El Gobierno anunció que derogará la modificación a la ley de manejo del fuego aprobada en 2020, una normativa que había sido impulsada por Máximo Kirchner para regular el uso de tierras luego de un incendio. El anuncio fue realizado este martes 9 de diciembre por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante la presentación del informe final del Consejo de Mayo en la Casa Rosada.
La iniciativa original nació en un contexto de preocupación por los focos ígneos registrados ese año en campos, sierras y bosques nativos. Su promotor fue el santacruceño Máximo Kirchner, entonces jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, quien dio forma a una legislación frente al uso de las superficies quemadas. El texto prohibía durante extensos plazos modificaciones en el destino de los terrenos afectados por el fuego, bajo la premisa de que existían intereses inmobiliarios y productivos que incentivaban la generación intencional de incendios.
Según los fundamentos del proyecto presentado, la ley buscaba “proteger aquellos ecosistemas que puedan ser víctimas de incendios y garantizar las condiciones para la restauración de las superficies”.
El gobierno actual, encabezado por el presidente Javier Milei, comunicó en el informe del Consejo de Mayo su determinación de revertir la política establecida por Kirchner. Según Adorni, “se elimina la prohibición de cambiar la actividad productiva del campo por 30 a 60 años tras un incendio, una ley del diputado Máximo Kichner que atenta directamente contra la producción”. El anuncio incluye la derogación de los artículos vinculados a las restricciones de uso y destino de la tierra en el marco de la Ley 26.815, como también la restitución de la versión original del artículo 22 bis, previa a la reforma de 2020.
La decisión oficial se enmarca en una batería de medidas orientadas a liberalizar y agilizar los procesos de producción agropecuaria, la compraventa de tierras y la flexibilización de los condicionamientos impuestos a propietarios de campos afectados por el fuego. El equipo de gobierno fundamentó la iniciativa en la necesidad de eliminar trabas que —a su criterio— reducen la productividad y dificultan la recuperación económica de los sectores rurales, argumentando que resultaba contraproducente impedir durante décadas el desarrollo de actividades distintas a las registradas antes del incendio.
La ley impulsada por Kirchner incluía reglas precisas para registrar las restricciones sobre las superficies afectadas en cada jurisdicción, habilitando la extensión de los plazos de prohibición si así lo determinaba el ordenamiento territorial de los bosques nativos provincial. Además, establecía la coexistencia de la normativa nacional con otras leyes locales o tratados internacionales que otorgaran mayores beneficios de protección ambiental.
Durante aquella discusión la norma encontró resistencia en sectores rurales nucleados en Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), que expresaron públicamente su “enorme preocupación”. Desde la entidad se cuestionó que la iniciativa no distinguía la intencionalidad o culpabilidad respecto de los incendios y que consideraba a priori que los propietarios generaban quemas para hacer negocios. En un comunicado publicado durante el debate, CRA advirtió sobre la “manifiesta intencionalidad de la norma que pretende ejemplificar bajo el supuesto ideológico que los propietarios queman sus campos, cosechas e instalaciones para hacer negocios futuros”.
El Congreso sancionó y promulgó la ley en diciembre de 2020. El texto fue firmado por la presidencia del Senado, el titular de la Cámara baja y avalado por el Poder Ejecutivo.
Actualmente, las modificaciones al sistema federal de manejo del fuego aprobadas en 2020 quedarán sin efecto tras la derogación impulsada por el Gobierno nacional, restableciéndose el régimen vigente antes de la iniciativa de Máximo Kirchner y permitiendo la reactivación de operaciones inmobiliarias y productivas sobre los campos incendiados, sin los plazos de restricción originalmente estipulados.
