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Para el fiscal federal, Ramiro González, la investigación llegó a su punto final y Alberto Fernández debe sentarse en el banquillo de los acusados por delitos vinculados a la violencia de género. Bajo esa premisa, firmó el requerimiento de elevación a juicio oral para que el ex Presidente responda ante un Tribunal por las lesiones físicas y psíquicas de las que fue víctima Fabiola Yáñez durante más de una década.
Alberto Fernández está procesado por dos hechos de lesiones leves y un hecho de lesiones graves, doblemente agravados por el vínculo, abuso de poder y autoridad, y amenazas coactivas. Transita la cuenta regresiva para convertirse en el primer ex presidente en nuestro país, que se sentará en el banquillo de los acusados por violencia de género.
Según consta en la causa judicial, que se activó luego de una revelación de Clarín, cuando era presidente de la Nación y en la Quinta de Olivos, Alberto Fernández cometió delitos que se enmarcan en la violencia de género contra la entonces primera dama del país.
Las acusaciones en este expediente, de todos modos, no se circunscriben sólo al período presidencial, sino que la ventana de tiempo contempla unos años previos a llegar a la Casa Rosada y también, meses posteriores a dejar el poder.
La única víctima en esta investigación es Yañez, quien en agosto del año pasado decidió impulsar la acción penal contra el ex jefe de Estado, por las pruebas que la justicia tenía sobre posibles hechos de violencia. Los mismos dejaron de revestir el grado de sospecha para el juez Ercolini, quien terminó procesando a Fernández.
Con ese telón de fondo, la fiscalía a cargo de Ramiro González, confirmó entre otros aspectos, la acusación respecto a las coacciones que sufrió la ex primera dama para que no denunciara ante la justicia federal penal, la violencia sufrida.
El cuadro de acusaciones que pesan sobre Fernández, corroboradas en el procesamiento firmó el juez federal Julián Ercolini y que la Cámara Federal porteña confirmó en abril de este año, constituyen tres delitos que concursados representan una pena de 3 a 18 años de prisión, entiende el Ministerio Público Fiscal.
Después de un año de tener la investigación delegada, el fiscal federal Ramiro González, firmó el pedido de elevación a juicio oral que presentó ante el juez federal Julián Ercolini, quien recientemente le respondió en duros términos al ex presidente para que deje de dilatar la instancia inevitable: que se siente a dar explicaciones frente a un Tribunal.
Hay que recordar que, como contó Clarín, la querella adelantó que no iba a consentir ningún tipo de “probation” o reparación económica y que sólo aceptará que Alberto Fernández comparezca en un juicio oral y público.
En el requerimiento de juicio de 180 páginas, al que accedió Clarín, el fiscal consideró que "de acuerdo a las pruebas reunidas en la causa, ya no existe nada más que discutir en la etapa preparatoria del juicio oral y presentó sus conclusiones cuando se cumple un año del inicio de la causa".
Para el representante del Ministerio Público Fiscal, se trató de una "investigación compleja que la defensa intentó demorar", algo que observó en su última resolución el juez Ercolini.
En su escrito, Ramiro González afirmó que todo ocurrió en un "contexto de violencia signado por la particular relación asimétrica de poder con el agresor, por lo menos desde el año 2016 hasta que la víctima pudo denunciar lo sucedido".
Fue hasta ese momento, entendió la fiscalía, que Alberto Fernández "ejerció de un modo sistemático violencia psicológica contra Fabiola Yáñez bajo las formas de acosos, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad".
Con la investigación concluida, el fiscal sostuvo que el imputado "se habría aprovechado de la especial situación de vulnerabilidad preexistente al vínculo en la que se encontraba inmersa la nombrada".
En ese marco que se acusó al ex Presidente de haber “ejercido con habitualidad y de modo continuo, violencia psicológica" contra la ex primera dama.
Para el representante del Ministerio Público Fiscal, y como resultado de un año de investigación, "no existen dudas acerca de los golpes recibidos por la entonces Primera Dama y que Yáñez había enviado en fotos por Whatsapp a la Secretaria del expresidente, María Cantero durante el año 2021".
Esas imágenes fueron las pruebas iniciales de las que dio cuenta Clarín y que después dieron curso a la investigación tras la decisión de Fabiola Yañez de impulsar la acción penal.
Al respecto, Ramiro González, se refirió a las conocidas lesiones en el brazo y al golpe en el ojo derecho de la ex primera dama, "cuyas imágenes fueron públicas desde el inicio de la causa penal el año pasado" y que dan cuenta de las agresiones sufridas.
Como resultado de ese proceso es que la justicia le atribuyó a Alberto Fernández, otros delitos como las amenazas "para que las agresiones no se hicieran públicas".
Producto de esas coacciones, "que incluyeron intimidaciones sobre la manutención y cuestionamientos a la tenencia de su hijo, Fabiola Yáñez había optado por no denunciar los hechos, entonces el juez Ercolini archivó el caso hasta que, finalmente, el 6 de agosto del año pasado se pudo iniciar la investigación", recordó el fiscal González.
Con el devenir de la investigación y el respaldo brindado por la Cámara Federal porteña, la fiscalía entendió que se está en condiciones de avanzar hacia la instancia siguiente: el juicio oral y público.
Con el análisis de toda la prueba disponible, el Ministerio Público insistió en que como resultado de este expediente "no se consentirán prejuicios o estereotipos que pusieran el foco sobre la víctima como una forma de desviar la investigación de las responsabilidades del agresor".
El fiscal González dijo que el expediente había quedado inmediatamente configurado como un caso de "Derechos Humanos de las mujeres".
Como resultado de esa convicción, la fiscalía expresó que este marco, exige -por mandato legal y constitucional- "llegar a un estado de convicción suficiente que requerían de un esfuerzo de interpretación adicional en la valoración de las pruebas que expresara la existencia de contextos particulares, fundamentalmente ámbitos privados, en los que se da la violencia contra las mujeres".
A lo largo de la investigación, la fiscalía analizó las declaraciones de los médicos presidenciales, el Intendente y el personal de la Quinta de Olivos, la madre y la hermana de Fabiola Yáñez, la esteticista de la ex Primera Dama, entre otras y copiosa prueba documental.
Se examinó, asimismo, documentación médica, historias clínicas, videos aportados por la querella y la defensa.
Otro de los elementos de prueba bajo estudio, fue el registro de entradas y salidas de la Quinta de Olivos, como también las llamadas entre el expresidente y Fabiola Yáñez desde el año 2016.
En el expediente hay una gran cantidad de información respecto de comunicaciones de Whatsapp "cuya validez había cuestionado la defensa, pero que fue corroborada luego de la extracción forense de la información del teléfono secuestrado y a pedido por el propio exmandatario", dijo el fiscal González.
La prueba permitió que el fiscal federal Ramiro González imputara a Alberto Fernández los delitos de lesiones graves, agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja.
A esas imputaciones se suman las lesiones leves, agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja reiteradas en dos oportunidades. También amenazas coactivas. El expresidente deberá responder por todos esos delitos en calidad de autor, según la acusación.
Redactora de la sección Política, especializada en noticias judiciales. [email protected]
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