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¿Por qué un gobierno autoritario alentaría la participación ciudadana? Cortinas de humo, dice el sentido común. Las dictaduras son jerárquicas por definición y por ende opuestas a correr riesgos. Sin embargo, a veces lo hacen. En 1978, Pinochet convocó un plebiscito (“Frente a la agresión internacional”, que lo denunciaba por violar derechos humanos). En procesos sin garantías, ganó de forma abrumadora, repitió en 1980, y fue derrotado en 1988. La cuestión es más compleja de lo que parece.
Los autoritarismos apelan a la ciudadanía para: 1) legitimarse hacia afuera, como intentó Pinochet; 2) debilitar y reducir a la oposición interna como hizo el bielorruso Aleksandr Lukashenko, entre 1995 y 2004, y el turco Tayyip Erdogan en 2017; 3) disciplinar y vigilar disidentes, función de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) cubanos creados por Fidel Castro en 1960; y, sorpresa, 4) mejorar la gobernanza. Esto último está en auge en Asia.
El autoritarismo participativo latinoamericano tiene su propia escuela. Cuba, donde el régimen de partido único se estableció tras la Revolución de 1959, y Venezuela, en la norma una democracia representativa, en la práctica una autocracia. A diferencia de las dictaduras militares argentinas, cuyo objetivo era la apatía de las masas, estos regímenes movilizan con diferentes estrategias.
En Cuba no existen mecanismos de incidencia efectiva. No hay competencia al elegir autoridades a la asamblea legislativa y los comités de candidaturas bloquean postulaciones indeseables para el partido a todo nivel. Lo que prima es la vigilancia y el control férreo del partido.
A veces, como en el proceso constitucional de 2019, se los hace hablar, pero no se responde. Esto ha sido la constante casi desde el inicio. En Venezuela, en cambio, los instrumentos de participación fueron armas para socavar la democracia. Los referendos permitieron avanzar en la concentración de poder por arriba y, desde 2007, el Estado comunal socavó el poder de los municipios dando poder a juntas comunales autoorganizadas y en directa relación con la Presidencia. En las experiencias caribeñas, la participación es fachada y vigilancia (Cuba) o instrumento para debilitar adversarios (Venezuela). No mejora la gobernanza.
Argentina es una democracia. La división de poderes funciona y el federalismo opera como un contrapeso al poder central pero la ampliación de la participación no estuvo nunca en agenda, como sí ocurrió en Uruguay y Brasil. Salvo por las intenciones frustradas de “la primavera alfonsinista”, ni liberales ni populistas ni ahora libertarios quieren “abrir el juego”. Una de cal y una de arena.
Es un legado de Alberdi, que confiaba en la capacidad de un sector de la élite ilustrada para legislar, y temía que un pueblo no preparado sea subyugado por la tiranía (como pasó bajo tras el plebiscito de 1835 por el que Juan Manuel de Rosas obtuvo “facultades extraordinarias”). Es de mínimas, no es menor: sin procesos electorales libres y competitivos, toda participación es una ilusión. Cuidémoslos.
Yanina Welp es politóloga. Investigadora en el Albert Hirschman Centre on Democracy, Graduate Institute, Ginebra (Suiza)
Welp es investigadora principal del Center for Democracy Studies y codirectora del Centro Latinoamericano de la Universidad de Zúrich. Cofundadora de la Red de Politólogas. Autora de “Todo lo que necesitás saber sobre las democracias del siglo XXI” (Paidós).
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