La administración libertaria salió al cruce de Ariel García Furfaro, cuando ya hay casi un centenar de muertos por el medicamento contaminado. La respuesta del juez.
El gobierno de Javier Milei arremetió contra el dueño del laboratorio HLB PHARMA, Ariel García Furfaro, y aseguró que "debe ir preso" por la crisis del fentanilo contaminado que ya provocó casi un centenar de muertos y cuya investigación está en curso.
Asimismo, a través de la cuenta de X de la Vocería Presidencial, la administración libertaria puso presión al juez Ernesto Kreplak, hermano del ministro de salud bonaerense, al asegurar que podría ser recusado si no ordena la detención de Furfaro.
En su comunicado, el Gobierno se refirió al dueño del laboratorio: "Se trata de un hombre vinculado a Lázaro Báez, que estuvo preso por intento de homicidio y que, de la mano del kirchnerismo, pasó de verdulero a empresario farmacéutico multimillonario en pocos años, vendiéndole sus productos al Estado y a los amigos del poder”.
En ese sentido, precisaron que “el laboratorio de García Furfaro no era inspeccionado por la ANMAT desde febrero de 2020”. Según indicaron, en septiembre de 2024 asumió Mario Lugones como ministro de Salud y “en noviembre de ese mismo año se ordenó la inspección del laboratorio Ramallo, productor de HLB Pharma”.
“Producto de esa inspección, en febrero de 2025, y solo dos horas después de recibir el resultado de las actuaciones, la titular de la ANMAT, Agustina Bisio, inhabilitó el laboratorio Ramallo, prohibiendo así su actividad productiva, tres meses antes de que ocurriera la primera muerte por fentanilo contaminado”, remarcaron desde el Ejecutivo.
Además, recordaron que “en marzo del mismo año, la ANMAT recomendó la no utilización, comercialización y distribución en todo el territorio nacional del producto ‘Propofol HLB, emulsión inyectable IV, lote 60000’, evitando innumerables muertes durante intervenciones quirúrgicas simples”.
En la misma línea, señalaron que “el Ministerio de Seguridad inició investigaciones contra HLB Pharma por presentar documentación falsa en su inscripción en el RENPRE, y ARCA denunció al laboratorio por evasión tributaria agravada”.
“Hemos hecho lo que ningún otro gobierno hizo: clausurar y denunciar el laboratorio de Ariel García Furfaro, empresario corrupto, amigo y beneficiario de la casta política que arruinó el país y llenó la administración pública de ñoquis y corruptos en todas las áreas”, enfatizaron desde el Gobierno, y agregaron: “No es un dato menor que el gobernador Axel Kicillof y su ministro de Salud, Nicolás Kreplak, son los principales clientes de HLB Pharma”.
Respecto del avance judicial, advirtieron que “actualmente el juez que investiga la causa es Ernesto Kreplak, hermano del ministro de Salud de Kicillof, principal cliente del laboratorio HLB”. En ese sentido, alertaron que “ante la evidencia contundente, si en los próximos días el juez Kreplak no ordena la inmediata detención del dueño del laboratorio, el Gobierno Nacional lo recusará, presumiendo un conflicto de intereses resultante de su vínculo familiar con Nicolás Kreplak”.
Finalmente, desde el Ejecutivo concluyeron: “Gracias al accionar del ministro Mario Lugones, todas las dosis de fentanilo contaminado fueron retiradas del mercado. El Ministerio de Salud ha evitado cientos de miles de muertes que bien pudo haber ocasionado un empresario corrupto y militante kirchnerista, e irá hasta las últimas consecuencias para asegurar que la causa avance y que el responsable termine tras las rejas”.
EL SEÑOR DEL FENTANILO DEBE IR PRESO Ariel Garcia Furfaro es dueño del laboratorio HLB PHARMA GROUP S.A, fabricante del lote de fentanilo contaminado responsable de la muerte de más de 100 personas. Un hombre vinculado a Lázaro Báez, que estuvo preso por intento de homicidio, y…
Mientras el Gobierno amenaza con recusarlo, el juez Ernesto Kreplak le aseguró a Ámbito: "Le recuerdo al Sr. Presidente su obligación constitucional de abstenerse de interferir en una causa penal en curso".
"Suficientes omisiones y dificultades ha debido superar la investigación hasta ahora como para que, sobre ello, se pretenda politizar un trabajo judicial bien hecho. Respeto por las víctimas y las instituciones", agregó el magistrado.
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