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La democracia argentina, próxima a cumplir 42 años de continuidad ininterrumpida, tiene su origen en la mayoría popular que resolvió la elección del domingo 30 de octubre de 1983, y una raíz política y jurídica en las más de 530 horas de audiencia que insumió el juicio a las Juntas Militares.
Primero, el presidente Raúl Alfonsín apeló al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas para que avanzara en el juzgamiento de los comandantes. Nada de eso sucedió. Entonces, la tarea ciclópea de 33 semanas recayó en seis camaristas, un fiscal, su adjunto, y un puñado de empleados y funcionarios públicos que protagonizaron un hecho inédito de la justicia, a nivel mundial. Abogados, familiares, integrantes de las fuerzas, sobrevivientes y víctimas, completaron el laberinto que finalizó con la lectura de la sentencia, un día como hoy, hace 40 años.
Las condenas se conocieron horas antes que se cumplieran los dos primeros años de democracia. Esa misma mañana, el gobierno había levantado el estado de sitio, una medida polémica tomada a finales de octubre, por la que se detuvo a doce hombres (seis de ellos, militares).
Respondió a un año signado por amenazas telefónicas, bombas en locales partidarios y sindicatos, secuestros extorsivos, constante evacuación de alumnos en las instituciones educativas, asalto a los estudios y la destrucción de la antena de Radio Belgrano, y el sabotaje del avión de Alitalia que pudo costarle la vida al presidente italiano, Sandro Pertini. Meses después, la justicia identificó 550 actos terroristas, cuantiosos daños materiales, decenas de heridos y hasta víctimas fatales.
Ese 9 de diciembre finalizaron las audiencias que habían logrado lo impensado: enjuiciar las violaciones a los derechos humanos cometidas por la Junta que “usurpó el gobierno de la Nación el 24 de marzo de 1976” y a los integrantes de las dos juntas posteriores, tal como ordenó Alfonsín. Argentina Televisora Color (actual TV Pública) emitió en vivo y en directo la lectura, mientras 150 periodistas estaban presentes en la sala.
Entre los camaristas, Ricardo Gil Lavedra fue el más joven, con 35 años; y es quien contó la cocina, de aquellos días, en su libro “La hermandad de los astronautas”. Andrés D’Alessio fue el eje convocante en la conformación del tribunal. “Llevémoslo también a Carlitos”, fue la sugerencia de Gil Lavedra, que abrió las puertas a Carlos Arslanian. Los otros tres, Guillermo Ledesma, Jorge Torlasco y Jorge Valerga Araoz eran del Poder Judicial, y habían hecho todo el cursus honorum desde sus días de meritorios (cuyo mote era “pinches”). Valientes, los tres habían dictaminado la inconstitucionalidad de la autoamnistía en los días de la dictadura.
La faena se había iniciado el lunes 22 de abril de 1985 en la sala de audiencias (hoy rebautizada Salón de los Derechos Humanos) del Palacio de Tribunales. En esa jornada, la declaración de Ítalo Luder marcó el puntapié inicial.
El fallido candidato peronista que había firmado los decretos de aniquilamiento en 1975, ahora estaba frente a la Cámara. Su campaña presidencial había quedado signada por su lectura sobre la irreversibilidad de los efectos jurídicos del perdón dictado por los militares. En oposición, Alfonsín, siendo aún precandidato, asumió el compromiso de derogarla y cumplió ni bien pisó la Rosada. Ordenar el juzgamiento de las juntas y las cúpulas guerrilleras, y crear la CONADEP fue el germen de esta historia.
Días más tarde, hubo voces que se desentendieron de la tortura y la represión ilegal, el dirigente gremial de los carteros, Ramón Baldassini, al igual que su par del plástico, Jorge Triaca, llegaron citados por las defensas y declararon en favor de los acusados.
El 29 de abril comenzaron a testimoniar las víctimas. Con el relato pormenorizado de sus padecimientos, la docente platense Adriana Calvo de Laborde enmudeció a toda la sala. El jueves 9 de mayo fue el turno de Pablo Díaz, otro platense que, siendo estudiante secundario, fue secuestrado en La Noche de los Lápices. El martes 28, llegó la hora de escuchar a Iris, la mamá de Floreal Avellaneda, un niño que con tan solo 14 años fue torturado y asesinado. El 11 de junio se recibió a la sobreviviente de La Noche de las Corbatas, la psicóloga marplatense, Martha García de Candeloro. El estremecimiento generalizado ganaba espacio en las coberturas mediáticas.
"Tengo la sensación de que he asistido a una de las cosas más horrendas de mi vida. Espero que la sentencia sea ejemplar. Siento que he salido del infierno", declaró Jorge Luis Borges, minutos después de presenciar la audiencia donde declaró el sobreviviente de la Escuela de Mecánica de la Armada, Víctor Basterra, en el inicio de ese invierno.
Días más tarde, el consagrado escritor publicó su columna para la agencia española EFE, y con su agudo sarcasmo descerrajó: “Es de curiosa observación que los militares, que abolieron el código civil y prefirieron el secuestro, la tortura y la ejecución clandestina al ejercicio público de la ley, quieran acogerse ahora a los beneficios de esa antigualla y busquen buenos defensores”.
No fue casualidad que, por esos mismos meses, el cine nacional asistiera al estreno de “La Historia Oficial”, dirigida por Luis Puenzo, que llegó a vender 900 mil tickets. Y que, un año más tarde, tras la obtención del Oscar a la mejor película extranjera, duplicara su público.
De a poco, la democracia saldaba cuentas con la cultura, y en especial con el tango. En esos días, el intendente Julio Saguier declaró ciudadano ilustre a Astor Piazzolla; y en paralelo, Alfonsín recibió al maestro don Osvaldo Pugliese para bendecir su demorada presentación en el Teatro Colón.
Con 51 años, el fiscal, Julio Strassera, recibió amenazas constantes en su despacho y en su casa. Por sobreabundancia de pruebas, sin amilanarse, presentó –en tiempo récord- 281 casos, si bien había trabajado sobre 709 causas. A ellas, deben sumarse las casi nueve mil denuncias por desapariciones forzadas documentadas en la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas.
En su alegato final del 11 de septiembre, aseguró que “la conciencia jurídica universal” le encomendó la tarea de reclamar justicia. La sabia mano de su amigo, el director teatral, Carlos Somigliana, lo ayudó a estructurar el discurso. “A partir de este juicio y de la condena que propugno nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido, sino en la memoria, no en la violencia, sino en la justicia. Esta es nuestra oportunidad y quizá sea la última”, subrayó promediando el cierre de la acusación, bajo la atenta mirada de su adjunto, Luis Moreno Ocampo.
El domingo 3 de noviembre, el gobierno arrasó en la primera elección de renovación parlamentaria, con el viento a favor que trajo el Plan Austral. Mientras, las puertas del gabinete económico se abrían para dos hombres del peronismo, Roberto Frenkel y Roberto Lavagna que sumaban experiencia al equipo del ministro del milagro, Juan V. Sourrouille. En octubre, el costo de vida había caído al 1,9 por ciento, después de diez años de inflación galopante.
Algunos números ayudan a dimensionar la magnitud del juicio. Declararon 833 personas, 287 de ellas, mujeres. Además, brindaron testimonio 64 militares (12 en actividad), 15 periodistas, 14 sacerdotes y 12 extranjeros. Su transcripción ocupó 7800 folios, distribuidos en 39 cuerpos. Se acreditaron 672 periodistas para cubrir las audiencias.
La sentencia contestó alrededor de 22 mil preguntas, y su peso se calculó superior a las tres toneladas.
Solo las denuncias que llegaron desde la representación argentina ante Naciones Unidas, con sede en Ginebra, pesaron 700 kilos. Se grabaron 147 casetes con los testimonios que, tras las primeras rebeliones carapintadas, fueron trasladados -en copia- a Oslo, Noruega, donde por decisión de los propios camaristas fueron alojados en una sala blindada del Parlamento local.
Una mesa redonda de la pizzería que aún hoy se ubica en Corrientes y Talcahuano, fue testigo del trabajoso acuerdo al que llegaron los seis jueces, ese domingo 8 de diciembre. Por fuera de las perpetuas para Jorge Rafael Videla y Emilio E. Massera, las condenas para Roberto Viola (17 años); Armando Lambruschini (8 años); y Orlando Ramón Agosti (4 años y 6 meses), demandaron largas discusiones, lideradas por Gil Lavedra y Ledesma que pretendían condenas más severas. Ahí mismo, a instancias de Arslanian, la garantía de lo resuelto por todos quedó rubricada en una servilleta.
El miércoles posterior, miles concurrieron a la Marcha de la Resistencia convocada por Madres de Plaza de Mayo que rápidamente evidenció el enojo de los organismos de derechos humanos. El día de la sentencia, Hebe de Bonafini se había retirado de la sala ni bien escuchó la primera absolución. “Dicen los radicales que son la vida, que son la paz, pero dejan a todos los asesinos en libertad”, fue una de las consignas más coreadas ese jueves, en el cierre de la vigilia.
De la vereda de enfrente, Hebe Solari de Berdina, titular de Familiares y Amigos de los Muertos por la Subversión, tras señalar que “nuestros muertos se están revolviendo en sus tumbas”, aclaró que no propiciaba “ninguna ley de amnistía, porque amnistiar es perdonar y mucho menos acusar a las Fuerzas Armadas de no haber cumplido con su rol específico que era combatir a la subversión".
“La justicia ha renacido en la Argentina”, fue el título de The New York Times. La mayoría de los corresponsales reflejaron con mirada esperanzada todo el proceso. En Londres, el Financial Times dijo que "es la primera vez que tribunales civiles en un país en desarrollo ha juzgado a sus anteriores gobernantes en un correcto proceso legal". Le Figaro, desde Francia, sostuvo que “hay criterio unánime sobre el coraje de Alfonsín al procesar a los militares”.
Bajo el título “El Núremberg Argentino”, el diario italiano La Stampa calificó las condenas de “simbólicas, emblemáticas y decisivas”. Y finalmente, el brasileño O Estado de São Paulo afirmó que "Argentina escogió un líder a la altura del momento histórico que atraviesa, y acaba de crear un precedente reconfortante en los anales latinoamericanos".
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