El crédito hipotecario en Argentina ha sido un lujo para pocos. La foto es conocida: bancos atrapados con hipotecas a 20 o 30 años financiadas con depósitos a plazo de apenas meses, un mercado secundario inexistente y un andamiaje burocrático que encarece y ralentiza cada operación. El resultado: menos acceso a la vivienda, más desconfianza y un sistema que se oxida sin remedio.
Pero hay un cambio de paradigma en el aire. No se trata de una “criptomoda” ni de un truco de marketing financiero: es la propuesta de usar blockchain como infraestructura complementaria para securitizar hipotecas. En palabras simples, digitalizar desde el boleto de compraventa hasta el último pago, encapsulando todo —contratos, datos y trazabilidad— en tokens auditables y respaldados jurídicamente.
La idea no es futurista: en Estados Unidos, el MERS permitió reducir costos y tiempos; en Alemania, el Pfandbrief es sinónimo de solidez; en Singapur y Suiza ya se negocian inmuebles tokenizados. La diferencia es que en Argentina el salto sería aún más transformador, porque ataca dos males crónicos: la falta de estandarización documental y la incapacidad de escalar sin multiplicar costos.
En este esquema, lo que se tokeniza no es un simple PDF, sino el testimonio digital notarial de la hipoteca, con la misma validez y fuerza ejecutiva que el título inscripto. Ese documento, encapsulado en un token único, garantiza un vínculo jurídico inalterable con el activo subyacente, preservando su oponibilidad y permitiendo que circule como un valor negociable seguro y trazable.
El modelo propuesto es claro: los testimonios digitales de hipotecas con certificación notarial, se resguardan en tokens únicos (ERC-721x, para los más técnicos) y se agrupan en fideicomisos financieros. De ahí, se emiten nuevos tokens que representan los tramos de deuda, listos para circular en mercados tradicionales o plataformas 24/7, con pagos y eventos automáticos programados en contratos inteligentes.
¿Quién gana? Todos. Los bancos pueden rotar cartera y liberar capital, los inversores —desde el FGS y el BICE hasta aseguradoras— auditan en tiempo real y reducen riesgos; el regulador recibe cumplimiento normativo “embebido” en cada token, con trazabilidad y controles AML/KYC automáticos; y el usuario final podría acceder a un crédito más competitivo y transparente.
Claro que no todo es idílico. Hay riesgos a gestionar: prepagos que alteran los flujos, morosidad que golpee a los tramos subordinados, falta de liquidez en un mercado secundario aún por construir, y la eterna necesidad de blindaje legal para evitar que una cesión se caiga en un concurso preventivo. Pero son riesgos conocidos, con soluciones probadas y escalables.
En un país acostumbrado a parches, este enfoque tiene un mérito: no pide reinventar las leyes, sino aplicar la tecnología para reforzar lo que ya funciona y reparar lo que no. Blockchain no reemplaza al escribano, ni al Código Civil, ni al mercado de capitales; los potencia, los conecta y les da una capa de confianza programable.
Argentina necesita crédito hipotecario como el aire. Y por primera vez, la solución podría estar en escribir las reglas de confianza no solo en la ley, sino también en el código.
