Las autoridades de mesa en las elecciones legislativas de 2025 recibirán una compensación económica por su labor, como sucede en cada votación.
Los presidentes de mesa recibirán una compensación económica por su labor ciudadano.
El próximo domingo 26 de octubre, los argentinos volverán a las urnas para elegir diputados y, en algunas provincias, senadores nacionales.
En este contexto, las autoridades de mesa —presidentes, suplentes y auxiliares— cumplirán un rol fundamental para garantizar la transparencia del proceso. Son quienes abren y cierran la votación, cuentan los votos y supervisan que cada ciudadano pueda ejercer su derecho sin irregularidades.
Aunque la tarea es extensa y requiere responsabilidad, el trabajo no será gratuito. El Gobierno ya definió cuánto cobrarán quienes estén designados para cumplir con esta función durante los comicios legislativos.
Según confirmaron las autoridades, los presidentes de mesa recibirán $40.000 por toda la jornada electoral.
A esa suma se le podrá agregar un extra de $40.000 si el presidente o suplente participa de la capacitación oficial que dicta la Junta Electoral antes de los comicios. En total, quienes asistan a la capacitación y cumplan su función el día de la elección percibirán $80.000.
El pago suele realizarse dentro de los 60 días posteriores a la elección, a través del correo o depósito bancario, según la modalidad que elija cada autoridad al momento de registrarse.
Si bien algunos consideran que la cifra no compensa la responsabilidad ni las horas de trabajo —desde las 7 de la mañana hasta pasadas las 21—, el monto representa un incentivo económico para garantizar la participación. En elecciones anteriores, los pagos se mantuvieron por debajo de los $30.000, por lo que el aumento para 2025 es considerable.
Ser designado autoridad de mesa no es opcional. Una vez notificado, el ciudadano tiene la obligación legal de presentarse, salvo que justifique una causa válida, como enfermedad, embarazo avanzado o residir a más de 500 kilómetros del establecimiento asignado.
Si la persona no se presenta sin causa justificada, puede enfrentar sanciones. La ley prevé multas económicas, la inhabilitación para realizar trámites públicos durante un año y la imposibilidad de acceder a cargos estatales por tres años.
Para evitar inconvenientes, quienes no puedan concurrir deben presentar una justificación formal ante la Junta Electoral con la documentación que acredite el motivo. De lo contrario, quedarán registrados como ausentes, lo que puede generar complicaciones administrativas más adelante.
En cada elección surgen casos de ciudadanos que desconocen su designación o reciben la notificación fuera de término. En esos casos, la Junta suele analizar la situación de manera individual. Pero en líneas generales, el mensaje es claro: si te toca ser autoridad de mesa, lo mejor es cumplir.
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