El Gobierno de Javier Milei dio un paso clave hacia la implementación del Sistema de Fondos de Cese Laboral, una alternativa a las indemnizaciones por despido que podrá aplicarse si así lo acuerdan los sindicatos y las cámaras empresariales en el marco de las negociaciones colectivas.
La Comisión Nacional de Valores (CNV) anunció la aprobación de la Resolución General 1071, que reglamenta este nuevo régimen en línea con lo dispuesto por el Decreto 847/2024. Según comunicó el organismo, se trata de un "régimen especial para productos de inversión colectiva de cese laboral", el cual fue diseñado para ser administrado a través de Fondos Comunes de Inversión Abiertos (FCI) o Fideicomisos Financieros (FF).
"El sistema permite a los empleadores y trabajadores sustituir la indemnización por antigüedad prevista en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, así como otros rubros indemnizatorios", explicaron desde la CNV.
El instrumento tendrá carácter optativo y deberá ser pactado específicamente en los Convenios Colectivos de Trabajo, lo que significa que no se aplicará de forma automática, sino que dependerá de la negociación entre las partes.
Desde la CNV destacaron que el objetivo es dotar de mayor previsibilidad a las relaciones laborales, mientras se promueve el desarrollo del mercado de capitales.
El presidente del organismo, Roberto Silva, celebró la iniciativa: "Estamos orgullosos de presentar esta normativa, que trabajamos en conjunto con el ministro Federico Sturzenegger y el equipo del Gobierno, y que además incorpora los aportes surgidos de la consulta pública".
"Creemos que esta propuesta tiene potencial para transformar profundamente la forma en que se implementan y acuerdan las indemnizaciones, a la vez que impulsa la participación de inversores institucionales de largo plazo en el mercado de capitales", agregó.
Además, Silva remarcó que la iniciativa "promueve los valores de la libertad en Argentina" y se inscribe en el marco de las reformas que impulsa la gestión libertaria.
La CNV será la autoridad encargada de supervisar y controlar la implementación de este nuevo sistema, en articulación con las entidades involucradas.
Según la información oficial, el nuevo régimen está diseñado para dar previsibilidad a empleadores y trabajadores, reducir litigiosidad y fomentar un entorno más competitivo, en línea con los ejes de desregulación laboral que impulsa el Ejecutivo.
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