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En una decisión orgánica, que anticipa un endurecimiento de su posición frente al Gobierno, la CGT dispuso este martes no enviar su representación al encuentro del denominado Consejo de Mayo, que presentó su informe final con el proyecto de reforma laboral profundamente resistido por los gremios. El gesto fue un anticipo de la determinación de la central de ir a fondo en el rechazo a la iniciativa del Ejecutivo, que se completó con una convocatoria urgente al consejo directivo de la central para este jueves con el fin de definir la estrategia política y sindical para intentar bloquear la sanción legislativa de los cambios laborales.
"Esta instancia está agotada, la reforma vulnera derechos colectivos e individuales de los trabajadores", advirtió a Clarín el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, el representante cegetista en el Consejo de Mayo, al oficializar la decisión de la central de no participar de la reunión del organismo para marcar sus profundas diferencias con la iniciativa oficialista. Un rato después se formalizó el llamado a una reunión de la cúpula de la central obrera para el jueves desde las 12 en la apuesta de consensuar el plan de acción para dar pelea contra la reforma.
"No nos vamos a quedar de brazos cruzados, hay que ir a fondo porque son cambios inaceptables", apuntó uno de los referentes más críticos de la conducción de la entidad, que cuestionó que ninguna de las propuestas que llevó la representación sindical a Consejo de Mayo fue contemplada en el proyecto de reforma que la Casa Rosada remitirá en las próximas horas al Senado. Otros gremialistas, a su vez, plantearon la necesidad de no cerrar todos los canales de diálogo con el Gobierno e insistieron en aceitar los contactos informales con el ala política de la administración libertaria (mencionan al asesor presidencial Santiago Caputo, el ministro del Interior, Diego Santilli, además de a Eduardo "Lule" Menem y Martín Menem, los delegados de Karina Milei) para intentar destrabar los aspectos que interpretan más críticos de la reforma.
Justamente en esa línea, en las últimas horas circuló entre la primera línea cegetista un paper interno con una especie de semáforo, que dividió el proyecto en los artículos considerados "inaceptables" (la gran mayoría), otros que podrían revisarse y un grupo menor que no plantearían un rechazo total de los sindicatos. Los temas sobre los que la cúpula cegetista expresa una abierta resistencia son aquellos que promueven el fin de la ultraactividad, la preminencia de los convenios colectivos por empresa por sobre los de actividad, las limitaciones al ejercicio del derecho a huelga y la tutela sindical, la eliminación de las cuotas solidarias y las restricciones para el cobro de las cuotas de afiliación.
A eso suman la rebaja en la base de cálculo de las indemnizaciones y su posibilidad de pago en cuotas para las pymes, las modificaciones en la jornada laboral, el fraccionamiento de la jornada laboral y la reducción de aportes a las obras sociales. También algunos gremialistas sumaron quejas a la rebaja permanente de las contribuciones patronales que incluye la iniciativa y al impacto efectivo de los nuevos Fondos de Asistencia Laboral que se incorporan en la reforma como mecanismo para el financiamiento de las indemnizaciones por despido.
Con este cuadro, el consejo directivo -encabezado por el nuevo triunvirato que componen Cristián Gerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello- buscará consensuar el jueves el plan de acción que pondrá en marcha la entidad. "Vamos a agotar todas las alternativas posibles", anticipan en la cúpula de Azopardo sobre la estrategia que desplegarán desde los próximos días. Al respecto, confirman que profundizarán la ronda de encuentros con gobernadores, senadores y diputados con el propósito de sumar voluntades para evitar la aprobación parlamentaria del proyecto.
A la par los gremios más duros presionan por la definición de un plan de lucha, que incluya paros, protestas y movilizaciones, para profundizar en las calles el rechazo a la reforma. La última instancia a la que también recurrirán los jefes cegetistas contempla el recurso de la vía judicial, en la apuesta de repetir la gestión que culminó -a principios de la gestión Milei- con el freno en Tribunales del capítulo laboral del decreto 70/23 que aún aguarda por la palabra decisiva de la Corte Suprema de Justicia.
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