las elecciones de mitad del mandato le confirió al Gobierno el músculo político que necesitaba para comenzar con las necesarias e impostergables reformas estructurales en la segunda parte de su mandato. Si lograra para esas reformas el consenso de los partidos políticos que adhieren al sistema democrático capitalista, se crearían las condiciones necesarias para un futuro previsible y estable. Podría significar para nuestro país terminar con 80 años de decadencia.
La energía es el motor del desarrollo económico, la generadora potencial de divisas a gran escala y la promotora del bienestar de los ciudadanos. Se necesita urgentemente reformular políticas de Estado atendiendo al disruptivo cambio de paradigma que tuvo la energía en el nivel mundial al pasar de la histórica situación de “escasez” a otra de “abundancia” debido a la irrupción del cambio climático atribuido a la actividad humana, al desarrollo de las energías renovables y a la explotación de los petróleos no convencionales, como en Vaca Muerta. Pero en la Argentina esa abundancia será solo un dato mientras no contemos con el recurso financiero para ponerla en valor.
Las características y los objetivos de las áreas de electricidad, y petróleo y gas, son bien distintos y cualquier planteo de política de Estado para el sector deberá tenerlo en cuenta. La electricidad es prioritaria y esencial para el mercado interno por ser un componente que hace a la productividad económica y por su relación directa con la calidad de vida de la población. En cambio, el petróleo y el gas, superabundantes para el minúsculo mercado argentino, tienen como objetivo casi excluyente la exportación de los mayores volúmenes posibles durante la ventana de la transición energética.
La electricidad llega al usuario final después de transitar por tres segmentos: generación, transporte y distribución, estos dos últimos, regulados. Los tres están descapitalizados por el intervencionismo, el manejo político de las tarifas y la corrupción aplicados en los cuatro gobiernos K. Para tener una idea de la magnitud del problema, basta decir que solo para volver a contar con la calidad del servicio eléctrico de 2002 sería necesario invertir en toda la cadena unos US$20.000 millones, pero aún no existen condiciones adecuadas para los inversores.
El área de petróleo y gas debe concentrarse en lograr competitividad en el disputado mercado internacional, en particular del gas como GNL o gas natural licuado. Dentro de cuatro años, la exportación de petróleo será mayor que el consumo doméstico. En gas puede ocurrir lo mismo en 8 años. Es decir que mutaremos de “vivir con lo nuestro”, a costa del cliente cautivo, a “vivir del mercado internacional”, que fijará el precio con prescindencia de la burocracia local. Para poder vender en esos mercados deberán eliminarse las veleidades a las que estaban acostumbrados los gobiernos, nacional y provinciales, los sindicatos y también las empresas, cuando solo había mercado interno y el precio se definía incorporándole las ineficiencias y los favores políticos.
Estas realidades requieren cambios estructurales de importancia con vigencia por décadas, por lo que deberían tener carácter de políticas de Estado que marcarán el rumbo para un desarrollo sostenido. El itinerario lo definirán las reformas regulatorias y privatizaciones pendientes en el sector, que agilicen y promuevan las transacciones y contratos entre privados, asignando al Estado el rol de facilitador, sin renunciar a su indelegable función de velar por la competencia, las regulaciones ambientales y las relaciones con los usuarios donde subsistan monopolios naturales.
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