A pocas horas de habérsele notificado a Cristina Kirchner su condena a seis años de prisión, desde el bloque de Pro un grupo de diputados encabezado por Silvana Giudici presentó un proyecto de ley para impedir que funcionarios sentenciados por delitos de corrupción puedan ser indultados.
La iniciativa propone modificar la ley 27.156, la cual establece que no pueden ser objeto de amnistía, indulto o conmutación de pena, bajo sanción de nulidad absoluta e insanable, los delitos de genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra. La diputada Giudici plantea incorporar en la norma los delitos cometidos contra la administración pública y aquellos relacionados con hechos de corrupción: abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos; cohecho y tráfico de influencias; malversación de caudales públicos; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; exacciones ilegales; y enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados.
“El objetivo es ratificar que en la Argentina nunca más los funcionarios podrán cometer actos de corrupción sin ser condenados y que la pena que reciban deberá ser totalmente cumplida”, explicó Giudici.
La iniciativa se presentó luego de que la Corte Suprema confirmara la sentencia a prisión de la expresidenta y su inhabilitación a perpetuidad de competir a cargos electivos. Tras conocerse el fallo, desde el kirchnerismo se alzaron voces que reclaman la condonación de la pena, posibilidad que este proyecto impediría si fuese aprobado.
“Lo que pretendemos es evitar que, por decisiones políticas futuras, puedan resultar anulados fallos judiciales con condena firme contra quienes hayan cometido graves actos de corrupción contra el Estado”, enfatizó Giudici.
El proyecto fue firmado por un nutrido grupo de diputados de Pro, entre ellos Sofía Brambilla, Sabrina Ajmechet, Martin Ardohain, Emmanuel Bianchetti, María Eugenia Vidal, Florencia de Sensi, Gerardo Millán, Maria Sotolano y Germana Figueroa Casas.
“Este proyecto excluye del instituto del indulto presidencial a quienes hayan sido condenados por delitos graves contra la administración pública, como abuso de autoridad, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito y otras formas de corrupción cometidas desde el Estado –planteó Guidici-. Esos delitos y sus autores fueron los responsables de haber sumido a la Argentina en la pobreza y la decadencia, por eso los consideramos tan graves para los derechos humanos como los previstos en el artículo 36 de la Constitución Nacional, como la traición a la Patria.”
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