La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura votó por unanimidad la acusación contra el juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, acusado de extorsión y de proteger a narcotraficantes y avanza su posible juicio político.
La comisión está presidida por el senador del Pro Luis Juez y el dictamen acusatorio fue del consejero diputado Álvaro González, y de Alberto Maques, consejero en representación de los abogados.
La decisión de acusar a Bailaque en un jury ahora debe votarse en el plenario del Consejo de la Magistratura para que el juez Bailaque sea enviado a un Jury de Enjuiciamiento.
Bailaque presentó la última semana su renuncia al cargo de juez de modo de hacerla efectiva a partir del 1° de julio.
La decisión de aceptarla o no está en manos del Poder Ejecutivo. En caso de rechazarla, el juez continuará bajo investigación del Consejo de la Magistratura.
El magistrado, acusado de actuar en connivencia con narcotraficantes y de extorsionar a empresarios, permanece en su casa, con arresto domiciliario.
El magistrado decidió presentar un escrito en su defensa en el expediente 129/2024, donde se investiga su conducta.
La Comisión de Acusación analiza el asunto porque es probable que el Gobierno no le acepte la renuncia a Bailaque, para que siga siendo juez y en tal condición enfrente un jury que acabe con su destitución.
La diferencia entre la destitución y la renuncia es que en este último caso tendría derecho a cobrar su jubilación.
A finales de mayo, la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura aprobó por unanimidad tres acusaciones contra el juez Bailaque que podrían apartarlo de su cargo.
Se lo acusa, por un lado, de haber actuado con imparcialidad en causas asociadas a Esteban Lindor Alvarado, un líder narco de Rosario, con quien Bailaque, entre otras cuestiones, compartió contador. Se trata de Gabriel Mizzau, cuyo hijo, además, trabajó en el juzgado de Bailaque.
A pesar de tener estos vínculos con Alvarado, el juez Bailaque no se apartó de causas en las que se lo investigan e, inclusive, habría obstaculizado algunas medidas de prueba, como intervenciones telefónicas.
“En concreto se ha analizado si la relación entre el doctor Bailaque y su amigo Mizzau pudo haber afectado el avance de una causa contra Esteban Alvarado”, dijo Álvaro González, que encabezó la investigación del Consejo y el proyecto de citación.
El segundo cargo contra el juez es haber armado una causa trucha contra el empresario y agente bursátil Claudio Iglesias para extorsionarlo, una maniobra que habría requerido la colaboración del financista Fernando Whpei, amigo de Bailaque, y el extitular de la AFIP rosarina, Carlos Vaudagna, que declaró como arrepentido y señaló que la causa fue, en efecto, orquestada.
El tercer cargo formulado contra el juez surge de en una causa en la que debió investigar a Whpei. La entidad financiera de su amigo habría sido “indebidamente beneficiada”, según describió Álvarez.
“En los tres cargos se que se imputan al doctor Marcelo Bailaque haber incurrido en mal desempeño de sus funciones, por haber obrado con falta de integridad, de transparencia, de imparcialidad, de probidad y de decoro que les exigimos a los magistrados de la Nación”, se indicó en la imputación al magistrado.
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