El edificio de San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, fue escenario de un movimiento judicial. Un equipo técnico ingresó al departamento de Cristina Kirchner para realizar un informe pericial ordenado por el tribunal, en uno de los momentos de mayor atención pública desde que la ex mandataria cumple arresto domiciliario. Los resultados de esa inspección se elevarán al juzgado que interviene, el cual debe determinar si implementa la disposición de una tobillera electrónica. El procedimiento fue confirmado por su abogado defensor, Carlos Beraldi, quien remarcó la excepcionalidad de la situación.
A la salida del lugar, Beraldi dio precisiones al respecto delante de medios y simpatizantes. “Hace un rato pasaron para hacer un informe técnico y ya se retiraron del domicilio. Entiendo que eso se manda al tribunal y resolverá si se utiliza o no”, explicó el letrado en declaraciones a C5N. Sobre la posible aplicación de una tobillera electrónica, Beraldi anticipó que “es una imposición que no corresponde, es innecesaria y la vamos a recurrir”. El equipo defensor presentó sus objeciones al considerar que la medida resulta inapropiada para el contexto de la causa.
La dinámica de la defensa se concentra en evitar que la ex presidenta porte la tobillera electrónica y en reclamar precisiones al tribunal sobre los márgenes permitidos para su vida cotidiana. “El juzgado impuso que presentáramos una lista, estamos en el término legal y analizando que se nos imponga una limitación de esas características. No hay limitación por el momento. Estoy adelantando que vamos a recurrir esa cuestión. Es una limitación que creemos que no corresponde y por eso pedimos que el juez la reconsidere y si no recurriremos a instancias superiores”, enfatizó Beraldi desde la puerta de la vivienda en el microcentro porteño.
La inspección judicial y el debate sobre la pulsera de monitoreo se dan en simultáneo a otra polémica: el uso del balcón por parte de la ex mandataria. La defensa de la ex presidenta elevó recientemente un escrito para que el tribunal resuelva la controversia en torno a la salida al balcón. “Se incorporó el escrito (sobre el balcón) a la causa. Pedimos que lo resuelvan con rapidez”, señaló Beraldi. La cuestión se tornó sensible en el marco de manifestaciones públicas y de las restricciones impuestas por su situación procesal. El abogado detalló que la única prohibición clara que pesa hasta el momento es la de abandonar la propiedad: “Lo que dispone un arresto domiciliario es básicamente que no pueda salir del domicilio. Todas las demás cuestiones que tienen que ver con su vida social y su actividad política no están restringidas así que esperamos que continúen de la misma manera. No le ha impuesto el tribunal ninguna restricción a su actividad política. Es algo que el tribunal no objetó de ninguna manera”.
Respecto a los rumores sobre sanciones por apariciones públicas desde el balcón, Beraldi aclaró que por “prudencia” solicitaron una “aclaración” al tribunal. “Queremos que el tribunal aclare lo que se había convertido en una polémica de carácter público (sobre si sale al balcón), si había o no había una autorización para hacerlo o si, de manera contraria, había una prohibición. Como es una cuestión sensible porque podría generar un tipo de sanción nos pareció prudente pedir una aclaración”, detalló el abogado.
Otro aspecto abordado fue la cuestión de las visitas y la presencia de personalidades extranjeras en el domicilio. El defensor hizo referencia a la eventual llegada del presidente de Brasil, Lula Da Silva: “Si llega el Presidente de Brasil y nos hacen saber estas circunstancias de manera oficial se gestionará el permiso”. Al referirse al régimen de visitas, Beraldi planteó que las limitaciones actuales resultan infrecuentes en el marco del arresto domiciliario: “Esta es una situación muy atípica. Cuando se dispone un arresto domiciliario no se limitan las visitas. Son absolutamente libres y esta limitación conspira contra los propósitos que tiene un arresto domiciliario”.
El abogado amplió rápidamente la dimensión internacional del caso y remarcó que, en caso de persistir las restricciones que consideran indebidas, recurrirán a instancias fuera de la jurisdicción local: “Hemos adelantado que vamos a acudir a los organismos internacionales competentes”.
En cuanto al monitoreo, Beraldi detalló el motivo presentado por el tribunal: “En la resolución el tribunal dijo que la custodia que ella tiene no cumple específicamente con el propósito de vigilar si sale o no sale de su domicilio entonces entendieron (que tiene que usar la tobillera). Nosotros vamos a recurrir esa decisión”. El defensor insistió en que “ella debería recibir visitas de cualquier persona, por supuesto con un orden y las cuestiones que hay que prever desde el punto de vista de la seguridad. No entiendo por qué a una persona que está en su domicilio cumpliendo prisión se la limitaría con que no pueda recibir a otro Presidente”.
