El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó este martes el informe final del Consejo de Mayo junto a representantes de los distintos sectores, con excepción del representante de la CGT, Gerardo Martínez. El documento incluye recomendaciones y propuestas sobre 8 de los 10 lineamientos que el Gobierno trazó en 2024 con los mandatarios provinciales. Entre los puntos que se destacan se encuentran los proyectos de reforma laboral e impositiva que serán enviados en las próximas horas al Congreso para su tratamiento en sesiones extraordinarias.
El trabajo del Consejo de Mayo se centró en los postulados del Pacto de Mayo, firmado por 19 gobernadores en julio de 2024, con excepción de la coparticipación federal y la reforma previsional.
Según expuso Adorni, se relegó la discusión sobre la coparticipación, ya que la iniciativa exige la presencia de todos los gobernadores. En tanto, dijo que la reforma previsional requiere “previamente modificaciones” en el esquema laboral: “Lo que nosotros llamamos la modernización laboral”, aclaró el funcionario.
Todas las propuestas trabajadas en la mesa del Consejo de Mayo toman como eje vertebral la estabilidad macroeconómica, y “el equilibrio fiscal innegociable”, y se proponen acompañar “la reducción del gasto público a niveles históricos” (25% del PIB).
En primer término, se incluye la cuestión de la inviolabilidad de la propiedad privada, que propone mayoritariamente una modificación a la Ley de Expropiaciones . “Va a disponer de una indemnización al valor de mercado previo al anuncio, actualizada por el IPC y determinada por tasadores independientes”, precisó el jefe de Gabinete.
También explicó que establecerá la entrega inmediata del inmueble ante la tenencia precaria o usurpación. De acuerdo al documento, se eliminará la prohibición de venta a personas jurídicas en barrios populares y se liberará la compra de tierras rurales por parte de privados extranjeros.
Otro de los puntos relevantes del informe gira en torno al equilibrio fiscal y se plantea la presentación de una Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que prohíbe el déficit del presupuesto nacional, establece un mecanismo de ajuste automático ante desvíos y convierte en delito el gasto sin partida presupuestaria, así como la emisión de adelantos transitorios por parte del Banco Central para financiar al Gobierno.
De acuerdo a lo anunciado por el Gobierno, este proyecto también será debatido durante el período de sesiones extraordinarias.
Entre sus recomendaciones, los integrantes del Consejo sugieren que el Presidente y los gobernadores fortalezcan el compromiso de no solicitar autorizaciones de endeudamiento si una provincia presenta déficit primario, salvo para operaciones de rollover o en casos de riesgo crediticio superior al de la Nación.
A ello le suma la posibilidad de excluir del reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por parte de Nación a todas aquellas provincias que no adhieran a estas metas fiscales.
En cuanto a la educación, los consejeros alertaron por la crisis que afronta el ámbito educativo, basándose en los bajos resultados registrados en las pruebas Aprender y PISA y sostuvieron que la Argentina se ubica “entre los desempeños más bajos de la región”.
Así, repara en la importancia de generar mayor autonomía dentro sistema educativo y se centran en tres puntos: “la modificación de las leyes nacionales para ampliar las alternativas educativas para las provincias; un rediseño de la carrera docente y el refuerzo a los procesos de la educación para el trabajo”.
En gran medida, la iniciativa busca impulsar la autonomía pedagógica y curricular para todas las instituciones, ya sean estatales y privadas. De acuerdo al planteo de Adorni, si bien el Estado quedará a cargo de fijar los contenidos “mínimos comunes”, la intención es que cada escuela cuente con la posibilidad de diseñar su propio plan de estudios.
“Esta autonomía incluye la posibilidad de definir su proyecto institucional, sus métodos de enseñanza, su organización interna y su calendario escolar, así como participar en la selección del personal docente, dentro de los parámetros nacionales y jurisdiccionales”, se precisa en el informe. A ello se incorpora la promoción “mecanismos de participación efectiva” por parte de los padres.
Además, se habla de declarar a la educación como un servicio esencial, a fines de garantizar la continuidad escolar incluyo en contexto de conflicto gremial. Una propuesta que ya había sido esbozada por el Pro en el Congreso.
En materia tributaria, los consejeros advirtieron que más allá de la situación que atraviesa la Argentina, donde prevalecen los reclamos para bajar los impuestos, “muchas veces no se toma conciencia que solo es posible en la medida que el gasto público caiga”.
Y en esa misma línea adujeron: “Sin baja del gasto público, una baja de impuestos es un engaño, una transferencia del costo fiscal a las generaciones futuras o un prolegómeno de otra crisis”. De todas formas, se ratificó que la primera iniciativa a tratarse en el Congreso será el proyecto de presunción de Inocencia Fiscal. Está previsto que se trabaje en ello durante el periodo de sesiones extraordinarias, del 10 al 31 de diciembre.
“También contempla un Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral, que reduce cargas laborales por dos años, promueve el empleo registrado y disminuye la carga fiscal sobre el empleo, además de un Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones y otras exenciones impositivas”, precisó esta tarde el jefe de Gabinete.
En cuanto a este punto, el Consejo avala una serie de iniciativas legislativas como la modificación de la Ley de Glaciares en pos de clarificar a la definición del área periglaciar, una propuesta que Milei ya anunció que enviará a para su tratamiento en extraordinarias.
Se propone además la eliminación de la Ley de Régimen Regulatorio de la industria y comercialización del Gas Licuado de Petróleo, la flexibilización de la Ley de Bosques y modificaciones en la Ley de Agricultura.
El informe tiene como eje la modernización laboral, cuyo borrador circulaba desde hacía algunos días ya. En este capítulo, varios de los integrantes del Consejo presentan distintas sugerencias y reparan en la importancia de corregir la “alta carga tributaria y peajes” que existe en la relación laboral. Y repara sobre los “importantes costos de entrada y salida. y la rigidez en las negociaciones”.
En el documento del Consejo se presentan entonces los principales postulados que integrarán el proyecto de reforma laboral que el Gobierno pretende avanzar en el Congreso. Allí se resalta la ultraactividad y la prelación de convenios, obligando a una renegociación periódica.
Tal como detalló LA NACION, la propuesta busca que los acuerdos por empresa tengan prioridad sobre los convenios firmados por el gremio de la actividad. En la práctica, los convenios de mayor alcance ya no podrán modificar ni imponer condiciones a los de ámbito menor.
Entre otras consideraciones que el Consejo debatió se encuentra la reducción de la carga fiscal laboral, cambios en el trabajo agrario y la “derogación de normas obsoletas”, entre las que incluye a la Ley de Teletrabajo. “Esta ley que todos conocemos nacida allá en pandemia que al final no obtuvo el efecto deseado”, marcó Adorni.
Se contempla también la necesidad de avanzar en mejoras jurídicas en pos de reducir la litigiosidad en el sector y la habilitación de homologación de acuerdos que modifiquen las condiciones laborales, siempre y cuando haya un acuerdo expreso entre las partes. Menciona en otro ítem el fraccionamiento de las vacaciones.
Por otro lado, se incorpora un marco normativo para los repartidores independientes de plataformas “que les permita acceder a ciertos derechos, como seguros viales, sin que ello implique una relación laboral de dependencia”.
Una idea presentada por Cristian Ritondo que se vale de un régimen específico para los repartidores independientes de plataformas, que los reconoce como trabajadores autónomos con libertad de horarios, posibilidad de operar en varias aplicaciones y derecho a conservar el 100% de las propinas. El esquema exige inscripción fiscal y un seguro obligatorio, sin presumir relación laboral.
Por último, los consejeros ahondan en la importancia de promover la apertura comercial, y advierten que “Argentina es, relativo al comercio que debería tener dado su tamaño, ¡es el país más cerrado del mundo!”. Para ello, se insta a implementar plenamente los tratados ya aprobados avanzar en aquellos que ya cuentan con media sanción, como el Tratado de Cooperación en Patentes.
La presentación formal del informe se llevó a cabo este martes en Casa Rosada, previo a una escueta reunión que encabezó el Consejo de Mayo.
Entre sus integrantes presentes hoy en el cónclave figuran Manuel Adorni, jefe de Gabinete; Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado; Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza; la senadora nacional Carolina Losada; el diputado nacional Cristian Ritondo; Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), y Cecilia Domínguez, la secretaria ejecutiva del Consejo de Mayo, y del ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Allí se ultimaron detalles de la presentación y los consejeros acordaron con el Gobierno incluir en el documento no solo las partes del proyecto de reforma laboral que estableció el Gobierno, sino todas aquellas sugerencias y comentarios que partieron desde los miembros del Consejo.
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