El Senado de la provincia de Mendoza aprobó este martes la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto cuprífero PSJ Cobre Mendocino y le dio luz verde a la vuelta a la minería de primera categoría, que incluye al cobre, el oro y la plata, entre otros metales.
El proyecto había tenido el visto bueno de la Autoridad Ambiental Minera y la aprobación en la legislatura provincial era el último paso institucional previsto por la Ley 7.722 para poder avanzar de manera concreta hacia la fase de factibilidad.
El proyecto de cobre lo impulsa la empresa suiza Zonda Metals GmBH y el Grupo Alberdi, que prometen una inversión de US$559 millones en su primera etapa. El senado también aprobó la exploración de Malargüe Distrito Minero Occidental II (MDMO II), un conjunto de desarrollos para explorar cobre, oro y plata en Mendoza.
La aprobación ambiental de PSJ Cobre Mendocino obtuvo 29 votos a favor, 6 negativos y una abstención. El proyecto lo había enviado el gobernador, Alfredo Cornejo, y ya contaba con la aprobación en la cámara de diputados de la provincia.
El proyecto está ubicado en la localidad de Uspallata (departamento de Las Heras) y cerca del límite con la provincia de San Juan. Tiene una vida útil de 16 años, con posibilidad de extensión. Desde la empresa subrayaron que “el proyecto fue diseñado para no afectar el recurso hídrico y cumplir estrictamente con la normativa ambiental vigente, utilizando flotación mecánica, dentro de un circuito cerrado que recircula más del 80% del agua”.
El objetivo que tiene PSJ es producir en promedio 40.000 toneladas anuales de cobre fino con una técnica de flotación de sulfuros, proceso hidrometalúrgico que permite separar los minerales metálicos valiosos sin necesidad de usar cianuro ni ácido sulfúrico, dos sustancias prohibidas por la ley provincial 7.722.
El CEO de PSJ Cobre Mendocino, Fabián Gregorio, señaló que “esta decisión institucional nos permite dar un paso más en un proceso que ha sido largo, transparente y profundamente participativo. Ahora comienza una etapa de trabajo técnico de factibilidad, donde seguiremos construyendo el proyecto junto a la comunidad, las instituciones y los actores productivos. Nuestro compromiso es avanzar con responsabilidad, diálogo permanente y la convicción de que el desarrollo debe ser compartido por todos”.
En agosto el proyecto había tenido apoyo en una audiencia pública. Según la exposición de Gregorio, el proyecto de cobre demandará 3.900 puestos de trabajo en la etapa de construcción, que demandará entre 18 y 24 meses. Además, el proyecto generará otros 2.400 puestos en la etapa de producción de cobre, según detalló el ejecutivo en la audiencia pública.
Durante la factibilidad, etapa que durará alrededor de un año, la minera desarrollará estudios de ingeniería de detalle, hará el análisis de costos y financiamiento y la planificación integral de construcción–operación–cierre, además de la evaluación económica y de mercado. También incluye la actualización de los programas de sostenibilidad y monitoreo ambiental. Luego, el proyecto entraría en la etapa de construcción.
La compañía destacó que “el proceso de evaluación ambiental fue extenso, técnicamente sólido y con altos niveles de participación ciudadana. Durante los últimos años, el proyecto fue analizado por organismos técnicos provinciales, universidades, consultoras independientes y equipos multidisciplinarios que realizaron más de 13 años de estudios de línea de base ambiental y social en el área de Uspallata”.
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