El Consejo de Mayo cerró oficialmente este martes su informe final. Fue luego de seis meses de trabajo, con una reunión plenaria cada cuatro semanas y encuentros técnicos periódicos, con asistencia perfecta de todos sus miembros, salvo hoy.
Conformado con seis representantes de distintos sectores, la mayoría identificados con el Gobierno, el Consejo surgió del Pacto de Mayo, firmado por 19 gobernadores en julio de 2024. Ese pacto dejó un listado de diez puntos, entre los que se incluye la reforma laboral, que el Consejo buscó consensuar durante estos meses.
Antes de la presentación del informe final, la reunión de este mediodía de los consejeros con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue breve: menos de una hora y en “total cordialidad”, según coincidieron participantes del cónclave, que se realizó en la planta baja de Casa Rosada.
Allí, Adorni les explicó cómo sería la presentación pública del informe y se acordaron algunos puntos finales. Entre ellos, que en el documento último estuvieran identificadas las partes del proyecto de reforma laboral que dictó el Gobierno y las que surgieron desde el propio Consejo, algo que pidieron los consejeros.
El texto final fue conocido por los consejeros recién durante el fin de semana, de manos del Gobierno, y en las últimas horas habían hecho aportes, comentarios y sentado posición en algunas fragmentos.
Hubo acuerdo desde Balcarce 50. Los aportes o posiciones de cada consejero aparecerán en el documento final que se espera que se difunda esta noche.
El único ausente este martes fue el representante de la CGT, Gerardo Martínez. La ausencia del secretario general de la Uocra no pasó desapercibida en medio de las tensiones de la central obrera con el texto de la reforma laboral. “No hay consenso”, había asegurado el propio Martínez al salir de la última reunión, casi dos semanas atrás.
Al término de la presentación que hizo Adorni, la CGT convocó de urgencia a una reunión de su consejo directivo y prepara su resistencia.
En primera fila estuvieron los otros miembros del Consejo: por el Poder Ejecutivo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; por los gobernadores, Alfredo Cornejo, radical de Mendoza y aliado de Milei; por el Senado, Carolina Losada (UCR), de buen vínculo con la Casa Rosada; por la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo (Pro), otro aliado de LLA, y por la Unión Industrial Argentina (UIA), su titular, Martín Rappallini
El jefe de Gabinete, que lideró los últimos dos encuentros tras reemplazar a Guillermo Francos, señaló que los integrantes estaban presentes en la sala de conferencias, “menos Gerardo Martínez, que estaba volviendo de Washington y no le permitió la llegada del vuelo estar hoy presente”.
Entre sus compañeros entendían que esa ausencia era “entendible” y “una salida elegante” ante el rechazo que planteará la CGT al texto que impulsa el oficialismo. Otros no fueron tan comprensivos, e ironizaron: “Se ve que en el VIP del aeropuerto se quedó sin señal y no pudo leer nada, ni conectarse desde ahí”.
“En el trabajo del Consejo primó la cordialidad, obviamente hubo reuniones que se picantearon por lo de la reforma, pero Gerardo siempre fue muy racional”, destacó uno de los miembros del Consejo. Entendió que la presencia del líder de la Uocra, era “imposible”. “Para su tribuna, él no podía estar acá”, sostuvo.
De los diez temas que tenía para trabajar el Consejo, dos quedaron afuera: la coparticipación federal y la reforma previsional. Adorni explicó que “la coparticipación federal requiere la presencia de todos los gobernadores, cosa que claramente no era posible", y que la reforma previsional “requiere previamente modificaciones en el esquema laboral, en lo que nosotros llamamos la modernización laboral, sino no hay modificación en el sistema previsional sostenible que se pueda realizar”.
Más allá de la reforma laboral, entre los puntos centrales del informe final se destacaron, dentro del capítulo de “inviolabilidad de la propiedad privada”, la reforma de la ley de expropiaciones; cambios en los procesos de desalojo para acelerar la restitución de inmuebles; la actualización del régimen de regularización dominial; la eliminación de restricciones a la inversión extranjera en tierras rurales; la derogación de artículos de la ley de manejo del fuego que afectaban a los productores.
Por otro lado, se publicó además el texto del proyecto de “ley de compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria” que, según el Gobierno, “exige presupuestos equilibrados y sanciones penales a funcionarios que violen la disciplina fiscal”.
En paralelo, el Consejo difundió una proyecto de ley de “libertad educativa” que, según los libertarios, “otorgue autonomía pedagógica a las escuelas, declare la educación básica como servicio esencial, incorpore nuevas modalidades de escolarización, fortalece el sistema nacional de evaluación y modernice la carrera docente”. También impulsa un régimen renovado “de prácticas formativas para facilitar la inserción laboral de jóvenes y la articulación entre educación y trabajo”.
En materia tributaria, el Consejo acompañó el proyecto de reforma del procedimiento penal tributario y destacó las iniciativas aportadas por el Ministerio de Economía incluidas en el proyecto de reforma laboral, como el Régimen de Incentivos a la Formalización Laboral, beneficios a la contratación y reducción de la carga fiscal para empresas.
También incluye otras medidas de reducción de impuestos internos y ganancias corporativas, entre otras rebajas impositivas para la producción.
El Consejo también impulsa un “compromiso” de las provincias para avanzar en la “explotación de los recursos naturales”, que incluye reformar la ley de glaciares, proyecto incluido en el período de sesiones extraordinarias, que busca limitar la protección ambiental sobre ambientes periglaciares para facilitar la actividad minera.
El Consejo también manifestó su preocupación por la proliferación de los regímenes de “compre provincial” que están “convirtiéndose en una pérdida de competitividad” para la actividad minera.
En términos de inserción internacional y apertura, el Consejo sugirió una “normalización” del marco institucional en el que se da el comercio internacional, lo cual requiere la suscripción de tratados internacionales, entre ellos, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). Pese al rechazo de la industria farmacéutica local, según el Gobierno permitiría a la comunidad científica “una mayor protección de sus invenciones y hallazgos”.
© Copyright 2025 SA LA NACION | Todos los derechos reservados. Dirección Nacional del Derecho de Autor DNDA - EXPEDIENTE DNDA (renovación) RL-2023-95334553-APN-DNDA#MJ.Queda prohibida la reproducción total o parcial del presente diario.
