El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó el informe final del Consejo de Mayo, el órgano consultivo convocado por el presidente Javier Milei que reunió a representantes del sector empresarial, sindical, legislativo y de 18 provincias. El documento, que será la base del calendario legislativo 2026 y de parte de las sesiones extraordinarias, traduce en proyectos de ley ocho de los diez puntos del Pacto de Mayo.
Entre ellos, tres capítulos concentraron definiciones clave: la inviolabilidad de la propiedad privada, la regulación de tierras y la reforma educativa.
Dentro del eje dedicado a la propiedad privada, el Consejo propone una reescritura de la Ley de Expropiaciones. El documento establece que la indemnización deberá calcularse al valor de mercado previo al anuncio, actualizada por Índice de Precios al Consumidor y determinada por tasadores independientes.
- Entrega inmediata del inmueble en casos de tenencia precaria, intrusión o usurpación,
-Eliminación de demoras administrativas que, según el Gobierno, afectan la seguridad jurídica.
En paralelo, el Consejo propone modificar el régimen dominial en los barrios populares, un punto sensible dentro de la política de urbanización. El informe recomienda eliminar la prohibición de venta de los lotes a personas jurídicas, una restricción incorporada por la Ley 27.453 (conocida como Ley Renabap) para evitar la especulación inmobiliaria y garantizar que las tierras adjudicadas quedaran en manos de familias residentes. El Gobierno plantea que esa limitación “rigidiza” el mercado y dificulta la finalización de los procesos de regularización, por lo que sugiere habilitar la venta a cooperativas, asociaciones civiles o empresas que participen de proyectos de infraestructura o desarrollo urbano.
Para los impulsores de la reforma, la medida ampliaría las alternativas de financiamiento y permitiría acelerar la titulación; para los críticos, abre la puerta a una mayor presión del mercado inmobiliario sobre zonas vulnerables. El proyecto que surja de esta recomendación definirá los alcances concretos de esa apertura y los mecanismos de supervisión estatal.
El informe también impulsa cambios sustantivos en el régimen de tierras rurales. Fin de los límites a la compra de tierras por extranjeros. El Consejo propone liberar la adquisición de tierras por parte de privados extranjeros, derogando las restricciones vigentes. Para el Gobierno, estas limitaciones “atentan contra la inversión productiva” y deben ser removidas para dinamizar el mercado rural.
Según la lectura del Gobierno, la eliminación del tope permitiría “dinamizar el mercado rural”, ampliar la competencia y facilitar emprendimientos vinculados a producciones extensivas, infraestructura y energías renovables. La propuesta no especifica aún si se mantendrán mecanismos de monitoreo o qué organismo quedaría a cargo del relevamiento de operaciones.
La eventual derogación de la Ley de Tierras formará parte del paquete legislativo que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso, donde volverán a discutirse los criterios de preservación territorial, los límites a la concentración y el rol del Estado en el control de inversiones extranjeras sobre zonas estratégicas.
Otro punto central es la eliminación de la prohibición que impide cambiar el uso productivo de la tierra durante 30 a 60 años tras un incendio, una ley impulsada en su momento por Máximo Kirchner. El oficialismo sostiene que ese plazo “desincentiva la actividad económica” y dificulta la recuperación de áreas afectadas.
El paquete vinculado a tierras y recursos naturales no se limita a la apertura del mercado rural, sino que incorpora un capítulo específico sobre la explotación de recursos estratégicos, especialmente en un escenario de expansión de la minería y de la demanda global de minerales críticos. El Consejo de Mayo plantea avanzar hacia un esquema de “libre explotación”, lo que en términos prácticos implica revisar regulaciones provinciales y nacionales que, según el documento, generan distorsiones entre jurisdicciones y encarecen los proyectos.
Uno de los puntos señalados es la necesidad de integrar los mercados laborales y de proveedores en todo el país, evitando la imposición de topes o porcentajes obligatorios de contratación local. Estas exigencias —presentes en normativas provinciales y acuerdos sectoriales— establecen pisos mínimos de mano de obra o insumos originados en la provincia donde se desarrolla la actividad. Para el Gobierno y para parte del Consejo, estos requisitos “fragmentan” el mercado de factores y limitan la competitividad de proyectos vinculados al litio, el cobre y otras explotaciones de alta inversión inicial.
El informe sostiene que la armonización normativa permitiría reducir costos, acelerar la inversión y facilitar la instalación de proveedores especializados que operan a escala nacional, pero el documento evita pronunciarse sobre los debates ambientales asociados a la minería y remite esas discusiones a las reformas paralelas previstas en las leyes de Glaciares, Bosques y Acuicultura, también mencionadas en el capítulo de recursos naturales.
El capítulo educativo del Consejo de Mayo es uno de los más extensos; propone un rediseño institucional que combina mayor descentralización, "apertura a nuevas modalidades" y un sistema de evaluación más robusto. La premisa general es que el Estado nacional fije un piso de contenidos esenciales, mientras que provincias y escuelas ganan margen para definir cómo los enseñan y organizan.
El Estado nacional fijará contenidos mínimos comunes, pero cada provincia —y cada escuela dentro de ellas— podrá elaborar su propio plan de estudios dentro del marco de contenidos mínimos nacionales. También incorpora un rol más activo de las familias en el seguimiento del proyecto educativo.
El texto habilita modalidades hoy excepcionales: educación a distancia, modelos híbridos, y escuelas comunitarias. Todas deberán operar bajo supervisión obligatoria, con estándares comunes para garantizar equivalencias en materia de contenidos, carga horaria y trayectorias.
Se propone reinstalar evaluaciones censales al finalizar la secundaria, centradas en contenidos mínimos, complementadas con dispositivos muestrales durante el año para medir aprendizajes y trayectorias. Los resultados serán públicos, aunque preservando la identidad de estudiantes y docentes, con el objetivo de ofrecer información comparable entre provincias y escuelas.
A 40 años del histórico fallo, la Justicia homenajeó a los jueces del Juicio a las Juntas
El Ejecutivo enviará parte de estas iniciativas al Congreso durante las sesiones extraordinarias. El resto quedará para el período legislativo 2026. El propio Adorni enfatizó que el informe del Consejo —junto a los documentos aportados por cada consejero— se publicará íntegramente en Argentina.gob.ar, incluso las propuestas que no fueron tomadas.
Para el gobierno libertario, estos proyectos forman el núcleo de su programa institucional y económico a dos años de gestión. Para el Parlamento, abren una nueva etapa de debate sobre propiedad privada, acceso a la tierra y modelo educativo, tres temas que históricamente generaron tensiones federales y políticas en la Argentina.
