El Tribunal Oral Federal N°2 (TOF2), que condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión en la causa Vialidad, rechazó un planteo de nulidad de la expresidenta contra el modo en que se calculó el monto a pagar de $684.990 millones por del daño cometido al defraudar al Estado con el direccionamiento de las obras viales en favor de Lázaro Báez.
Este martes, Cristina Kirchner, que se encuentra detenida en su casa cumpliendo una condena de seis años de prisión por el fraude de Vialidad, pidió a la Justicia suspender la ejecución de sus bienes y anular esa decisión. En paralelo, cuestionó la manera en que se calculó el monto del perjuicio provocado al Estado con la maniobra y se reservó el derecho llegar a la Corte Suprema con su reclamo.
El TOF2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, decidió rechazar in limine las nulidades interpuestas por la defensa de la expresidenta.
De todos modos, el TOF2 hizo lugar al recurso de casación interpuesto por el abogado Alberto Beraldi, con lo que ahora será la Cámara de Casación la que decida si se debe “actualizar o reexpresar monetariamente el monto del decomiso fijado” en $684.990.350.139,86. La expresidenta tiene tres días para presentarse en la Casación.
Durante el juicio, el perito de parte que presentó Cristina Kirchner sostuvo que el decomiso no debía superar los 42.000 millones de pesos, un 6% del monto que terminó fijando el tribunal. La defensa de la expresidenta sostuvo que debía aplicarse la tasa pasiva promedio del Banco Central de la República Argentina (BCRA), mientras que el TOF2 aplicó el aumento del Índice de Precios al Consumidor.
Cuando fue condenada en primera instancia, en 2022, el tribunal estableció que el perjuicio al Estado por el fraude con las obras viales en Santa Cruz ascendió $84.835 millones. Al quedar confirmada la condena por la Corte Suprema, el 10 de junio pasado, el TOF convocó al Cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para realizar el cálculo de actualización de ese monto, que fue dado a conocer el 10 de julio y al que suscribieron también los peritos del Ministerio Público Fiscal.
El 12 de agosto, Cristina Kirchner objetó el monto de $684.990 millones con el argumento de que la cifra era “el resultado de un procedimiento contrario a la ley vigente”.
En concreto, la expresidenta y sus abogados plantearon que el método elegido se apartaba del criterio utilizado por el tribunal para resolver en otros casos, evidenciando “un trato desigual y arbitrario” en su contra. También, que el TOF no había fundamentando por qué eligió ese método de cálculo y que toda la operación se basaba en un monto (los $84.835 millones) provisorio.
Apelando a fallos de los jueces de Casación que ahora deberán tratar el recurso presentado por Cristina Kirchner, el TOF2 rechazó todas las nulidades planteadas, aunque habilitó el recurso de casación.
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