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En la antesala de la discusión del Presupuesto 2026 y la pelea con los gobernadores, el Gobierno busca prohibir la aprobación de presupuestos con déficit fiscal y propuso penalizar con hasta 6 años de cárcel la modificación o suba del gasto sin acreditar los recursos correspondientes y con hasta 10 años la emisión monetaria "irregular" por parte del Banco Central.
Esos son algunos de los principales cambios contenidos en el proyecto de Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, presentado este martes por el Gobierno en el marco de las sesiones extraordinarias del Congreso.
La medida "prohíbe el déficit del presupuesto nacional, establece un mecanismo de ajuste automático ante desvíos y transforma en delito el gasto sin partida presupuestaria, así como la emisión de adelantos transitorios por parte del Central para financiar al Gobierno", detalló el jefe de Gabinete Manuel Adorni en conferencia de prensa.
El proyecto oficial dispone en su primer artículo que "queda prohibida la sanción de una ley de presupuesto general que contemple un resultado financiero deficitario".
Y el segundo artículo plantea que "si durante la ejecución presupuestaria se produjere una disminución de los recursos previstos o un incremento de los gastos por sobre las estimaciones originales que ponga en riesgo el cumplimiento de la regla prevista en el artículo 1°, el Jefe de Gabinete de Ministros, previo informe de Sustentabilidad Fiscal elaborado por la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía adoptará las medidas necesarias para restablecer dicho equilibrio".
Por otra parte, se prohíbe a los funcionarios asumir o ejecutar gastos no autorizados o sin financiamiento acreditado, y se obliga al Poder Ejecutivo Nacional a abstenerse de solicitar adelantos transitorios del Banco Central para financiar el gasto primario.
El proyecto también introduce modificaciones al código penal, por las cuales "será reprimido con prisión de UNO (1) a SEIS (6) años e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena el funcionario público que, en violación de las reglas fiscales previstas en la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, dictare, aprobare, autorizare o ejecutare normas o actos administrativos que modifiquen o incrementen los gastos públicos previstos en el Presupuesto General de la Administración Nacional sin contar con los recursos debidamente acreditados y previstos para su financiamiento".
El Gobierno presentó el proyecto el mismo día que anunció una baja en las retenciones a las exportaciones de granos, una medida que al igual que las rebajas previas o eliminación de gravámenes fue presentada sin acreditar su impacto fiscal ni su financiamiento.
Otro de los cambios sensibles es la sanción con prisión de uno a diez años e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena al funcionario que ordene, ejecute o autorice la emisión monetaria en violación de la Carta Orgánica del Banco Central, la impulse irregularmente o reciba y ponga en circulación esa moneda conociendo su origen espurio.
Para los especialistas, las medidas buscan darle un respaldo legal al equilibrio fiscal alcanzado por el gobierno, pero el proyecto contiene desprolijidades, como medidas que en muchos casos ya están contempladas en leyes vigentes, como la Ley de Administración Financiera (24.156) y las de responsabilidad fiscal (25.552 y 25.917), y que el propio gobierno elude.
"El dictamen del Presupuesto 2026 suspende la vigencia de la ley 25.552, que dice que el gasto no puede crecer más que el producto, ocurre cada año. Si el proyecto de Presupuesto suspende una regla fiscal vigente, qué credibilidad va a tener esta nueva norma", dijo Nicolás Gadano, exsubsecretario de Presupuesto de la Nación entre 1999 y 2001.
El economista de Empiria también cuestionó la intención del gobierno de restringir la disminución de recursos o el aumento del gasto sin partidas correspondientes cuando "no han parado de tomar medidas de reducción de impuestos en general y jamás publican un impacto fiscal, lo más paradójico es la baja de retenciones permanente anunciada hoy".
Otro aspecto que llama la atención a los especialistas es que el Gobierno propone limitar los adelantos transitorios del Banco Central, sin modificar la carta orgánica de la entidad ni modificar la transferencia de utilidades. El BCRA giró en abril $ 11,7 billones al Tesoro por ganancias contables registradas en el 2024, luego destinadas al pago de la deuda en pesos.
Por último, hay dudas entre los expertos en presupuesto sobre el impacto que podría tener la judicialización del gasto público y la política económica a través del código penal, algo que ya suscitó controversia en gestiones anteriores con la causa por dólar futuro, los canjes de deuda y el crédito de US$ 44.000 millones del Fondo Monetario obtenido por la gestión de Mauricio Macri en 2018.
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