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Caso Vialidad: la ejecución de 20 propiedades de Cristina Kirchner podría comenzar antes de fin de año

hace 21 horas en perfil.com por Tomás Cebral
Cristina Fernández de Kirchner

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola volvieron a la carga y pidieron la "inmediata ejecución patrimonial" de todos los condenados en la causa Vialidad. El reclamo busca que se empiece a recuperar el dinero de la defraudación al Estado. Sin embargo, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), que está a cargo de ejecutar la pena, debe esperar una última definición de la Cámara de Casación por un reclamo de Cristina Kirchner antes de apretar el acelerador. Pese a la traba, en Comodoro Py estiman que el decomiso empezará a hacerse efectivo antes de fin de año.

El monto que se busca recuperar es sideral: $684.990.350.139,86 (casi 685 mil millones de pesos). El pago debe ser solidario, es decir, se reclama el total entre todos. El TOF 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, ya dio los primeros pasos. El 15 de julio intimó a Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti y el resto de los condenados a que pagaran voluntariamente esa cifra.

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Sin embargo, el plazo de diez días hábiles se venció y nadie depositó un peso en la cuenta judicial. Con el incumplimiento, se activó la siguiente instancia: la ejecución patrimonial forzosa. Para eso, el tribunal ya tomó una decisión clave: consolidó el período del delito (2003-2015), lo que define qué bienes pueden ser embargados, o sea, todos los que fueron incorporados al patrimonio de los condenados en esos doce años.

El jueves pasado, Luciani y Mola presentaron un dictamen complicado. "La resistencia de los condenados a devolverle al Estado (...) además de mostrar su falta de arrepentimiento, constituye una afrenta a la sentencia firme", escribieron. Recordaron que ya pasaron cuatro meses desde que la Corte Suprema dejó firme la condena y, ante la falta de pago, exigieron avanzar "sin más demoras" sobre el dinero o los bienes de los sentenciados.

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Para los fiscales, la medida no es solo económica, sino que también actúa como un mensaje a la sociedad. Reclamaron que se recuperen los bienes para "asignarlos a fines nobles, útiles y públicos", como rutas, salud o educación, y "desterrar definitivamente la impunidad de los corruptos". Sostienen que es imprescindible "lograr el recupero de activos provenientes de los delitos, en especial de la gran corrupción".

Pero la ejecución no será mañana. La defensa de Cristina Kirchner, a cargo de Carlos Beraldi, presentó un escrito para ganar tiempo: pidió que todo el trámite de ejecución patrimonial salga de Comodoro Py y se mude al fuero Civil y Comercial. Ese debate está ahora en manos de Casación, que fijó una audiencia clave para este 24 de octubre. Los jueces Borinsky, Hornos y Barroetaveña tendrán cinco días hábiles para resolver.

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La contraofensiva de la familia Kirchner no tardó en llegar. Máximo y Florencia Kirchner, representados por el abogado Joel Goldin, se presentaron en el expediente para oponerse firmemente al decomiso. El eje central de su defensa es que ellos son “terceros ajenos a los hechos investigados” y que avanzar sobre su patrimonio equivaldría a una “confiscación” ilegal de sus bienes.

En su escrito, alegaron que los inmuebles en disputa fueron incorporados a su patrimonio de forma “legítima y de buena fe”. Sostienen que recibieron estos bienes a través de dos vías: el proceso sucesorio tras la muerte de su padre, Néstor Kirchner, y un adelanto de herencia realizado posteriormente por su madre, Cristina Kirchner

Maximo y Florencia Kirchner 20251021

Los bienes en el centro de la disputa son, precisamente, los que Cristina incorporó a su patrimonio durante el período investigado (2003-2015) y que luego cedió a sus hijos. En la lista figuran diez departamentos en Río Gallegos, construidos a través de un fideicomiso entre los Kirchner y Austral Construcciones, y el Hotel Los Sauces.

Pero los fiscales Luciani y Mola buscan que se desarme el argumento de la "buena fe" con una fecha clave. Insistieron en que la cesión de los bienes de Cristina Kirchner a favor de sus hijos se concretó el 10 de marzo de 2016. Es decir, cuando "el fraude colosal ya estaba consumado", lo que, según la fiscalía, anularía cualquier reclamo de inocencia.

Cristina Fernández de Kirchner