Cada generación deja una deuda. La nuestra corre el riesgo de dejar una impagable: millones de chicos que no entienden lo que leen. La mitad de los niños de tercer grado en Argentina no comprenden un texto simple. No hablamos de poesía hermética ni de tratados filosóficos; hablamos de un párrafo sencillo. Este no es un dato aislado ni exagerado. Es el resultado crudo de la evaluación Aprender 2024, publicada por el propio Ministerio de Capital Humano. Lo sabemos. Está documentado.
Y, sin embargo, el Congreso aún no actúa con la urgencia que este derrumbe educativo exige. Argentina necesita con urgencia una ley nacional de emergencia educativa, sancionada por ambas cámaras del Congreso.
La alfabetización no es solo un derecho: la alfabetización nos otorga libertad y nos acerca oportunidades. Un niño que no puede leer, no puede aprender historia, ni matemática, ni ciencia. Una niña que no puede leer no puede alcanzar los aprendizajes necesarios para cumplir con las exigencias académicas y sociales de la escuela secundaria y tiene más posibilidades de abandonarla. Cuando los jóvenes no leen, no pueden desarrollar la autoestima necesaria para construirse como ciudadanos plenos y, consecuentemente, no pueden participar plenamente en la vida cívica. No pueden aspirar al trabajo formal. No pueden ejercer su libertad. Y si los jóvenes no pueden ejercer su libertad, no hay programa liberal que pueda salvarlos.
La educación argentina está, hace décadas, sentada sobre una bomba de tiempo. Los resultados de las pruebas recientemente divulgados advierten que esta bomba ya explotó. Cada día que el Congreso demora en declarar la Emergencia Educativa Nacional, 2.500 chicos más quedan afuera de la comprensión lectora. Cada semana de inacción es una generación que se desliza un poco más hacia el analfabetismo funcional.
Solo un Congreso que no comprende la realidad económica puede elegir mirar para otro lado: estudios han demostrado que cada dólar invertido en la alfabetización de los niños contribuye con la generación de hasta siete dólares en el producto bruto interno de su país. El analfabetismo funcional nos empobrece a todos los argentinos. En otras palabras: sostener esta triste realidad nos cuesta muy caro. No existen razones económicas, sociales o éticas para no invertir e intervenir de la forma adecuada.
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El gobierno ha tomado algunas medidas. El Plan Nacional de Alfabetización lanzado por la Secretaría de Educación de la Nación nos mueve en la dirección correcta. Hay un préstamo de 500 millones de dólares del Banco Mundial. Con este dinero se puede comenzar a trabajar. Se han reactivado las pruebas Aprender, sin las cuales sería imposible evaluar y medir avances o retrocesos. Este conjunto de acciones y políticas públicas son importantes.
Pero no alcanza. Lo que falta es una respuesta política de igual magnitud a la crisis que enfrentamos. Una ley. Un presupuesto. Un compromiso público. Una urgencia compartida.
Estas estrategias no son teoría, sino práctica comprobada tanto por la evidencia científica como anecdótica: Así salieron adelante países como Finlandia, Portugal, Chile, Perú y Singapur. Lo hicieron con planificación, con recursos, y sobre todo con decisión política y compromiso social.
Cuando Finlandia trazó su estrategia nacional de educación, aún era un país pobre, ruso-dependiente; Singapur decidió salir de la pobreza y dependencia de China apostando, también en un plan nacional de educación. Ambos países tardaron 50 años en cumplir sus metas. A lo largo de estas largas décadas supieron sostener sólidas políticas educativas.
Argentina necesita con urgencia una ley nacional de emergencia educativa, sancionada por ambas cámaras del Congreso, porque el sistema actual no cuenta con herramientas legales ni presupuestarias para responder a la magnitud del colapso en la alfabetización infantil. Esta ley debe declarar la emergencia por al menos cuatro años, establecer prioridad presupuestaria absoluta para programas de lectura inicial, convocar a las provincias a implementar planes de alfabetización basados en evidencia, y crear un sistema de monitoreo trimestral con rendición pública de resultados. Además, debe incluir la formación obligatoria de docentes en enseñanza de la lectura, garantizar la entrega de libros a todos los hogares con niños de 1º a 3º grado, y establecer un fondo nacional de emergencia educativa para intervenir de inmediato en la alfabetización de las regiones más críticas. Sin esa ley, seguiremos repitiendo diagnósticos sin capacidad real de transformación.
Que no nos confunda el ruido de la coyuntura. Esta es la verdadera crisis. Y este es el momento de actuar. Porque si el Congreso no se mueve hoy, la historia lo recordará como el poder que —teniendo los datos, los recursos y la oportunidad— no hizo nada.
El tiempo se acaba. Y el silencio, esta vez, también será escrito en cuadernos vacíos. Aunque a lo mejor, para entonces, ya no quede nadie en condiciones de leer aquello que hoy hubiéramos sido capaces de evitar.
